Extractivismo y explotación en el Perú

By Yanis Iqbal

Martín Vizcarra, presidente de Perú, ha anunciado que “su gobierno ha aceptado el reto y ha estado trabajando en la aprobación de un nuevo reglamento para los procedimientos mineros con el fin de racionalizar dichos procedimientos”. El reglamento “tiene por objeto dar certidumbre a los inversionistas a fin de impulsar la inversión privada” y satisfará las demandas de los magnates de la minería que “han solicitado que se agilicen los trámites para desbloquear los proyectos mineros y permitir que el sector contribuya a la reactivación económica”.

La decisión del gobierno actual de elevar el extractivismo como motor de la reactivación económica es una bendición para las élites extractivas que han estado presionando por la desregulación, un clima de inversión seguro y una reapertura económica más rápida. El 20 de julio de 2020, Carlos Gálvez, ex presidente de la asociación minera y energética SNMPE, dijo: “Para recuperarnos tenemos que activar inmediatamente la cartera de proyectos mineros, ya que la minería impulsará toda la economía”. De manera similar, el 23 de junio de 2020, Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú y presidente ejecutivo del productor local de metales preciosos Buenaventura, dijo que “debemos ver la crisis como una oportunidad”.

Gobitz añadió: “Se requiere un sistema de licencias y permisos más expeditivo”, una exigencia que el gobierno ha cumplido diligentemente. Gobitz también dejó claro que el clima político y social en Perú necesitaba ser revisado. Al hablar de los problemas de la minería, dijo que muchos proyectos mineros “se enfrentaban a problemas sociales y fueron detenidos”. Le dice al entrevistador que la raíz de este problema es el sistema “que genera líderes locales sin una visión a largo plazo o una visión integral del país”. Para detener este sistema, Gobitz sugiere, “a largo plazo tenemos que trabajar para madurar el sistema político, tener menos partidos políticos y ser más responsables con el país”.

Extractivismo agresivo

Mientras que el estado y el bloque de poder se han fusionado armoniosamente para avanzar agresivamente en una agenda de extractivismo, la clase obrera y los pueblos indígenas han sido completamente borrados del plano del “desarrollo”. Mediante la instalación de nuevas regulaciones dirigidas a intensificar la minería, dando certeza a los inversionistas (eliminando la resistencia) y agilizando los procedimientos (autorizando el daño ecológico acelerado), el Estado peruano ha sellado formalmente una explotación lenta que ya se ha estado llevando a cabo por mucho tiempo. Incluso antes de los actuales anuncios gubernamentales, el Perú había sido testigo de la embestida de la “reactivación económica”.

Esta despiadada reactivación comenzó en junio, cuando las compañías mineras decidieron operar al 80% de la capacidad de producción a finales de junio. Para alcanzar este nivel de producción, las compañías mineras modificaron los patrones de turnos y comenzaron a probar a los trabajadores para COVID-19 en los yacimientos. Mientras tanto, los sindicatos de trabajadores mineros se opusieron a este plan de producción y “expresaron su preocupación por el hecho de que algunos turnos planificados son demasiado largos, mientras que es necesario reforzar las pruebas y las medidas de protección”. Jorge Juárez, líder de la Federación de Trabajadores Mineros y Siderúrgicos de Perú, declaró: “Las pruebas rápidas [en los sitios mineros] no son fiables, por lo que queremos pruebas moleculares que den un diagnóstico más preciso”.

Como predijo Jorge Juárez, los yacimientos mineros se convirtieron en nuevos focos de infección a medida que las empresas insistían intransigentemente en mantener la “continuidad operativa” y en reactivar la economía. En la mina de Santander operada por la canadiense Trevali Mining, el 30% del total de la fuerza laboral dio positivo a COVID-19. Hochschild, una empresa con sede en Londres, detuvo sus operaciones en la mina de oro y plata Inmaculata después de que varios trabajadores dieron positivo. A pesar del evidente peligro que corren los trabajadores de la mina, el gobierno ha decidido obligar a los trabajadores a reactivar la economía, y la Ministra de Energía y Minas de Perú, Susana Vilca, ha dicho que las minas del país volverán a funcionar al 100% de su capacidad de producción a finales de julio.

Resistencia indígena a las operaciones mineras

El programa de minería despiadada no ha quedado sin oposición, e incluso durante la pandemia de COVID-19, la resistencia se está amplificando. Desde el 15 de julio, la población de la provincia de Espinar ha estado protestando contra la empresa suiza Glencore, propietaria de la mina Antapaccay, y recientemente, los manifestantes incendiaron dos vehículos procedentes de la mina Las Bambas para llamar la atención sobre su difícil situación. En Espinar, los residentes presentaron “una propuesta que consistía en la entrega de vales de alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad contra COVID-19 y microcréditos a un interés del cero por ciento”. A través del Acuerdo Marco de Espinar, Glencore tenía el deber de apoyar financieramente al pueblo de Espinar “en condiciones de emergencia humanitaria”. Ahora, la empresa se niega a ayudar a la gente y, sobre una “base técnica”, ha concluido que las demandas de los residentes de Espinar son nulas y sin efecto.

La base técnica sobre la que Glencore predice sus argumentos es totalmente inhumana. Según el Acuerdo Marco de Espinar, se supone que Glencore debe ayudar en el desarrollo sostenible, y la contribución del 3% de las ganancias antes de impuestos a un fondo comunitario es una modalidad primaria para hacerlo. Esta contribución del 3%, en lugar de ser un intento sincero de mejorar los medios de vida de la gente, es un método estratégico para desactivar la lucha de clases. Los ingresos anuales de la mina Antapaccay son de 1.150 millones de dólares, y el valor neto de Ivan Glasenberg, el CEO de Glencore, es de 5.400 millones de dólares. En comparación con estas cifras astronómicas, el 3% es casi nada.

A través de un estrecho enfoque en la contribución del 3% de las ganancias, Glencore está diciendo que “técnicamente” no está obligado a ayudar a la gente de Espinar a escapar de las muertes y la miseria causadas por el coronavirus. La audacia con la que Glencore está rechazando las demandas de la gente deriva de la fuerte protección que el estado garantiza a cualquier iniciativa minera. Compañías como Glencore pueden autorizar a los oprimidos porque saben que el estado está de su lado y ayudará a ofuscar las demandas y aplastar los motines.

En el caso de Espinar, también observamos cómo los acuerdos corporativos, al estar enteramente dedicados a la acumulación de capital no pueden comprometer su “integridad técnica” ni siquiera para salvar a innumerables personas de la muerte. Por otra parte, el incalculable sufrimiento y los daños que la mina Antapaccay ha traído a la provincia de Espinar obligan moral y legalmente a Glencore a pagar reparaciones al pueblo y a poner fin a sus operaciones destructivas.

Según un informe titulado “Diagnóstico de la salud ambiental humana en la provincia de Espinar-Cusco”, los habitantes de la región tenían niveles detectables de los siguientes cuatro materiales tóxicos en su organismo: arsénico, mercurio, plomo y cadmio. La presencia de plomo, en particular, es muy preocupante porque se ha comprobado que “la exposición al plomo puede perjudicar gravemente la salud de un niño, incluidos los daños al cerebro y al sistema nervioso, la lentitud del crecimiento y el desarrollo, los problemas de aprendizaje y comportamiento y los problemas de audición y habla”. Además de la degradación directa de la salud humana, la minería en Espinar ha contaminado “las aguas superficiales y los sedimentos de las vías fluviales de Camacmayo, Tintaya y Collpamayo”.

Las protestas masivas en Espinar contra los impactos adversos de la minería habían comenzado ya en el año 2000 cuando BHP Billiton operaba en la región. A través de estas protestas la gente de Espinar pudo establecer un Convenio Marco, un acuerdo que más tarde resultó ser totalmente ineficaz. En 2006, Xstrata se hizo cargo de las actividades mineras de BHP Billiton y pronto comenzó a recibir quejas de los pobladores, quienes afirmaron que las actividades mineras estaban dando lugar al nacimiento de animales deformes. Estas quejas no fueron atendidas por la empresa.

Sin preocuparse por nada, Xstrata continuó contaminando incesantemente la región y, a medida que empezaron a llegar informes sobre la participación de la empresa en la degeneración del ecosistema de Espinar, la gente finalmente optó por hacer una huelga indefinida. En respuesta a estas huelgas y protestas, el Estado utilizó sus poderes de emergencia para dispersar el bloqueo de la mina de Tintaya y sofocar las incipientes manifestaciones. Durante la emergencia, el Estado desplegó en la región 1.500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que “las fuerzas de seguridad pública detuvieron ilegalmente y maltrataron a 22 civiles en el sitio de la mina Tintaya Marquiri, entre ellos mujeres, menores de edad y dos trabajadores de derechos humanos… Posteriormente, los detenidos ilegales fueron liberados -las denuncias de que sufrieron torturas durante su detención no fueron investigadas, sin embargo, el Gobierno prefirió acusarlos de delitos de terrorismo”.

Al final, tres manifestantes murieron y 12 fueron gravemente heridos. En 2017, los aldeanos de la zona adyacente a la mina donde se produjo la violencia dijeron al Tribunal Superior del Reino Unido “que Xstrata dio a la PNP asistencia logística, incluidos equipos y vehículos, alentó a la PNP a maltratar a los manifestantes, y que Xstrata no tomó medidas suficientes para prevenir las violaciones de los derechos humanos”. A instancias de Xstrata, la PNP “usó fuerza excesiva, incluyendo el uso de munición real, golpeó y pateó a los manifestantes, los sometió a abuso racial y los hizo permanecer por períodos prolongados en posiciones de tensión en el frío glacial”.

En 2013, Glencore adquirió los proyectos mineros de Xstrata absorbiendo estos últimos mediante una adquisición. Si bien la mina de cobre Tintaya cerró en 2013, un nuevo proyecto minero de Antapaccay, iniciado en 2012, compensó su cierre. La producción de la mina Antapaccay consiste en 80.000 toneladas de cobre por día. Sus impactos ambientales visibles incluyen “Pérdida de biodiversidad (vida silvestre, agrodiversidad), contaminación del suelo, desbordamiento de desechos, contaminación o agotamiento de las aguas subterráneas, perturbación en gran escala de los sistemas hidrográficos y geológicos”. Se han producido protestas contra la mina Antapaccay de Glencore, y el “27 de marzo de 2015, dos mil habitantes afectados de Espinar protestaron pacíficamente contra las operaciones mineras. Pidieron al gobierno peruano que estableciera la causa de la contaminación y que se ocupara de la contaminación del agua”.

Al igual que Xstrata, Glencore ha hecho oídos sordos a la comunidad y sigue explotando el cobre de manera no sostenible desde el punto de vista ambiental. En diciembre de 2018, la Dirección Regional de Salud de Cusco (DIRESA) publicó un informe en el que se afirmaba que se había encontrado un alto nivel de contaminación por metales en el agua potable. En consecuencia, en febrero de 2019, los Consejos Regional y Municipal de Espinar declararon una emergencia sanitaria durante 90 días, y se pidió al gobernador del Cusco que cooperara con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente para corregir este problema.

A pesar de que la DIRESA informó que las fuentes de agua en la región de Espinar están contaminadas, una “mesa técnica”, compuesta por varios componentes tecnocráticos y no electos del aparato estatal, ha concluido que el agua potable de la provincia de Espinar sigue siendo apta para el consumo humano. Esto demuestra hasta qué punto Glencore goza de protección estatal y es capaz de moldear los departamentos gubernamentales para crear un “clima de inversión” estable en el que las contradicciones de la lucha de clases han sido contenidas explosivamente durante un período de tiempo.

Además de la protección estatal, Glencore también está utilizando la violencia regularizada para facilitar sus operaciones mineras. A finales de diciembre de 2018, Liderman, la empresa de seguridad contratada por Glencore, atacó a la comunidad de Alto Huarca y se dirigió específicamente a las mujeres. En abril de 2018, varios agentes de policía y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, que sumaban un total de 40, intimidaron y utilizaron métodos coercitivos contra la comunidad de Alto Huarca que vivía en el distrito de Yauri. El objetivo era desalojar a la comunidad de sus propias tierras y permitir la expansión prevista de los proyectos mineros.

La crisis del agua que se avecina

El gobierno de Perú, al optar por acelerar el sector minero, ha rechazado las recomendaciones clave de la OACDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) que pedían a los gobiernos que garantizaran “la protección del territorio indígena y la salud de los pueblos indígenas durante la pandemia considerando una moratoria de las actividades extractivas mineras, petroleras y madereras”. A través de una ofensiva dirigida por los mineros contra los pueblos indígenas, el Perú va a provocar una enfurecida oposición indígena.

La actual desregulación del sector minero guarda un parecido extremadamente aterrador con lo que dijo un asesor de un ex ministro de energía y minas hace unos años: “Tenemos que ser prácticos… no se pueden… [realizar] consultas en todas partes. Eso es una estupidez. Sólo crea caos, desorden, falta de gobernabilidad”. Al desregular el sector minero y acelerar los procedimientos, el actual gobierno está dando a entender que la minería no puede ser obstaculizada por las demandas irrazonables de los pueblos indígenas.

Además, al vincular normativamente el debilitamiento de los procedimientos con la noción positivamente enmarcada de “reactivación económica”, la administración está colonizando culturalmente a la población indígena mediante una ideología económica racionalizada. Alan García, el ex presidente del Perú, había dicho una vez que “hay millones de hectáreas de bosques que están ociosos, millones de hectáreas que las comunidades no están cultivando… hay muchos recursos que… no reciben inversiones y no producen empleos”.

Y todo esto se debe al tabú de las viejas ideologías, la pereza, la intolerancia o la ley del perro en el pesebre: Si yo no lo uso, nadie lo hará”. Más tarde había añadido que “[Debemos] derrotar las absurdas ideologías panteístas que creen que los muros son dioses, que el aire es dios, el retorno a estas formas primitivas de religión, donde dicen no tocar esa montaña porque es un apu [Dios] y lleno de un espíritu milenario… Que estemos avanzando no significa que todas nuestras antiguas formas de pensamiento hayan sido superadas”.

Aunque no es tan burdo como Alan García, el actual gobierno está impulsando un programa similar de desarrollo anti indígena al entrelazar ideológicamente la reactivación económica con la violencia del capital extractivo. En una forma que recuerda al Plan Nacional de Desarrollo “Perú hacia el 2021”, el gobierno de Vizcarra se ha embarcado en una misión civilizadora neocolonial. El mencionado plan, desarrollado por el Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN), estableció su objetivo de “superar la cultura del ‘bien limitado’ e ‘igualar hacia abajo’ que son los vestigios de una cultura de subdesarrollo que obstaculiza la modernización productiva e inclusiva”. El gobierno actual también intenta modernizar a los pueblos indígenas y, por lo tanto, robarles su existencia.

Además de la resistencia indígena, es probable que el Perú sea testigo de un levantamiento general de los oprimidos, con la escasez de agua actuando como factor catalizador. Mediante la legalización letal de la intensificación de la minería, el Estado está exacerbando una crisis de agua ya aguda causada por el “extractivismo del agua”. El extractivismo del agua se define como “la práctica de singularizar y estandarizar el agua en la categoría de ‘recurso’ con el fin de dominarla y extraer de ella el mayor valor económico posible”. Con el refuerzo del sector minero, el extractivismo del agua y la consiguiente escasez se agravará. Se estima que “cada año, la minería y la metalurgia liberan más de 13 mil millones de metros cúbicos de efluentes en los cursos de agua de Perú”. Debido a esta contaminación del agua, muchos peruanos padecen enfermedades mortales, y en los Andes centrales, por ejemplo, la contaminación de los ríos por arsénico y otros metales pesados está causando enfermedades cancerígenas entre los adultos y niños peruanos. Trágicamente, “los niños son los más vulnerables a los efectos agudos y crónicos de la ingesta de metales pesados y arsénico”. Esto se debe al hecho de que los niños consumen más agua por unidad de peso corporal que los adultos”.

Rondera Bianca, una activista que vive en El Tambo, Perú, expresa bellamente los desgarradores impactos existenciales de la minería en los niños:

Nuestros hijos nos dicen
Mamita, quiero vivir
Echa a los mineros
Porque no quiero morir
Le digo a mis hijos
Es por eso que voy a luchar
Para que puedan tener vida
Y agua para beber
A Perú y a todo el mundo quiero pedirle
Que respeten nuestros derechos

En lugar de limitarse espacialmente a las regiones rurales, la escasez de agua inducida por la minería es un fenómeno que también afecta a las zonas urbanas. Lima, por ejemplo, es la segunda capital más seca del mundo, después de El Cairo, que recibe “menos de una pulgada de lluvia al año y depende de tres ríos para el agua potable”. Los tres ríos de los que depende Lima, el Rímac, el Lurín y el Chillón, han sido contaminados por las operaciones mineras. Se ha descubierto que el 60% de la contaminación del río Rímac se debe a las actividades mineras. Del mismo modo, la eliminación incontrolada de basura y la contaminación con metales pesados por el sector extractivo han contaminado el río Chillón, en el que se han encontrado “niveles 12 veces superiores a los máximos permitidos de contaminantes para el agua potable”. En el río Lurín, la contaminación del agua ha llegado a tal punto que hay que hervir el agua antes de su consumo. En 2013, el Ministerio de Medio Ambiente del Perú, como reconocimiento tardío del papel de la minería en la contaminación del río Lurín, anunció un plan de coordinación gubernamental en varios niveles para gestionar específicamente la minería como una de las principales fuentes de contaminación.

A medida que el Gobierno del Perú agita las dificultades de la pandemia de COVID-19 en la amalgama autoritaria del extractivismo, se está creando una nueva mezcla volátil de resistencia. En el período actual, la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la rapacidad totalmente disimulada de las empresas mineras y ha agudizado los límites de la lucha de clases.

En palabras de Pablo Neruda, se puede decir que los trabajadores e indígenas peruanos se están dando cuenta de que el extractivismo “los aplasta, los cubre con escupitajos malignos, los arroja a los caminos, los asesina con la policía,… los encarcela, los escupe, compra un presidente traicionero que los insulta y persigue, los mata de hambre en las llanuras de la inmensidad arenosa”. Con esta comprensión, se está construyendo una alianza entre la clase trabajadora y los indígenas, que se comprometen a rebelarse contra las élites extractivas.


Yanis Iqbal es un estudiante y escritor independiente que vive en Aligarh (India) y puede ser contactado en yanisiqbal@gmail.com.

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Copyright © Yanis IqbalThe Bullet, 2020


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