Un comité del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano responsable de arbitraje del Banco Mundial, rechazó al “procurador especial” José Ignacio Hernández, “designado” por el presidente autoproclamado Juan Guaidó.

La decisión se dio a conocer a través de la Resolución Procesal N° 2,  publicada el pasado 29 de agosto por el comité de anulación del caso ARB 13/11, conformado por los profesores: Luca Radicati di Brozolo, José Antonio Moreno Rodríguez y Fausto de Quadros.

Dicha resolución señala que el comité “no puede apartarse de lo decidido por el máximo órgano judicial venezolano, salvo que se pruebe que ha habido un cambio de gobierno según el derecho internacional”; legitimando así,  al Tribunal Supremo de Justicia como único garante de las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, anulando las designaciones realizadas por la Asamblea Nacional en desacato.

CIADI: “el acto de un gobierno extranjero no puede tener de por sí influencia para juzgar la legitimidad de un órgano constitucional interno”.

Hernández, que se encuentra bajo investigación por los delitos de usurpación de funciones y traición a la patria, tras su participación el embargo a filial CITGO de Petróleos de Venezuela (PDVSA) no pudo demostrar que Juan Guaidó, ejerce un poder real que lo faculte a designar un funcionario para ejercer la representación de Venezuela en este organismo

¿Quién es José Ignacio Hernández?

Tiene 44 años y es egresado suma cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el año 1997, fue designado po la Asamblea como Procurador General, cargo que ejerce en el exilio, pero sobre sus ogros académicos no se tiene conocimiento de sus notas o periodos cursados.

Fue que a raíz del embargo propiciado por el mismo a la empresa CITGO de Venezuela, por parte de la canadiense Crystallex, vinculada al sector minero, es por éste motivo que se encuentra investigado por el Ministerio Público venezolano, institución que confirmó que Hernández no es funcionario público.

En un comunicado oficial, Tarek William Saab señaló que el ciudadano en cuestión fue contratado en el pasado por Crystallex International Corporation como experto, a fin de “utilizar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos de Pdvsa”, destacó el Ministerio Público en el comunicado publicado el 31 de julio.

La Fiscalía abrió una investigación en su contra porque asegura que Hernández participó en el juicio, mediante el cual la empresa canadiense pretende apropiarse de Citgo.

Por lo anterior puedo inferir que Hernádez es uno más de los muchos corruptos que hoy en día asumen cargos sin estar calificados, al mismo tiempo hacen notorios sus interéses muy ajenos a los nacionales. pero particularmente su designación y su actuación son claramente digitalizadas por las empresas que pretenden adueñarse de los recursos latinoamericanos, en éste caso los de Venezuela.

Fuente: RedRadioVE

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