Tramitando la impunidad de los crímenes de la dictadura en Chile

by Ramona Wadi

En 1968, los Estados Unidos apoyaron una campaña encubierta de vigilancia de inteligencia en la que los gobiernos de derecha latinoamericanos conspiraron para aniquilar la influencia socialista y comunista en la región. El plan, conocido como Operación Cóndor, fue formalmente implementado en 1975, dos años después de que el dictador Augusto Pinochet tomara el poder en Chile a través de un golpe militar apoyado por los Estados Unidos. Se estima que hasta 80.000 opositores de izquierda fueron asesinados; 30.000 de ellos desaparecieron por los gobiernos de derecha en América Latina para 1989, cuando la Operación Cóndor fue oficialmente terminada. Más de 400.000 personas fueron detenidas como prisioneros políticos.

Este mes se cumplen 44 años del secuestro y asesinato del diplomático hispano-chileno Carmelo Soria; también víctima de la Operación Cóndor. Soria, que trabajó como funcionario de la ONU y se convirtió en asesor de la Unidad Popular entre 1971 y 1973, cuando Chile era gobernado por el presidente socialista Salvador Allende, se convirtió en objetivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile durante la dictadura de Pinochet. A través de su inmunidad diplomática como funcionario de la ONU, Soria ayudó a los individuos a refugiarse en las embajadas hasta que se pudieran hacer planes de exilio.

Soria fue secuestrado por agentes de la DINA pertenecientes a la Brigada Mulchen bajo el mando del Capitán Guillermo Salinas en ese momento, el 14 de julio, torturado en Vía Naranja y Villa Grimaldi, y asesinado. Su cuerpo fue descubierto en Santiago de Chile, arrojado en un auto que fue empujado a una zanja, para encubrir el asesinato como un aparente accidente de conducción en estado de ebriedad.

Poco se sabe de la Brigada Mulchen, una red de operaciones secretas con vínculos directos con el jefe de la DINA, Manuel Contreras. Los agentes que componen la Brigada Mulchen han sido descritos por el investigador y autor chileno Javier Rebolledo como parte del círculo íntimo de Pinochet. Michael Townley, agente de la CIA y la DINA encargado de la producción y experimentación del gas sarín, junto con el bioquímico Eugenio Berrios, estuvo involucrado en el asesinato de Soria. Townley, que está bajo el Programa de Protección de Testigos en los EE.UU., fue uno de los agentes solicitados para su extradición por la Corte Suprema de Chile por su participación en el asesinato de Soria. Los restos de Soria fueron exhumados e identificados en 2002 por el Servicio Médico Legal de Chile (SML). En 2015, 15 ex agentes de la DINA fueron acusados del asesinato de Soria.

En 2019, 43 años después del asesinato, la Corte Suprema de Chile condenó a Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lele Orellana y Juan Morales Salgado, a sólo seis años de prisión por el asesinato de Soria, una parodia de justicia que ni siquiera refleja el crimen. Sin embargo, la impunidad construida a través del legado de la dictadura de Pinochet sigue siendo un bastión en Chile. A principios de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago redujo las penas de prisión de 17 ex agentes de la DINA implicados en el asesinato y la desaparición de miembros del partido comunista; entre ellos Luis Emilio Recabarren.

Espinoza Bravo, condenado por su participación en el asesinato de Soria, es uno de los agentes de la DINA cuyas penas de prisión han sido reducidas. La decisión indica la ausencia de separación entre la ley y la política en Chile. En su campaña presidencial, el presidente de la derecha chilena Sebastián Piñera había hablado públicamente de amnistías para los ex agentes de la DINA encarcelados por crímenes contra la humanidad. La sugerencia fue bien recibida por los militares y los partidarios de la dictadura de derecha, mientras que las víctimas de la dictadura y sus familiares, en una lucha por recuperar la memoria y la justicia desde la época de la dictadura, tuvieron que hacer frente a otro impedimento político: las maniobras políticas a nivel jurídico.

Chile se rige por el silencio y la complicidad – el legado de Pinochet, junto con el «pacto de silencio» de los militares – siguen siendo obstáculos perpetuos. ¿Qué ha cambiado desde que el asesinato de Soria se hizo pasar por un accidente de conducción en estado de embriaguez en un momento en que los opositores a la dictadura estaban siendo torturados y desaparecidos? Aunque los militares chilenos no han sido reacios a este tipo de tácticas, como se vio en las protestas del año pasado, hay que decir que desde la transición de Chile a la democracia, los gobiernos posteriores han fracasado rotundamente en la causa de los derechos humanos y la memoria colectiva del país.


Ramona Wadi es una investigadora independiente, periodista independiente, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan una gama de temas en relación con Palestina, Chile y América Latina.

Este articluo fue originalmente publicado en Strategic Culture Foundation

Foto principal: © Photo: REUTERS/Rodrigo Garrido


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