El periodista boliviano Oliver Vargas analiza en profundidad los candidatos de la derecha que se presentan para asegurar la longevidad del golpe respaldado por Estados Unidos en Bolivia.
by Oliver Vargas
Las elecciones se avecinan en Bolivia. A pesar de que se han cerrado filas para forzar al gobierno indígena de izquierda de Evo Morales, las diferentes facciones de la derecha golpista de Bolivia se han enfrentado entre sí a menos de tres meses de haber iniciado su gobierno. La crisis se desató el 26 de enero, cuando Jeanine Anez, la autoproclamada presidenta interina, declaró que se presentaría como candidata, a pesar de haberse comprometido a no hacerlo. Su anuncio desencadenó una rebelión dentro de su propio gabinete que aplastó purgando a los disidentes.
Sin embargo, el problema que enfrenta la derecha boliviana es mucho más grande que el de Añez. Para entender su situación, hay que entender los dos factores que todos tienen en común. En primer lugar, sus lazos directos y de larga data con los Estados Unidos, la mayoría de ellos anteriores al golpe del 10 de noviembre. En segundo lugar, la vasta y compleja red de corrupción por la que todos han tenido que pasar para entrar en la votación. Este artículo es la segunda entrega de una serie de dos partes que cubre las próximas elecciones en Bolivia. La primera parte investiga a los candidatos que se enfrentarán al gobierno de derecha respaldado por los Estados Unidos.
Los viejos títeres regresan
En Bolivia, la tendencia a reciclar a los altos cargos de los gobiernos más impopulares se ha convertido en una especie de tradición política de derecha. En esta elección, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga serán los portadores de la antorcha de esa tradición. Ambos se han desempeñado como vicepresidente y presidente durante el período neoliberal y ambos presidieron períodos de profunda crisis que se produjeron como resultado de tratar de aplicar las políticas exigidas por los Estados Unidos.
Quiroga, que se rige por la alianza Libre 21, gobernó a finales de los años 90 y principios de los 2000 bajo el ex dictador militar Hugo Banzer. Un incondicional del viejo establishment, Quiroga es muy conocido por la violencia represiva que ejerció contra los campesinos de la región del Chapare. El ‘Plan Dignidad’ fue elaborado con los EE.UU. y tenía por objeto erradicar el cultivo tradicional de coca y romper la fuerza de la organización sindical del Chapare. Quiroga puso a las fuerzas armadas bolivianas bajo la autoridad de los comandantes de la DEA que coordinaron una extraordinariamente violenta ‘guerra contra las drogas’. En los primeros seis meses de la presidencia de Quiroga hubo alrededor de un muerto por semana, y dos heridos por día mientras la ‘guerra contra las drogas’ se intensificaba contra los cultivadores de coca en el Chapare. Cuando finalmente llegó a un acuerdo con el sindicato de cocaleros en 2001, fue castigado por la embajada de los Estados Unidos. Dijeron que en lugar de negociaciones, «una respuesta firme y continua habría debilitado aún más la base política de Evo Morales». Las tácticas represivas se reanudaron poco después y se reabrió el conflicto.
Mesa, bajo la Alianza Comunitaria de Ciudadanos, fue igualmente servil durante su corto período en el poder. Mesa asumió el cargo justo después de Quiroga y fue elegido vicepresidente en 2002. Para 2003, meses de levantamientos contra la privatización habían hecho que el país se volviera ingobernable. Mesa tomó la presidencia por defecto cuando su socio Sánchez de Lozada fue derrocado y tuvo que huir a Miami en helicóptero.
Mesa se presenta como el menos autoritario de los candidatos presidenciales de derecha. Sin embargo, incluso denunció la represión de su propio gobierno tras la masacre de manifestantes del «Octubre Negro» en El Alto en 2003. Sin embargo, sus dos años en el poder fueron un período de parálisis y quedó claro que sería imposible aplicar las políticas neoliberales que exigía Estados Unidos sin el tipo de medidas violentas que su predecesor había promulgado.
No hay un ejemplo más claro de esto que el intento de Mesa de otorgar inmunidad legal a las tropas estadounidenses que operaban en Bolivia (que en su mayoría coordinaban la represión en la región del Chapare). Mesa trató de hacer cumplir un acuerdo firmado ocho meses antes con los EE.UU. que habría asegurado que los nacionales estadounidenses no pudieran ser entregados a la Corte Penal Internacional. Muchos vieron el movimiento como un preludio a la llegada de aún más tropas y bases militares estadounidenses. Sin embargo, como recordó el legislador del MAS Gustavo Torrico, las amenazas de protestas masivas de Evo Morales lograron detener la propuesta en su camino. «Morales, como jefe del MAS, pidió una reunión en el Palacio (y) fuimos con Evo Morales, Antonio Peredo, Santos Ramírez, Edmundo Novillo y yo. Evo se enfrentó a Carlos Mesa y dijo: ‘No permitiré que pongan bases militares aquí, paralizaremos el país, incendiaremos el país, los gringos no llegarán'», dijo Torrico.
Este fue el tipo de dilemas que Mesa enfrentó diariamente durante su presidencia. No quería la guerra en las calles, pero ¿de qué otra manera podría cumplir las demandas de los EE.UU. en temas como la privatización y la inmunidad legal? Mesa finalmente renunció en 2005. Su infame discurso de renuncia podría ser caracterizado como el despotrique de un hombre exasperado. Mesa habló de cómo la propuesta de Evo Morales de nacionalizar el gas natural (que su gobierno había privatizado) era «imposible» simplemente porque «los EE.UU., el Banco Mundial y España nos lo han dicho».
Un legado de servidumbre
Los lazos de la administración de Anez con los Estados Unidos son admitidos abiertamente. Evidente en la dramática velocidad con la que la política exterior progresista de Morales fue destrozada. Se reestablecieron relaciones plenas con los EE.UU. e Israel y la USAID fue traída para «cooperar» en las elecciones y otras funciones del gobierno. Sin embargo, menos conocidas son las opciones de contratación de Anez. Uno de los primeros asesores que se trajo a su círculo íntimo fue Erick Foronda, que fue asesor jefe de la embajada de EE.UU. en Bolivia durante 25 años antes de asumir el papel con Anez.
La cooperación continúa a medida que la campaña electoral se pone en marcha. Siguiendo los pasos de muchos derechistas bolivianos, Anez está contratando ahora los servicios de CLS Strategies, una empresa consultora política estadounidense, para que le proporcione «asesoramiento en comunicaciones estratégicas» durante las próximas elecciones. CLS Strategies es la misma empresa que utilizó el gobierno de Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
La mayoría de los candidatos de la derecha boliviana tienen un historial probado de permitir a los EE.UU. dictar las áreas más importantes de la política. Sin embargo, los Estados Unidos no limitan su cooperación a los que han gobernado.
Los cables de Wikileaks muestran que más de 4 millones de dólares fueron canalizados a través de USAID a los grupos de Media Luna entre 2006 y 2009. El movimiento Media Luna fue un intento de golpe de estado liderado por grupos de derecha en los departamentos del este del país, particularmente en Santa Cruz, que intentaron separarse de Bolivia para proteger las regalías de las reservas de gas natural que acababan de ser re-nacionalizadas en contra de la voluntad de las elites orientales. La medida desató una ola de violencia racial contra los residentes indígenas de esas zonas, ya que los manifestantes de extrema derecha los consideraban símbolos del gobierno indígena que tanto detestaban. El líder más destacado de la Media Luna fue el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, cuyo ex presidente, Fernando Camacho, es ahora uno de los principales candidatos en las próximas elecciones, postulándose con una plataforma religiosa de extrema derecha que representa a los terratenientes que lideran el Comité.
¿Cómo se llega a ser candidato en Bolivia?
Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que están detrás de cada candidato y cómo llegaron a la votación? La presidenta interina Añez se presenta con una alianza de su propio partido, los Demócratas, el mayor partido de los departamentos del este como Santa Cruz y Beni. También se postula con Sol.Bo, la gran red de patrocinio alrededor del alcalde de La Paz, Luis Revilla. Sol.Bo originalmente apoyó a Mesa pero retiró su apoyo después de que se hizo evidente que no obtendrían los sobornos y posiciones que querían, particularmente teniendo a Revilla en la boleta como vicepresidente.
Añez es la única candidata con fuerzas políticas genuinas detrás de ella. Los otros candidatos tuvieron que ensuciarse las manos en el mercado negro para asegurarse el estatus de personería jurídica con partidos desaparecidos pero preexistentes. Debido a la naturaleza apresurada de las elecciones, no hubo tiempo para el proceso burocrático de registro de nuevos partidos, como la recolección de firmas y el papeleo. Esto obligaba a cualquier candidato que quisiera presentarse a registrarse a través de un partido político preexistente.
Este inconveniente no fue un problema para el MAS, que siempre ha estado unido en un solo partido. Sin embargo, en la derecha, el constante cambio de alianzas y las deserciones hacen que las únicas opciones sean un conjunto de viejos partidos respaldados por los Estados Unidos de los años ochenta y noventa que ya no tienen miembros activos ni representación parlamentaria pero que siguen registrados ante las autoridades electorales de Bolivia (TSE). Estos partidos incluyen el MNR, el ADN y la UCS entre otros. Se han convertido esencialmente en sociedades ficticias, vendiendo sus derechos de marca a los aspirantes a candidatos.
El predicador evangélico Chi Hyun Chung expuso esta corrupción después de haber quedado tercero en las últimas elecciones, pero no llegó a la votación. Chung informó que estos grupos pedían pagos de entre un millón y un millón y medio de dólares por el derecho a usar sus nombres. Pidió a las autoridades electorales que intervinieran para poner fin a esta práctica.
Fue en esta turbia subasta que los otros candidatos se registraron. El líder de la extrema derecha de Santa Cruz, Fernando Camacho, que se postula bajo una alianza llamada Creemos, está registrado en la autoridad electoral de Bolivia en la UCS, el partido de un ex magnate de la cerveza. UCS recibió el 0,4 por ciento de los votos durante las últimas elecciones.
La alianza del ex presidente Quiroga se llama Libre 21, pero está registrada ante las autoridades electorales como el MNR, el partido otrora poderoso que fue su rival cuando se postuló exitosamente por última vez. El MNR es ahora una organización desaparecida que recibió menos del uno por ciento de los votos en las elecciones de octubre de 2019.
Mesa se inscribió en la misma alianza de Comunidad Ciudadana que citó como su partido político registrado durante su última campaña, pero está inscrito como candidato en el FRI, una organización minúscula que no ha presentado sus propios candidatos presidenciales desde finales de los años setenta.
La entrada sorpresa es Norma Pierola, una extraña legisladora de extrema derecha del Partido Demócrata Cristiano registrada con su propia organización. No se sabe cuánto pagaron los demás por los derechos de registro bajo las empresas fantasma disfrazadas de partidos políticos.
La vida en la derecha boliviana es una serie de acuerdos de trastienda. Por eso Camacho y Mesa han estado tan ausentes de los medios de comunicación en las últimas semanas, negociar esta red bizantina de corrupción requiere grandes cantidades de tiempo y energía.
Divididos caen
¿Quién será el que se va a vencer? Es difícil decir cuál de los candidatos de Washington es el más popular. Una encuesta reciente encargada por la conservadora Pagina Siete, tenía a Anez y a Camacho como candidatos principales, aunque ambos obtuvieron una puntuación significativamente menor que el MAS. Mesa logró unir una parte significativa del voto durante las elecciones de octubre de 2019, pero el golpe de Estado vio que las figuras más radicales pasaron a primer plano.
En Santa Cruz, es poco probable que Mesa vuelva a conseguir un gran porcentaje. En declaraciones a MintPress News, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz sugirió que es probable que la región opte por candidatos más radicales, diciendo: «tenemos que analizar las variables que llevaron a ese voto [para Carlos Mesa]… la gente no votó por Carlos Mesa, la gente votó por el que podría eliminar a Evo Morales… Carlos Mesa fue un instrumento, la gente lo vio como un instrumento para eliminar al dictador, al tirano».
Cualesquiera que sean sus diferencias, la realidad es que están luchando por los votos de la misma clase media urbana. El analista conservador Andrés Gómez señaló que todos ellos lucharán por avanzar en la base social del MAS, que es abrumadoramente indígena y de clase trabajadora.
Las divisiones dentro de la derecha y la unidad del MAS normalmente serían un buen augurio para el retorno del partido de Evo Morales, aunque no será una elección libre o justa. Anez ya está compensando la debilidad organizativa inclinando el campo de juego contra el MAS. La comunidad internacional tendrá que prestar mucha atención a las elecciones de Bolivia para asegurarse de que no sean arregladas por los candidatos de Washington.
Foto principal | El candidato presidencial de la oposición de derecha en Bolivia, Carlos Mesa, habla durante una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia, el 21 de octubre de 2019. Jorge Sáenz | AP
Oliver Vargas es un periodista británico-boliviano que cubre el actual golpe de estado en Bolivia para MintPress News. Sus escritos han aparecido en teleSUR, Redfish y The Grayzone entre otros.
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