Creciente peligro para los activistas y líderes indígenas de América Latina

Ramona Wadi

Los pueblos indígenas y los activistas medioambientales y de derechos humanos siguen corriendo el riesgo de ser asesinados en América Latina. En Nicaragua, seis indígenas fueron asesinados por colonos mientras continúa la lucha por la tierra. Las comunidades indígenas se han quejado de la inacción del gobierno ante la confiscación de tierras por parte de los colonos y de la violencia, y han expresado su temor al exterminio.

Mientras tanto, en una semana en México, dos activistas del medio ambiente que trabajaban en una reserva de mariposas fueron encontrados muertos. Homero Gómez González fue descubierto ahogado y, según la autopsia, con un traumatismo craneal. Su activismo chocó con los intereses de las empresas de tala ilegal y la agricultura clandestina, en particular el cultivo de aguacates, y a menudo abogó por el turismo ambiental como una empresa económica estable. Amado Gómez, hermano de Homero, declaró: «Algo extraño está sucediendo, porque están acabando con todos los activistas, la gente que está haciendo algo por la sociedad».

Raúl Hernández Romero, un guía turístico que trabaja en la reserva que fue clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, fue encontrado muerto, con heridas en la cabeza causadas por un objeto punzante.

En México, la artista, activista y madre Isabel Cabanillas de la Torre fue asesinada con una bala en la cabeza. Su activismo defendió a las mujeres, el medio ambiente y los inmigrantes

El informe de Front Line Defenders publicado en enero de 2020 revela que 304 activistas fueron asesinados en todo el mundo en 2019. En Colombia, 106 activistas fueron asesinados, lo que convierte a América Latina en la región más peligrosa para los derechos humanos, los indígenas y la protesta ambiental. De los activistas asesinados, 40 fueron reconocidos como líderes indígenas, mientras que al menos 53 activistas indígenas fueron amenazados. En 2018, la región también encabezó las estadísticas de asesinatos de activistas medioambientales.

El territorio indígena sigue siendo el objetivo de los gobiernos, ya que los esfuerzos de la agricultura y la minería se dirigen hacia las tierras no explotadas para los negocios. El miércoles pasado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro intensificó su anterior retórica en 2019 para poner las tierras indígenas a disposición de las empresas mineras, agrícolas y energéticas, supuestamente indicando la igualdad de oportunidades al permitir que las comunidades indígenas participen en el llamado desarrollo de sus tierras. Sin embargo, las comunidades indígenas calificaron el proyecto de ley de «genocidio».

En septiembre de 2019, un protector de las comunidades indígenas del Brasil fue muerto a tiros mientras conducía su motocicleta cerca de la frontera brasileña con Colombia y el Perú. El ex funcionario de la FUNAI y jefe de los servicios de medio ambiente, Maxciel Pereira dos Santos, se encontraba en directa confrontación con las políticas capitalistas del gobierno brasileño. Su activismo, que incluía la denegación de entrada a cazadores, agricultores y madereros, también proporcionaba protección a las comunidades indígenas no contactadas del Brasil.

Pocos de estos casos llegarán a los titulares de los principales medios de comunicación con la prominencia dada a Berta Cáceres, Macarena Valdés y Marielle Franco. Sin embargo, es necesario recordar a cada una de las víctimas, incluso cuando los gobiernos latinoamericanos en gran medida hacen la vista gorda ante la violencia vinculada a las ambiciones multinacionales y las políticas gubernamentales. Recientemente, el embajador brasileño en Francia, Luis Fernando Serra, se quejó de que Franco recibió más atención que el apuñalamiento del brasileño Bolsonaro cuando era candidato presidencial. Lo que Serra deja fuera es la diferencia de intención entre las acciones de una persona considerada enferma mental, en el caso del apuñalamiento de Bolsonaro, y las acciones de un gobierno que intenta aniquilar a las comunidades indígenas para facilitar el acceso, mediante políticas opresivas, de los intereses multinacionales en las tierras indígenas.

La colaboración entre el Estado y sus instituciones y las empresas multinacionales también fue evidente en México. En el marco de las investigaciones sobre la muerte de Gómez, 53 policías fueron interrogados en relación con el asesinato. Si bien no se ha facilitado información sobre su participación, Ocampo, donde fue asesinado Gómez, es notorio por el funcionamiento de bandas criminales violentas que se aseguran su poder mediante el soborno de las autoridades.

Con el aumento del crimen organizado, que opera bajo el barniz de los negocios y por lo tanto sirve a los intereses del gobierno, los activistas se enfrentarán a un peligro cada vez mayor sin ninguna apariencia de protección.

Ramona Wadi is an independent researcher, freelance journalist, book reviewer and blogger. Her writing covers a range of themes in relation to Palestine, Chile and Latin America.


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