Recordando el heroísmo de la activista Berta Cáceres cuatro años después de su asesinato: Una entrevista con su hija

«En memoria de su madre, y de los casi 30 años de lucha del COPINH, Zúñiga Cáceres dice que es necesario que haya una ‘refundación de Honduras’.»

por Vijay Prashad

El 15 de julio de 2013, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dirigido por Berta Cáceres Flores, acudió a protestar por la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. Este río, en el occidente de Honduras, es considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Nadie de la empresa que quería construir la presa había hablado con los Lenca. La compañía -Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA)- era propiedad y estaba controlada por una de las familias más poderosas de Honduras, los Atala Zablahs. El ejército hondureño, a instancias de DESA, custodiaba el lugar. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes y mataron a Tomás García.

Tres años después, el 2 de marzo de 2016, unos hombres armados irrumpieron en la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. Estos hombres, y algunos de sus cuidadores inmediatos, han sido condenados a penas de prisión que van de 30 a 50 años. Las pruebas presentadas en el tribunal -incluyendo registros telefónicos y conversaciones de WhatsApp- muestran de forma bastante concluyente que estos asesinos, muchos veteranos del ejército hondureño, actuaron bajo las órdenes de los ejecutivos de DESA. Ninguno de los propietarios de DESA, muchos de los cuales estaban en estas conversaciones de WhatsApp, han sido acusados del crimen.

Ahora, cuatro años después del asesinato de Berta Cáceres, hablé con su hija Bertha Zúñiga Cáceres, la coordinadora general del COPINH. Es importante mencionar que cuando Zúñiga Cáceres regresó de sus estudios en la Ciudad de México para tomar el manto del COPINH, ella misma enfrentó un atentado contra su vida el 30 de junio de 2017. El asesinato de Berta Cáceres se sumó al asesinato de Nelson Noé García de COPINH el 15 de marzo de 2016 y a los asesinatos de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) el 18 de octubre de 2016. Hoy en día es bien sabido que Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo; pero no por eso se mata a estas personas, sino por lo que representan y contra quiénes se enfrentan.

Conspiración

Zúñiga Cáceres me dice que los últimos cuatro años han sido «muy difíciles para nosotros» porque ella y sus colegas del COPINH han tenido que luchar para que el «proceso no se silencie». Es cierto que los investigadores hondureños, bajo una inmensa presión internacional, detuvieron a los principales tiradores y a algunos de sus manejadores inmediatos. Estos manipuladores incluyen a Douglas Bustillo, un ex jefe de seguridad de DESA que dirigió la operación; Sergio Rodríguez, un ejecutivo de DESA; y Roberto David Castillo Mejía, el presidente de DESA. Sin embargo, ninguno de los «autores intelectuales» del crimen ha sido arrestado; estos «autores intelectuales» incluirían a los dueños de DESA y a miembros del gobierno.

David Castillo es el funcionario de mayor rango del DAES que fue arrestado. Los registros muestran que había participado en la conspiración. Sin embargo, el caso contra él se ha estancado. El retraso significa que para el 2 de marzo de 2020, la ley hondureña permitiría a las autoridades liberar a David Castillo. «Creemos que los fiscales van a solicitar una prórroga única que puede ser solicitada por seis meses más», dijo Zúñiga Cáceres. Pero no hay garantías de que esto sirva de algo. «Estamos en una gran incertidumbre», me dijo Zúñiga Cáceres, ya que «el sistema de justicia en Honduras nunca se ha preocupado por esto de todas formas». El «esto» en su declaración se refiere al papel del DAES y sus ejecutivos. Las autoridades han estado protegiendo a la familia Atala Zablah y al partido gobernante, que a su vez ha tratado de confabularse en el encubrimiento.

En 2009, el gobierno de los Estados Unidos participó activamente e incitó a la oligarquía a dar un golpe de Estado contra el gobierno de izquierda de Manuel Zelaya. Desde entonces, Honduras ha sido gobernada por el Partido Nacional de extrema derecha, cuyo actual líder y presidente hondureño es Juan Orlando Hernández. Este es el partido favorito de la oligarquía. Es importante señalar que la propia investigación sobre el tráfico de drogas del gobierno de los Estados Unidos implicó al Presidente Hernández en la profunda red de la narcopolítica de la región. Después de que Hernández ganara la reelección en 2017, las protestas en las calles de Honduras fueron recibidas con gas lacrimógeno y fuego vivo, que mataron al menos a 22 personas.

Después de que Berta Cáceres fuera asesinada, el ministro de seguridad del Presidente Hernández, Julián Pacheco Tinoco, escribió a Pedro Atala Zablah, uno de los líderes de la familia Atala Zablah y miembro de la junta directiva de DESA. Quería asegurar a Atala Zablah y a su familia que el gobierno no perseguiría el caso con ninguna seriedad; el caso, dijo, sería visto como un «crimen pasional». Este nivel de connivencia es desconcertante. Zúñiga Cáceres me dice que «ni el ejército actuó solo ni la compañía actuó sola». Hay, dice, «coordinación entre los centros de poder económico y militar, que es la esencia de la dictadura bajo la que vivimos en Honduras».

De hecho, la investigación y los registros del tribunal muestran un nivel muy alto de colusión. Los funcionarios de DESA se reunían en la casa presidencial mientras tramaban cómo socavar a COPINH. Esto debería levantar las cejas sobre la complicidad al más alto nivel por el asesinato de Berta Cáceres. Pero esto se ha dejado de lado. También los muchos mensajes de WhatsApp que muestran a los miembros de la familia Atala Zablah instando -en un lenguaje muy codificado- al equipo a hacer algo con respecto a Berta Cáceres.

Hay muchas pruebas de que los funcionarios de DESA se jactan de que tienen al gobierno, y en particular a las fuerzas armadas y a la policía, en el bolsillo. En 2013, el director financiero del DESA, Daniel Atala Midence, dijo en un momento dado que «he gastado mucho dinero e influencia política para conseguir esas tres órdenes de arresto», y en muy poco tiempo Berta Cáceres, Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina fueron arrestados. Esto demostró que Atala Midence tenía una influencia considerable. En otro punto de las conversaciones de WhatsApp, Pedro Atala Zablah dice que los funcionarios del DESA que ya habían utilizado al ejército y la policía hondureña para vigilar su sitio y atacar a los activistas de COPINH deberían pagar a la policía «con algo más que comida» para conseguir que cumplieran sus órdenes.

El Río

En agosto de 2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos fue a Honduras. Este es un grupo que intenta que los países adopten los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos son bastante anémicos, pero al menos sugieren que las empresas no deben comportarse de manera criminal ni deben hacer negocios en secreto. En su informe público, el Grupo de Trabajo hizo dos observaciones importantes. Primero, dijeron que aunque el Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente) dice que realizan consultas abiertas cuando se consideran las licencias ambientales, la mayoría de estas reuniones se realizan sólo después de que las licencias han sido otorgadas. Esto es precisamente lo que ocurrió en el caso de la presa de Agua Zarca.

En segundo lugar, la ley (Decreto Legislativo 418-2013) y dos decretos ministeriales (725-2008 y 1402-2018) permiten al ministerio clasificar elementos del Estudio de Impacto Ambiental y lo que consideren como «Información Secreta». Lo que esto significa es que quienes se preocupan por un caso no tienen acceso a información libre y justa para deliberar sobre sus méritos; el gobierno puede fácilmente tramitar el papeleo de una manera totalmente antidemocrática.

Zúñiga Cáceres dice que estas leyes amenazan a Honduras. Una nueva «ola de proyectos extractivos y generadores de energía» ha estado sobre la mesa durante la última década, desde el golpe de Estado de 2009. El gobierno se ha empeñado en debilitar el marco normativo para permitir que empresas de todo tipo tengan acceso a la riqueza de Honduras.

En memoria de su madre, y de las luchas de casi 30 años del COPINH, Zúñiga Cáceres dice que es necesario que haya una «refundación de Honduras». Honduras tiene muchos desafíos, dice, la corrupción, la militarización, el ataque a la tierra de las comunidades indígenas, los feminicidios y los asesinatos políticos. Razón de más para luchar duro no sólo para defender los derechos del pueblo, sino para reclamar el país en su nombre. Hacer esto, dice Zúñiga Cáceres, es honrar la memoria de su madre Berta Cáceres, asesinada hace cuatro años.

Este artículo fue producido por Globetrotter, un proyecto del Instituto de Medios Independientes.


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