Las corporaciones mineras mundiales tienen un amigo en el nuevo gobierno guatemalteco

By Ellen Moore and Jen Moore

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei lleva menos de un mes en el cargo y, sin embargo, ya hay signos preocupantes de que su administración se pondrá del lado de las corporaciones mineras mundiales en contra de las comunidades indígenas que luchan por proteger su tierra y su agua.

La señal más clara hasta la fecha: el nombramiento de Juan José Cabrera Alonso, ex ejecutivo de una controvertida mina de plata, como Secretario Especial del Vicepresidente.

Cabrera fue Director General de la filial guatemalteca de la empresa Pan American Silver, Minera San Rafael, hasta mayo de 2019. También estuvo a cargo cuando la mina fue violentamente impuesta a las comunidades locales en 2013-2014 y, según el registro público de contratos y adquisiciones del gobierno guatemalteco, todavía sirve como su representante legal hoy en día.

Las operaciones mineras en Escobal han estado suspendidas desde 2017, debido en gran parte a la oposición generalizada de la comunidad y a una orden de la Corte Suprema que suspendió la licencia de la mina por no haber consultado a los indígenas xinka afectados. El más alto tribunal de Guatemala confirmó esa suspensión en septiembre de 2018 y ordenó al gobierno guatemalteco que consultara con los Xinka antes de que se pudieran reanudar las operaciones.

Durante su campaña electoral, el presidente Giammettei prometió restaurar la confianza en el clima de inversión de las empresas mineras transnacionales en los primeros 90 días de su administración. La nueva y acogedora posición de Cabrera dentro del gobierno guatemalteco plantea serias preocupaciones sobre la influencia que podría ejercer en nombre de la empresa para que la mina Escobal vuelva a funcionar.

«Ahora, Pan American Silver tiene un operador en el interior para proteger sus intereses», dijo Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento de Xinka que es el propio Xinka. «El gobierno ya está intentando excluir a los representantes de Xinka y al Parlamento Xinka del proceso de consulta. Este nombramiento nos dice que debemos esperar que el gobierno continúe violando nuestros derechos».

Mientras era Director General de Escobal, Cabrera trabajó estrechamente con el gobierno para obtener la licencia de explotación de la mina en 2013. Esto tuvo lugar en un momento en que las comunidades locales y los municipios celebraban sus propios referendos en los que decenas de miles de personas votaron en contra de cualquier explotación minera en su territorio, y en el que se presentaron más de 200 denuncias individuales contra la aprobación de la licencia de explotación por posibles daños ambientales y sanitarios.

El Ministerio de Energía y Minas desestimó estas quejas sin considerarlas horas antes de aprobar la licencia de la mina. En las semanas y meses siguientes, manifestantes desarmados fueron disparados y heridos por la seguridad de la mina, lo que dio lugar a una demanda civil contra la empresa en el Canadá, a la militarización de las zonas que rodean la mina, y a que numerosos dirigentes indígenas y ambientalistas fueran criminalizados, amenazados e incluso asesinados.

El nombramiento de Cabrera llega en un momento ya tenso. La consulta dirigida por el Gobierno con el pueblo xinka afectado se ha estancado desde noviembre de 2018, cuando las autoridades indígenas xinka denunciaron por primera vez las violaciones de las garantías procesales y la discriminación. Desde entonces, el Parlamento Xinka ha presentado más de una docena de denuncias sobre estas violaciones en múltiples ocasiones y aún no ha recibido una respuesta adecuada de las autoridades. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, que tiene el mandato de la Corte de Constitucionalidad de actuar como vigilante de la consulta, respaldó recientemente sus denuncias.

El Presidente Giammattei ya ha declarado la ley marcial en dos municipios que se oponen a la extracción de recursos. También prometió acelerar una ley muy controvertida para regular el proceso de consulta. Aunque es seguro que será impugnada, muchos temen que este tipo de regulación socavaría las luchas a largo plazo por la autodeterminación a través de un proceso sin sentido de empuje de papel.

Con el fin de apoyar los esfuerzos en Guatemala para detener los intentos del gobierno de violar los derechos de los Xinka reiniciando la destructiva mina Escobal, los aliados internacionales han puesto en marcha una campaña de peticiones.

Pan American Silver, que tiene su sede en Canadá, está claramente sintiendo cierta presión. En respuesta a una versión anterior de este blog publicado por Earthworks, un funcionario de la empresa afirmó que Juan José Cabrera Alonso ya no trabaja para su subsidiaria, Minera San Rafael.

El hecho de que Cabrera haya dejado su puesto de Director General en mayo de 2019 no está en discusión. Sin embargo, según el registro público de Guatemala, Cabrera sigue siendo el representante legal de la empresa, con efecto hasta el 2 de mayo de 2020. Si Pan American Silver ya no tiene vínculos oficiales con Cabrera, esto debería reflejarse en el registro público. Este es un ejemplo de la falta de transparencia y de acceso a la información a la que se enfrentan cada día las comunidades afectadas por las minas en Guatemala.

Aunque Cabrera ya no tenga vínculos oficiales con la empresa, esto no cambia la relación a largo plazo entre la filial de propiedad exclusiva de la empresa.

Pan American Silver tiene un oído amigo en el más alto nivel del gobierno guatemalteco. Las comunidades Xinka no.

The original source of this article is Inequality.org

Copyright © Ellen Moore and Jen MooreInequality.org, 2020


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