El hecho de que exista una «lista secreta» es un indicio de que Tel Aviv entiende que esta era es diferente y que el derecho internacional, que ha fallado a los palestinos durante más de 70 años, puede, por una vez, impartir una pequeña medida de justicia.

by Ramzy Baroud

Cuando el Fiscal de la Corte Internacional de Justicia (CPI), Fatou Bensouda, confirmó en diciembre pasado que la Corte tiene amplias pruebas para llevar a cabo una investigación de crímenes de guerra en la Palestina ocupada, el gobierno israelí respondió con la retórica habitual, acusando a la comunidad internacional de parcialidad e insistiendo en el ‘derecho de Israel a defenderse’.

Bajo los tópicos y el típico discurso israelí, el gobierno israelí sabía muy bien que una investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra en Palestina podría ser bastante costosa. Una investigación, en sí misma, representa una especie de acusación. Si se acusara a individuos israelíes de crímenes de guerra, la historia sería diferente, ya que se convierte en una obligación legal de los miembros de la Corte Penal Internacional aprehender a los criminales y entregarlos a la Corte.

Israel se mantuvo públicamente tranquilo, incluso después de que Bensouda, en abril pasado, elaborara su decisión de diciembre con un informe jurídico de 60 páginas titulado: «Situación en el Estado de Palestina»: Respuesta de la Fiscalía a las observaciones de los Amici Curiae, representantes legales de las víctimas y los Estados».

En el informe, la CPI abordó muchas de las preguntas, dudas e informes presentados o planteados en los cuatro meses que siguieron a su decisión anterior. Países como Alemania y Austria, entre otros, habían utilizado su posición como amici curiae – ‘amigos de la corte’ – para cuestionar la jurisdicción de la CPI y el estatus de Palestina como país.

Bensouda insistió en que «el Fiscal está convencido de que existe una base razonable para iniciar una investigación sobre la situación en Palestina de conformidad con el párrafo 1 del artículo 53 del Estatuto de Roma, y que el ámbito de la jurisdicción territorial de la Corte comprende la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y Gaza («Territorio Palestino Ocupado»)».

Sin embargo, Bensouda no proporcionó plazos definitivos para la investigación, sino que pidió que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional «confirmara el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en Palestina», un paso adicional que apenas se requiere ya que el Estado de Palestina, signatario del Estatuto de Roma, es el que en realidad remitió el caso directamente a la Fiscalía.

El informe de abril, en particular, fue la llamada de atención para Tel Aviv. Desde la decisión inicial de diciembre hasta la publicación del último informe, Israel ejerció presión en muchos frentes, reclutando la ayuda de los miembros de la CPI y reclutando a su mayor benefactor, Washington -que no es miembro de la CPI- para intimidar a la Corte a fin de que revocara su decisión.

El 15 de mayo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a la Corte Penal Internacional que no prosiguiera la investigación, dirigiéndose en particular a Bensouda por su decisión de hacer responsables a los criminales de guerra en Palestina.

El 11 de junio, los Estados Unidos impusieron sanciones sin precedentes contra la Corte Penal Internacional, y el Presidente Donald Trump emitió una «orden ejecutiva» que autoriza la congelación de activos y la prohibición de viajar a los funcionarios de la Corte y sus familias. La orden también permite castigar a otras personas o entidades que ayuden a la CPI en su investigación.

La decisión de Washington de llevar a cabo medidas punitivas contra el mismo Tribunal que se estableció con el único propósito de hacer responsables a los criminales de guerra es a la vez indignante y aborrecible. También expone la hipocresía de Washington: el país que afirma defender los derechos humanos está tratando de impedir la responsabilidad jurídica de quienes han violado los derechos humanos.

Al no haber detenido los procedimientos legales de la Corte Penal Internacional en relación con su investigación de los crímenes de guerra, Israel comenzó a prepararse para lo peor. El 15 de julio, el diario israelí Haaretz informó sobre una «lista secreta» elaborada por el gobierno israelí. La lista incluye «entre 200 y 300 funcionarios», que van desde políticos hasta militares y funcionarios de inteligencia, que son objeto de arresto en el extranjero, en caso de que la CPI abra oficialmente la investigación de crímenes de guerra.

Los nombres comienzan en la cima de la pirámide política israelí, entre ellos el del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su actual socio de coalición, Benny Gantz.

El mero número de funcionarios israelíes que figuran en la lista es indicativo del alcance de la investigación de la Corte Penal Internacional y, de alguna manera, constituye una autoindicación, ya que los nombres incluyen a ex ministros de defensa israelíes -Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett-; a jefes de estado mayor del ejército actuales y anteriores -Aviv Kochavi, Benny Gantz y Gadi Eisenkot- y a jefes de inteligencia interna actuales y anteriores -el Shin Bet-, Nadav Argaman y Yoram Cohen.

Respetadas organizaciones internacionales de derechos humanos ya han acusado en repetidas ocasiones a todas estas personas de graves abusos de los derechos humanos durante las guerras letales de Israel en la asediada Franja de Gaza, empezando por la llamada «Operación Plomo Fundido» en 2008 y 2009.

Pero la lista es mucho más extensa, ya que abarca «personas en puestos mucho más subalternos, incluidos oficiales militares de rango inferior y, tal vez, incluso funcionarios que participan en la expedición de diversos tipos de permisos para asentamientos y puestos de avanzada».

Así pues, Israel aprecia plenamente el hecho de que la comunidad internacional siga insistiendo en que la construcción de colonias ilegales en la Palestina ocupada, la depuración étnica de los palestinos y el traslado de ciudadanos israelíes a tierras ocupadas son todos ellos inadmisibles en virtud del derecho internacional y equivalentes a crímenes de guerra. Netanyahu debe sentirse decepcionado al saber que todas las concesiones de Washington a Israel bajo la presidencia de Trump no han logrado alterar en modo alguno la posición de la comunidad internacional y la aplicabilidad del derecho internacional.

Además, no sería exagerado argumentar que el aplazamiento por parte de Tel Aviv de su plan de anexionar ilegalmente casi un tercio de la Ribera Occidental está directamente relacionado con la investigación de la Corte Penal Internacional, ya que la anexión habría frustrado por completo los esfuerzos de los amigos de Israel por impedir que la investigación se llevara a cabo.

Mientras el mundo entero, especialmente los palestinos, los árabes y sus aliados, siguen esperando ansiosamente la decisión final de la Sala de Cuestiones Preliminares, Israel continuará su campaña abierta y encubierta para intimidar a la Corte Penal Internacional y a cualquier otra entidad que tenga por objeto exponer los crímenes de guerra israelíes y juzgar a los criminales de guerra israelíes.

Washington también seguirá esforzándose por garantizar que Netanyahu, Gantz y los «200 a 300» otros funcionarios israelíes nunca vean su día en la corte.

Sin embargo, el hecho de que exista una «lista secreta» es un indicio de que Tel Aviv entiende que esta era es diferente y que el derecho internacional, que ha fallado a los palestinos durante más de 70 años, puede, por una vez, impartir, aunque sea una pequeña medida de justicia.

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Foto principal | Soldados israelíes trabajan en tanques en los Altos del Golán ocupados por Israel, cerca de la frontera con Siria, no lejos de la frontera con el Líbano, el 28 de julio de 2020. Ariel Schalit | AP

Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Es autor de cinco libros. El último es «Estas cadenas se romperán»: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons» (Clarity Press, Atlanta). El Dr. Baroud es un Investigador Principal no residente del Centro para el Islam y los Asuntos Globales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul (IZU). Su sitio web es www.ramzybaroud.net

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