La tiranía de la extracción de litio en Argentina

By Yanis Iqbal

En medio de una furiosa pandemia de Covid-19, la Argentina ha decidido acelerar el sector de la minería del litio. Esta intensificación se está produciendo como parte de la mayor expansión del extractivismo argentino, en el que el país ha decidido triplicar sus exportaciones mineras hasta superar los 10.700 millones de dólares anuales en el próximo decenio.

Para ello, además del cobre, el gobierno también ha diseñado 15 nuevos proyectos de litio. Los preparativos para gestionar y aumentar el sector del litio en desarrollo han comenzado con la creación de una asociación denominada Calbafina, encargada de reforzar organizativamente el sector del litio.

La actual expansión económica del sector del litio en la Argentina se está produciendo por dos razones. En primer lugar, a pesar de la pandemia de Covid-19, la demanda de litio va a aumentar y, si bien “se ha producido una desaceleración de los compromisos de capital… las perspectivas de crecimiento de la demanda de litio sugieren que simplemente se ha retrasado pero no se ha descarrilado, y la Argentina desempeñará un papel fundamental en el suministro de las necesidades mundiales”. Se prevé que las ventas de EV pasen de 2 millones en 2019 a 26 millones en 2030 y Orocobre, una empresa australiana que opera en el Salar de Olaroz, Argentina, dice que la demanda europea de EV aumentará notablemente y la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio se quintuplicará para 2029.

En segundo lugar, la Argentina es el destino más atractivo para los inversores en litio y presenta un clima de inversión adecuado para los proyectos mineros. Para la burguesía del litio, la principal salida para el capital invertible en busca de excedentes es el “Triángulo del Litio” que tiene el 70% de los depósitos de salmuera de litio del mundo. Esta región está constituida por el norte de Chile, el norte de Argentina y el sur de Bolivia. Chile y Bolivia son, por lo tanto, los principales competidores de la Argentina. En comparación con la Argentina, ambos países están afectados por la subdosis de fundamentalismo del libre mercado o están experimentando acontecimientos políticos catastróficos.

En Chile, la deficiente liberalización del comercio es el principal impedimento que impide que el país se convierta en el principal destino del litio. Mediante el Decreto Ley 2.886 de 1979 y la Ley Orgánica de Concesiones Mineras de 1983, Chile instituyó varias reformas reglamentarias en el sector del litio: se declaró el litio como recurso estratégico debido a su utilización en la fisión nuclear; la autorización previa de la Comisión Chilena de Energía Nuclear se convirtió en un componente vital de los procedimientos de explotación del litio y se exigió a los mineros privados que se asociaran con el Estado o que obtuvieran un permiso especial denominado Contratos Especiales de Explotación de Litio (CEOL) para explotar por su cuenta.

A diferencia de Chile, la Argentina tiene un régimen regulatorio no intervencionista extremadamente favorable a los capitalistas extractores. En el decenio de 1990, por ejemplo, se introdujeron enmiendas en el Código de Minería que apoyaron financieramente la expansión del capital extractivo mediante la concesión de beneficios en materia de derechos de importación para los equipos mineros, la estabilidad total de la carga fiscal durante 30 años y beneficios en materia de impuesto sobre la renta para las empresas mineras. Estas reformas mineras fueron endulzadas aún más por el ex presidente Mauricio Macri, quien “firmó un nuevo acuerdo minero para armonizar los impuestos y reglamentos en 20 provincias con el fin de atraer inversiones mineras… Macri eliminó los controles de divisas y capitales y revirtió los impuestos que habían sido introducidos por los ex presidentes”. Tras la firma del nuevo acuerdo minero, aproximadamente 40 empresas extranjeras mostraron interés en la industria minera de la Argentina. Más de la mitad de esas empresas están interesadas en el litio”. Además de las políticas aplicadas activamente, la estructura de gobernanza de la minería de la Argentina apoya imperceptiblemente el capital extractivo mediante leyes inexplicablemente amorfas. La Ley nacional del medio ambiente de la Argentina, por ejemplo, establece que toda actividad capaz de modificar el medio ambiente “en forma significativa” debe ser objeto de una evaluación del impacto ambiental (EIA). Una gran laguna jurídica presente en el texto se refiere a la ausencia de una definición clara de lo que constituye una “modificación significativa”, lo que permite a las operaciones mineras explotar sin restricciones una región rica en recursos.

El escenario del litio en Bolivia es peor que el de Chile, ya que aquí la inestabilidad política y el nacionalismo de recursos se han combinado para producir una situación muy inestable de disonancia sociocultural. Antes del golpe de Estado de 2019, Evo Morales gobernó Bolivia como presidente socialista y utilizó los ingresos por recursos del país para redistribuir internamente la riqueza y reducir la desigualdad. Como parte de ese proyecto redistributivo, Morales no expuso las grandes reservas de litio de Bolivia a las empresas transnacionales depredadoras y, en cambio, optó por utilizar el litio como modalidad para industrializar el país. En respuesta a las políticas socialistas-proteccionistas de Evo Morales, se produjo un “Golpe de Litio” en 2019 cuyo objetivo fue la reconfiguración radical del litio como mero insumo físico de las empresas transnacionales. Desde que se produjo el golpe, Bolivia está experimentando una mayor inestabilidad política, ya que los manifestantes pro-morales están siendo violentamente reprimidos y asesinados por el gobierno genocida de derecha de Jeanine Anez. Debido a la actual combinación de peligrosidad política y fuertes sentimientos de nacionalismo de recursos, Bolivia es el país con menos probabilidades de atraer a inversores de litio en el futuro próximo.

La estabilidad política en Argentina está garantizada por el actual gobierno de Alberto Fernández que, al igual que la administración de Néstor Kirchner, “prevé un nuevo partido político de centro-izquierda basado en el retorno a la política nacional-popular de la anterior era peronista, pero con menos corrupción y represión”. Mediante cambios de tendencia izquierdista en la política exterior, una agenda redistributiva que comprende el impuesto a la riqueza y la subvención de necesidades básicas como la alimentación, es probable que Alberto Fernández estabilice temporalmente el territorio político argentino. Con esta estabilización, la minería de litio en el país se enfrentará a conflictos socioecológicos desintensificados, ya que el gobierno de Fernández aplica cuidadosamente políticas redistributivas, desradicaliza las incipientes protestas antineoliberales a través de concesiones económicas y utiliza el aparato estatal para desactivar la lucha de clases. Si bien las personas afectadas por las operaciones de litio van a protestar inevitablemente, no podrán establecer una solidaridad intra-subalterna a medida que se instale una atmósfera generalizada de colaboracionismo de clase y el sector polifacético del pueblo oprimido sea incapaz de instituir la macrounidad.

A medida que se produce la apertura de la generosidad del litio argentino a las empresas transnacionales, es imperativo que reconozcamos el daño ecológico sin precedentes, la pérdida cultural y la incertidumbre económica que la minería del litio trae a los pueblos indígenas que viven en varias regiones ricas en recursos. En la Argentina, los recursos de litio se encuentran en numerosos lagos salados situados en tres provincias del norte: Catamarca, Salta y Jujuy. Dentro de estas provincias, el Salar del Hombre Muerto, Cauchari, Olaroz y el Salar del Rincón son los principales productores de litio. En los últimos años, la producción de litio ha ido en constante aumento y de 2,5 mil toneladas en 2013, la producción argentina de litio ha aumentado a 6.400 toneladas métricas en 2019 y, según el Ministerio de Minería, “las inversiones en la extracción de litio crecieron un 928% entre 2015 y 2018”. La velocidad vertiginosa de la extracción de litio en Argentina se indica por el hecho de que “Entre mediados de la década del 2000 y el 2011, el gobierno de Salta otorgó permisos a 15 empresas para extraer litio de salmueras en 13 salinas. El rápido y fácil proceso de obtención de permisos de Salta permitió la extracción de salmuera, ya que los funcionarios priorizaron la atracción de la inversión extranjera”.

Mientras que la producción argentina de litio aumenta al mismo tiempo que la expansión de la movilidad eléctrica en el Norte Global, las comunidades indígenas deliberadamente oscurecidas que viven en ese país están siendo desposeídas y defraudadas de toda su existencia. El proyecto de minería de litio de Olaroz, por ejemplo, operado por Sales de Jujuy, una empresa conjunta de la compañía minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota Tsusho Corporation y la empresa minera estatal de Jujuy, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), se vio empañado por innumerables irregularidades en la información: se produjeron graves retrasos en la disponibilidad de información antes de las asambleas indígenas; las empresas mineras utilizaron una jerga muy técnica para comunicarse con los indígenas y quienes hicieron preguntas sobre los informes presentados recibieron respuestas igualmente incomprensibles; todos los informes utilizados por los indígenas, desde cuestiones ambientales hasta beneficios económicos, fueron proporcionados en su totalidad por las empresas mineras, lo que sugiere una grave falta de independencia informativa. Como resultado de esta completa ausencia de independencia informativa, un individuo afectado por las operaciones mineras de la compañía dijo que “no sé si lo que obtenemos es lo que nos corresponde según nuestros derechos sobre la tierra, ¿cómo podría uno saber eso?”. En otro caso, una persona dijo que “En el tema del agua sólo tenemos la versión de la empresa y nada más… Así que últimamente hemos buscado algunos profesionales que nos puedan ayudar y que no estén relacionados con las empresas ni con el gobierno – es difícil, pero bueno, estamos buscando”.

En el proceso de consulta de Minera Exar, otra empresa que ha estado explotando comercialmente el salar de Olaroz-Cauchari, “El gobierno provincial no supervisó el diálogo entre las empresas internacionales y las comunidades locales. Tampoco cumplió con el requisito de proporcionar información básica para ayudar a comprender los impactos ambientales de la minería de litio en la zona. Esto ha afectado negativamente a la capacidad de las comunidades para evaluar el proyecto en cuestión y/o controlar sus actividades”.

Mediante el uso de tácticas de procedimiento fraudulentas, las empresas mineras no sólo roban ilegalmente tierras indígenas sino que también subvierten todo un modo de vida. El daño ambiental generado por la minería del litio hace que la vida tradicional de los indígenas se resquebraje culturalmente y se desestabilice económicamente. El agotamiento del agua en los desiertos de sal de Argentina es un ejemplo de los daños ambientales causados por el litio que erosionan existencialmente a la población indígena.

Marcelo Sticco, un hidrólogo que trabaja para la Universidad de Buenos Aires, al hablar de la región donde viven los Kolla (un nombre general para los pueblos quechua y aymara), dice (traducido del español) que

“El problema es que el agua salada y el agua dulce se encuentran en un frágil equilibrio natural en esta región. Debido a la producción de litio, el nivel natural del agua baja. Y esto hace que el agua salada se mezcle con el agua dulce. Esta contaminación es irreversible y la región está perdiendo irrevocablemente sus reservas de agua potable”.

Según los datos proporcionados por las Oficinas Provinciales y Nacionales de Minería de la Argentina, “se necesitan no menos de 5 y hasta 50 m3 de agua dulce por tonelada de Li2CO3 de grado final de batería que se produce”. Además, para la producción de 17.500 toneladas de carbonato de litio por año, se extraen 240 l/s de salmuera.

Con la alteración a gran escala de la dinámica hidrológica regional debido a la extracción de litio, los humedales y las lagunas, que dependen principalmente de las aguas subterráneas, desaparecen lentamente. Estos humedales y lagunas son indispensables para la existencia de la flora y la fauna y, por lo tanto, contribuyen al sustento de las prácticas agropastorales arraigadas localmente. Pero cuando la minería del litio subvierte gravemente el frágil equilibrio hídrico de los desiertos salados de la Argentina, los pueblos indígenas pierden su capacidad de dedicarse a sus ocupaciones tradicionales. Además de la escasez de agua, la minería de litio en la Argentina también está produciendo desechos químicos y “la mayor parte de estos desechos se acumulan simplemente en el borde del salar [piso salino], excepto los residuos de Mg-Ca que a veces se utilizan para consolidar carreteras precarias dentro de la instalación minera”. En resumen, el total de sólidos disueltos en la salmuera es muy alto. Cuando la salmuera se evapora, todas las sales, excepto el carbonato de litio, terminan como residuos”. Según un informe elaborado por Amigos de la Tierra Europa, “se necesitan productos químicos tóxicos para procesar el litio. La liberación de tales químicos a través de la lixiviación, los derrames o las emisiones atmosféricas puede dañar las comunidades, los ecosistemas y la producción de alimentos. Además, la extracción de litio inevitablemente daña el suelo y también causa contaminación del aire”. Debido a esta contaminación química, el ganado está muriendo y desde el inicio de la minería de litio en las regiones de Kolla, se han producido las rápidas muertes y nacimientos deformes de las llamas.

Minas de litio en la Argentina

A pesar de la catástrofe ambiental provocada por la minería del litio, Carlos Oehler, presidente de la Sociedad Estatal de Energía y Minería de Jujuy, afirma que el litio es “una oportunidad para el desarrollo”. Y la gente que sólo hace hincapié en el impacto ambiental lo hace por ignorancia”. Contrariamente a las afirmaciones falsas de Oehler, Verónica Chávez, miembro de una cooperativa local dedicada a la cosecha tradicional de sal, afirma que “el litio es alimento para hoy y hambre para mañana”. Esta declaración resume de manera contundente los fugaces beneficios económicos de la minería y expresa el daño ecológico a largo plazo que la extracción de litio inflige a la población indígena. Como cualquier otra actividad extractiva, la minería del litio también “es una actividad temporal que tiende a generar una economía que depende principalmente del sector”. Esta dependencia constituye un peligro para el desarrollo de las regiones vinculadas a las operaciones mineras porque, aunque durante la producción de la mina pueden experimentar un auge económico, no podrán reproducirlo cuando concluya la actividad minera”. Por otra parte, el vandalismo ambiental masivo realizado por la extracción de litio no justifica en absoluto el escaso “desarrollo” que reciben los pueblos indígenas.

Los proyectos de litio en la Argentina no han sido completamente libres de fricciones y sin antagonismos y varias comunidades indígenas han resistido el embate de la “economía verde global”. En la ciudad de Susques (situada en la provincia de Jujuy), que se encuentra dentro del área de influencia del salar Olaroz-Cauchari, las aproximadamente 2500 personas que viven allí han estado protestando durante muchos años. En Susques, las comunidades locales y una organización campesina llamada Colectivo Apacheta afirman que Sales de Jujuy y Minera Exar (las empresas que operan en el salar de Olaroz-Cauchari) las obligaron a aceptar los proyectos mineros, consultaron a menos de 20 personas y, por lo tanto, no cumplieron con el requisito de obtener la aprobación de más del 50% de la población. El Colectivo Apacheta, en particular, ha sido militante en su oposición al capital extractivo transnacional y se ha organizado combativamente para resistir las operaciones mineras. Como resultado natural de su combatividad de clase, el Colectivo Apacheta ha estado enfrentando amenazas y hostigamientos y en 2012, uno de sus miembros tuvo que ser hospitalizado después de ser brutalmente golpeado por activismo político.

La etimología de la palabra “Apacheta” ilustra maravillosamente que un mundo alternativo al capitalismo es posible. Según Carlos Guzmán, representante del colectivo Apacheta, “Una Apacheta es un montón de piedras, colocadas en lugares estratégicos, por ejemplo al principio de una carretera. Una Apacheta crece, muy lentamente, pero con mucho significado. Cuando comienzo un viaje y veo una Apacheta junto al camino, me detengo, coloco una piedra sobre ella, y deseo que llegue a salvo a mi destino. Todos los que pasen por allí harán lo mismo. Es la misma idea que la de nuestro grupo. Ese es el significado de nuestro nombre. Empezamos con un par de personas, pero creceremos. Muy lentamente, pero con mucho significado.”

El Colectivo Apacheta, a lo largo de su existencia como fuerza contra-hegemónica, ha sostenido que las compañías mineras de litio saquean imprudentemente el medio ambiente y, según el jefe del Colectivo Apacheta, “estamos sufriendo una sequía”. Fiel a las declaraciones del Colectivo Apacheta, se estima que en el sitio de extracción de Olaroz-Cauchari, “se perdía más agua a través de los estanques de evaporación que la que se reponía naturalmente en el sistema”.

Junto con una fuerte posición antiimperialista, el Colectivo Apacheta también posee una imaginación alternativa del mundo que es radicalmente diferente del “desarrollo” que las compañías de litio proporcionan a los pueblos indígenas. Gonzalo, miembro del Colectivo Apacheta, argumenta que “Ellos [las compañías] siempre dicen que no queremos progreso, que no queremos desarrollo. Para ellos, el desarrollo es construir carreteras, destruir la naturaleza, hacer dinero. Para nosotros, eso no es desarrollo. No es sostenible. Nuestros abuelos, sus abuelos y demás, siempre han cuidado de la Pachamama [la madre tierra], de la naturaleza, de sus lamas, de sus ovejas. Nosotros queremos hacer lo mismo. Usamos su lana para hacer nuestra propia ropa, usamos su carne para nuestro propio consumo y lo que queda, lo vendemos o lo comercializamos. Quiero transmitir mis animales a mis hijos, para que ellos puedan hacer lo mismo. Eso es sostenible. Pero, ¿qué nos pasará cuando no quede agua?”

La llanura salina de Salinas Grandes, la cuarta más grande del mundo, en la provincia de Jujuy y Salta, es otra región en la que las comunidades indígenas han forjado una política de movilización de abajo hacia arriba. En 2010, “las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc presentaron un recurso colectivo contra los estados de Jujuy y Salta y contra el gobierno nacional exigiendo el respeto de su derecho a consentir la explotación del litio”. En Kachi Yupi (Huellas en la sal), el protocolo de consulta realizado por las comunidades indígenas afectadas por las operaciones de extracción de litio y uno de los primeros de este tipo, los indígenas escriben que “nadie nos dijo nada sobre cómo esta nueva explotación podría afectar a nuestras comunidades y nuestro territorio, las salinas, las cuencas, los pastos, nuestro ganado… nuestras costumbres y creencias”. En síntesis: toda nuestra vida”.

Los indígenas afectados por las operaciones de litio en Salinas Grandes, formados por 33 comunidades indígenas como Tres Pozos, Pozo Colorado, San Miguel del Colorado e Inti Killa de Tres Morros, establecieron pronto la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Tras presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en 2010 contra la concesión de permisos de extracción sin consulta previa, el caso de La Mesa fue llevado adelante por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales en forma de escritos de Amicus Curiae. Cuando el caso fue desestimado en 2012, La Mesa, con la ayuda de abogados, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al igual que la llanura salina de Olaroz-Cauchari, las Salinas Grandes también están siendo destruidas por el extractivismo del litio y estos problemas socioecológicos también han sido destacados por el ex Relator Especial del Secretario General de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien dijo que “se teme que la extracción propuesta de litio reduzca el nivel de agua en esta árida región”, donde el agua es necesaria para criar ovejas, cabras y llamas y también es esencial para la producción y recolección de sal, una actividad importante dentro de la economía tradicional de la zona. ” Un abogado, al hablar de las empresas de prospección en Salinas Grandes, dijo que “ellas [las empresas] perforaron el acuífero. Y cometieron un doble error. Contaminaron el acuífero de donde [las comunidades] obtienen el agua para la cría de animales y los huertos. Y, lo que es peor, el agua dulce que subió a esa parte del banco de sal arruinó la sal, por lo que ya no se puede cortar y vender”. De esta manera, los arreglos ocupacionales ancestrales están siendo lentamente socavados y en su lugar se está instalando un modelo de desarrollo insostenible.

A medida que avanza el proceso de intensificación del litio en la Argentina, se prevé que las comunidades indígenas se vean envueltas en la supresión infrahumana del capital extractivo transnacional. Incluso antes de la expansión económica de la minería del litio, M. Mutuma Ruteree, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, había dicho que los indígenas de la Argentina son “en gran medida invisibles en la sociedad y están excluidos del senado, el congreso y el poder judicial del país”. Ahora que los tentáculos de la minería del litio se están extendiendo a las regiones más alejadas de la Argentina, es inevitable que los pueblos indígenas se deshumanicen aún más y sean destruidos existencialmente. Para presentar una contraofensiva creativa contra el “Leviatán de Litio”, es necesario detener lo que se ha denominado el “modo de vida imperial”. Markus Wissen y Ulrich Brand, en su libro “Los límites de la naturaleza capitalista”, escriben que el “El acceso exclusivo a los recursos, garantizado por contrato o a través de la violencia abierta, y la externalización de los costes socio-ecológicos que conlleva la utilización de estos recursos, son la conditio sine qua non del modo de vida del Norte global, que por lo tanto llamamos ‘imperial'”. En la coyuntura actual, necesitamos detener el motor de este “modo de vida imperial” que está celebrando la “libertad eléctrica” en el Norte Global a costa de la subyugación de las comunidades indígenas en Argentina.

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Yanis Iqbal es un estudiante y escritor independiente que vive en Aligarh (India) y puede ser contactado en yanisiqbal@gmail.com. Sus artículos han sido publicados por numerosas revistas y sitios web como Monthly Review Online, ZNet, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Green Social Thought, Weekly Worker, People’s World, LA Progressive, News and Letters Weekly, Economic and Political Weekly, Arena, Eurasia Review, Coventry University Press, Culture Matters, Dissident Voice, Countercurrents, Counterview, Hampton Institute, Ecuador Today, People’s Review, Eleventh Column, Karvaan India, Clarion India, OpEd News, The Iraq File y Portside.

The original source of this article is Global Research

Copyright © Yanis Iqbal, Global Research, 2020


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