Bolivia se dirige a un momento decisivo con las protestas masivas contra el gobierno de Añez, apoyado por los EE.UU.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y los paramilitares apoyados por el gobierno son cada vez más violentos ya que las tensiones en Bolivia alcanzan un punto de ebullición tras la decisión de la administración de Añez, apoyada por los EE.UU., de cancelar las elecciones por tercera vez este año.

by Alan Macleod

Bolivia se dirige a un enfrentamiento entre el gobierno y el pueblo después de casi dos semanas de continuas protestas a nivel nacional que han paralizado el país. Las manifestaciones han crecido día a día después de que el gobierno -que llegó al poder en un golpe de estado de EE.UU. en noviembre pasado- pospusiera las elecciones por tercera vez. Ollie Vargas, un periodista que fue testigo de los acontecimientos de primera mano, compartió sus experiencias con MintPress:

“Estamos en el día 12 del levantamiento y la huelga general de Bolivia convocada por los sindicatos, y la crisis ha llegado a un punto de ebullición. Todo el país está paralizado. Las principales carreteras del país han sido bloqueadas por la gente que levanta barreras. Por lo tanto, el gobierno debe decidir si quiere una salida pacífica, que sea a través de elecciones lo antes posible, con garantías para poner fin a la persecución contra la izquierda y el Partido del Movimiento al Socialismo [MAS], o si va a ir por la ruta de más conflicto rechazando eso, momento en el que el movimiento comenzará a pedir el derrocamiento del gobierno. El gobierno tendrá que empezar a atacar a los manifestantes, en lo que tendría que ser básicamente una invasión militar del país, porque esto es en todas las regiones de Bolivia”.

Desafortunadamente, muchos observadores predicen que el gobierno golpista, dirigido por Jeanine Añez, elegirá a este último. MintPress también habló con Benjamin Dangl, profesor de la Universidad de Vermont y autor del libro “La rebelión de los quinientos años”: Movimientos indígenas y la descolonización de la historia en Bolivia”. “El gobierno y sus aliados de la derecha y los paramilitares en las calles satisfacen las demandas legítimas de los manifestantes con violencia y amenazas racistas”, dijo.

“Desde el pasado noviembre, el gobierno de Áñez ha llevado a cabo graves violaciones de los derechos humanos y masacres contra los enemigos políticos y los manifestantes. Su actual manejo de las protestas indica que no está interesado en una solución pacífica a la crisis que ha creado”.

A finales del mes pasado, el gobierno pospuso las elecciones por tercera vez, retrasándolas al 18 de octubre. Su justificación fue el rápido empeoramiento de la situación sanitaria en el país debido a la pandemia COVID-19. También ha cancelado la escuela para los dos millones de niños del país. No hay duda de que celebrar unas elecciones sería realmente peligroso en el momento actual. Pero muchos en Bolivia sintieron que la medida era una señal de que el autoproclamado “gobierno interino” tenía pocas intenciones de abandonar el poder.

En el décimo día de la huelga general de Bolivia, más sectores se unen a las protestas contra el gobierno golpista. Hoy, la ciudad de Konani, La Paz, se movilizó como comunidad para pedir la democracia.

En respuesta, los sindicatos convocaron una huelga general, y después de 12 días de protestas que han visto el país cerrado a través de una serie de bloqueos de carreteras, el movimiento se ha vuelto más audaz, pidiendo el fin del gobierno de Añez. Dangl señaló que el método de protesta es común en Bolivia, siendo utilizado ampliamente por el pueblo durante las guerras del agua y el gas de principios de la década de 2000 contra la privatización de la economía.

El creciente número de manifestantes que participan en los bloqueos de carreteras en toda Bolivia habla de una larga tradición de bloqueos como forma de protesta en el país. Los bloqueadores bolivianos han derribado dictaduras, han hecho posible el retorno a la democracia y han expulsado a algunas de las empresas e instituciones bancarias más poderosas del mundo. Ahora se enfrentan al represivo y antidemocrático gobierno de Áñez. Las protestas reflejan el amplio rechazo de Áñez, y van más allá de la base del MAS y de los cercanos partidarios de Morales, apuntando a un levantamiento masivo de las bases”.

“Los bloqueos de carreteras en Bolivia hacen imposible que los oficiales del golpe escapen por tierra, dijo Vargas. “Si los movimientos sociales rodean los aeropuertos, entonces Añez/ [el ministro del Interior Arturo] Murillo no podrá llegar a Miami. El helicóptero presidencial sólo puede recorrer distancias cortas”.

Los manifestantes indígenas de la ciudad boliviana de Palca piden ahora la dimisión de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, alegando la destrucción de los servicios de educación y salud.

Con el gobierno sintiendo el acaloramiento, ha recurrido cada vez más a la violencia como respuesta. Comenzó enviando aviones de vuelo bajo sobre las protestas para intimidarlos, simulando atacarlos como lo hicieron durante las masacres de noviembre. El propio Murillo apareció en la CNN, argumentando que disparar contra los manifestantes es “lo políticamente correcto”. Los paramilitares de la extrema derecha comenzaron a hacer eso, disparar e herir a sus enemigos. El Ministro de Defensa del país, Fernando López, expresó su apoyo y gratitud al grupo cristiano-fascista Unión Juvenil Cruceñista que llevó a cabo muchos de los ataques. “Ellos saben qué hacer… necesitan enviar un mensaje”, dijo en la emisora gubernamental Bolivia TV.

El presidente derrocado Evo Morales advirtió que el gobierno de Añez está planeando lo que equivale a un segundo golpe, para establecer una junta militar-civil, no muy distinta de los regímenes fascistas que dominaron muchas naciones sudamericanas en el siglo XX.

El levantamiento y la respuesta del gobierno a él han recibido poca atención en la prensa occidental, que apoyó firmemente el golpe de noviembre. Los medios de comunicación han descrito a los paramilitares que cumplían las órdenes del gobierno como simples “civiles armados”, y no como una parte clave del aparato de opresión.

Incluso cuando los llamados a su renuncia han llegado a un crescendo, el propio gobierno está subiendo la apuesta. La semana pasada anunció que acusaría a Morales y a una serie de líderes del MAS, incluyendo a Luis Arce (el candidato presidencial del partido en las tantas veces aplazadas elecciones), de intento de genocidio, con el argumento de que los manifestantes habían impedido que las ambulancias y los vehículos con equipos médicos de emergencia llegaran a sus destinos. “Lo que se está haciendo es un crimen contra la humanidad”, dijo Murillo en una conferencia de prensa en la ciudad montañosa de Cochabamba. Medios de comunicación amigos de las protestas como Kawsachun Coca impugnan enérgicamente esta afirmación, y divulgaron imágenes de manifestantes despejando los bloqueos de carreteras y ayudando a las ambulancias a pasar.

Las encuestas muestran que Arce es, de lejos, el favorito para cualquier elección, con un 42 por ciento del público que tiene intención de votar por él. Por el contrario, es probable que Añez sólo obtenga un 13 por ciento de apoyo en la primera vuelta. Por lo tanto, el MAS estaría listo para una victoria aún más grande que la que tuvieron en las elecciones de octubre del año pasado.

Añez llegó al poder en un golpe militar en noviembre, sólo tres semanas después de que Morales ganara otra elección. Un cristiano fuertemente conservador, su partido recibió sólo el cuatro por ciento de los votos. Elegido por los militares, Añez llegó al palacio presidencial en La Paz agarrando una biblia de gran tamaño y declarando que Cristo volvía al gobierno. Senadora relativamente desconocida antes del golpe, desató la controversia cuando afirmó que la población indígena de Bolivia, que según las encuestas constituye la gran mayoría del país, era “satánica”. Las fuerzas de seguridad leales a Añez retiraron y quemaron públicamente los parches de la bandera indígena Wiphala de sus uniformes, un gesto simbólico que muestra su compromiso con el restablecimiento de un estado de supremacía blanca.

El gobierno de Añez ha pasado los nueve meses siguientes silenciando la disidencia, llevando a cabo lo que el propio Murillo llamó una “caza” de opositores políticos. Esto incluía a los medios extranjeros y alternativos, que estaban despegando del aire, con periodistas atacados, arrestados o asesinados. “Están ahogando al pueblo boliviano en sangre”, declaró el depuesto vicepresidente Álvaro García Linera desde México, donde se le concedió asilo. Murillo también presentó un nuevo escuadrón “antiterrorista” enmascarado, vestido de negro y armado, dirigido a “extranjeros”, entendido como una amenaza directa a un grupo de derechos humanos argentino que investiga el asesinato de un periodista. “Recomendamos a estos extranjeros que están llegando… que tengan cuidado”, dijo. Los estamos siguiendo”, advirtiéndoles que habrá “tolerancia cero” para cualquier “terrorismo” o “sedición” que promulguen. “Al primer paso en falso que den, tratando de cometer terrorismo y sedición, tendrán que lidiar con la policía”, añadió. El gobierno supuestamente “interino” también emprendió una campaña de privatización, reorientando la política exterior del país hacia los Estados Unidos, retirándose de múltiples tratados internacionales.

El gobierno ha disfrutado del apoyo inquebrantable de los Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. El Secretario de Estado Mike Pompeo “felicitó” a Añez por el golpe, lo que describió como “dirigir a su nación a través de esta transición democrática”. La prensa dominante siguió el ejemplo. El consejo editorial del Wall Street Journal llamó al golpe un “estallido democrático en Bolivia”. La junta del New York Times se alivió de que el “cada vez más dictatorial” Morales haya “renunciado”. Mientras tanto, The Washington Post dijo a sus lectores que “no había duda de quién era el responsable final del caos: el recién dimitido presidente Evo Morales”.

Hubo una oposición generalizada pero relativamente desorganizada al golpe en ese momento, con muchos de los líderes del MAS encarcelados o que huyeron al extranjero para escapar de la detención, y el nuevo gobierno pudo reprimir eficazmente la disidencia. Sin embargo, con el tiempo, la oposición se volvió más estridente, especialmente cuando Añez demostró ser incapaz de detener una pandemia de COVID-19 que se extendía por el país.

Cuando se le preguntó qué debería hacer la gente en el extranjero, Vargas respondió: “El mensaje de la gente de aquí sería que quieren que la comunidad internacional y los gobiernos de todo el mundo presionen al gobierno para que ponga fin a los ataques paramilitares y acepte una forma pacífica de abandonar el poder, y eso es a través de las elecciones”. Si el gobierno se niega a eso, entonces están empujando al país a más violencia”.

Foto principal | Mineros con máscaras faciales en medio de la pandemia COVID-19, protestan contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales en El Alto, Bolivia, el 11 de agosto de 2020. Juan Karita | AP

Alan MacLeod es un escritor del personal de MintPress News. Después de completar su doctorado en 2017, publicó dos libros: Malas noticias de Venezuela: Veinte años de noticias falsas y de mala información y propaganda en la era de la información: Aún fabricando el consentimiento. También ha contribuido a Fairness and Accuracy in Reporting, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine, Common Dreams the American Herald Tribune y The Canary.


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