Vijay Prashad
El 3 de mayo de 2020, el pueblo boliviano irá a las urnas una vez más. Regresan allí porque el presidente Evo Morales fue derrocado en un golpe de estado en noviembre de 2019.
El 3 de mayo de 2020, el pueblo boliviano irá a las urnas una vez más. Regresan allí porque el presidente Evo Morales fue derrocado en un golpe de estado en noviembre de 2019. Morales acababa de ganar una elección presidencial en octubre para un mandato que habría comenzado en enero de 2020. Basándose en una investigación preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que afirmaba que había habido fraude en las elecciones, Morales fue destituido prematuramente de su cargo; el plazo para su victoria en las elecciones presidenciales de 2014 no terminó hasta enero. Sin embargo, los militares le dijeron que dejara el cargo. Una presidenta interina, Jeanine Áñez, se nombró a sí misma. Dijo que tomaba este cargo sólo de manera provisional y que no se presentaría a las elecciones cuando Bolivia celebrara otras. Es candidata a las elecciones del 3 de mayo. (Para más información sobre lo que está sucediendo en Bolivia, vea este resumen de Tricontinental: Instituto de Investigación Social).
Mientras tanto, Morales ha estado exiliado en Argentina. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, pero los cuadros y seguidores de su partido se enfrentan a un momento difícil para presentar su caso al pueblo. Sus emisoras de radio han sido bloqueadas, sus dirigentes detenidos o exiliados (o sentados en embajadas extranjeras en espera de asilo), sus cuadros golpeados e intimidados.
El enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas, Jean Arnault, emitió un comunicado el 3 de febrero en el que expresaba su preocupación por las elecciones. La situación en Bolivia, dijo Arnault, se «caracteriza por una polarización exacerbada y sentimientos mixtos de esperanza, pero también de incertidumbre, inquietud y resentimiento tras la grave crisis política y social del año pasado». Este cuidadoso lenguaje de la ONU debe ser examinado de cerca. Cuando Arnault dice que hay «polarización exacerbada», quiere decir que la situación es extremadamente tensa. Cuando pide que el gobierno provisional «proscriba la incitación al odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación», quiere decir que el gobierno y sus seguidores de extrema derecha deben ser muy cuidadosos con lo que dicen y con cuánta violencia utilizan en estas elecciones.
El 6 de febrero, Morales habló en Buenos Aires, donde instó a que se pusiera fin a la violencia para que las elecciones pudieran unir al país fracturado. Pidió un acuerdo nacional entre todas las partes para poner fin a la peligrosa situación. De manera puntual, Morales hizo un llamamiento al gobierno para que respetara la diversidad, señalando que las personas que llevaban ropas distintas y llevaban los signos de un determinado partido político se enfrentaban a la intimidación y la violencia. Se refería a la población indígena de Bolivia, y a los partidarios del MAS; es ampliamente aceptado que la violencia ha venido de las tropas de choque paramilitares de la extrema derecha, y la intimidación ha venido del gobierno.
Por ejemplo, las autoridades bolivianas han acusado sistemáticamente a los líderes del MAS de sedición, terrorismo e incitación a la violencia. Morales se enfrentó a estos cargos, junto con docenas de importantes líderes del MAS, el más reciente Gustavo Torrico que ha sido arrestado. La situación es tan grave que el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, se ha hecho eco en Twitter para expresar su preocupación por el «uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política». El número de detenciones ilegales crece». Esto no ha detenido a Áñez, quien dice que moverá su gobierno para investigar al menos a 592 personas que ocuparon altos cargos en los 14 años de gobierno de Morales. Esto significa que la totalidad de la dirigencia del MAS probablemente enfrentará hostigamiento entre ahora y las elecciones del 3 de mayo.
Interferencia de EE.UU.
En 2013, Morales expulsó a la agencia gubernamental estadounidense USAID; acusó a USAID de trabajar para socavar su gobierno electo. Antes de eso, Morales, como es su derecho constitucional, informó a Salvador Romero -el jefe de la agencia electoral (TSE)- que cuando su mandato terminara en 2008, no sería retenido. Esta es una práctica normal.
Romero fue a la Embajada de los Estados Unidos para quejarse. Se reunió con el embajador de EE.UU. Philip Goldberg para quejarse de esto e instó a los EE.UU. a hacer algo. Estaba claro que Romero y Goldberg se conocían bien. Cuando Romero dejó su puesto en el TSE, la clase dirigente estadounidense se ocupó de él. Se fue a trabajar al Instituto Nacional Demócrata en Honduras. El Instituto Nacional Demócrata, con sede en Washington, está vagamente afiliado al Partido Demócrata de EE.UU., y es parte del universo que incluye la Fundación Nacional para la Democracia. Todos ellos son organismos financiados por el gobierno de los Estados Unidos que operan en el extranjero para «supervisar» lo que se conoce como «promoción de la democracia», incluidas las elecciones.
Romero trabajó esencialmente para el gobierno de los Estados Unidos en Honduras durante las primeras elecciones después del golpe de estado instigado por los Estados Unidos en 2009. Durante estas elecciones en 2013, la violencia contra los partidarios de Xiomara Castro, la candidata del Partido Libre de izquierda, fue rutinaria. El día antes de las elecciones, por ejemplo, dos líderes del Centro Nacional de Trabajadores Agrícolas (CNTC), María Amparo Pineda Duarte y Julio Ramón Maradiaga, fueron asesinados cuando regresaban a casa después de un entrenamiento para trabajadores electorales del Partido Libre. Este fue el ambiente de esta elección muy reñida, que devolvió al poder al candidato conservador del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, respaldado por los Estados Unidos. Romero, en ese momento, estaba bastante satisfecho con los resultados. Le dijo al New York Times entonces que «a pesar de la percepción general de fraude», la elección estuvo bien.
Justo después del golpe de noviembre, Áñez trajo a Romero de vuelta a La Paz como jefe del tribunal electoral, el TSE. Tiene su antiguo trabajo de nuevo. Esto habría hecho muy feliz a Bruce Williamson, el encargado de negocios de EE.UU. en Bolivia. Los EE.UU. tienen a su hombre al frente de las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.
Y luego Trump dijo que enviará a USAID a Bolivia para ayudar a preparar el terreno para las elecciones. El 9 de enero, el equipo de USAID llegó para «dar ayuda técnica al proceso electoral en Bolivia». Ayuda técnica. La frase debe dar una pausa a una persona razonable.
Diez días después, el asesor legal de Trump, Mauricio Claver-Carone, llegó a La Paz y dio una serie de entrevistas en las que acusó a Morales de terrorismo y de crear inestabilidad. Se trataba de un ataque directo al MAS y de una interferencia en el proceso electoral de Bolivia.
Si EE.UU. interviene en Bolivia, eso es sólo «promoción de la democracia».
Pero incluso con la violencia del gobierno y sus paramilitares fascistas, incluso con Romero al mando del TSE, incluso con la USAID sobre el terreno, e incluso con los chanchullos de Claver-Carone, el MAS está luchando para ganar. Los candidatos del MAS son Luis Arce Catacora (presidente) y David Choquehuanca Céspedes (vicepresidente). Catacora fue el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales y el artífice del éxito económico de la administración. Céspedes fue el ministro de Relaciones Exteriores de ese gobierno. Dirigió la política de soberanía internacional de Bolivia y es una persona importante para los movimientos indígenas y campesinos de Bolivia. Las primeras encuestas muestran que el candidato del MAS está en primer lugar.
Este artículo fue producido por Globetrotter, un proyecto de Independent Media Institute.
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