La crisis del hambre en Guatemala

By Yanis Iqbal

Un informe publicado por Oxfam en julio de 2020 afirma que “COVID-19 está profundizando la crisis de hambre en los focos de hambre del mundo y creando nuevos epicentros de hambre en todo el planeta”. Para finales de año, 12.000 personas al día podrían morir de hambre a causa de COVID-19, potencialmente más de las que morirán a causa de la propia enfermedad”. Al igual que otras regiones del mundo, América Latina también será testigo de la intensificación de una crisis de hambre ya existente, ya que el número de personas que se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria pasará de 4,3 millones en 2019 a 16 millones en 2020, lo que supone un aumento del 269%.

Desprotegida de los diversos reveses mundiales, Guatemala también está experimentando el dolor de una crisis de hambre exacerbada por la pandemia Covid-19. En junio de 2020, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) escribió lo siguiente acerca de Guatemala: “Con 2,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en todo el país… y otros 2,3 millones de personas directamente afectadas por la crisis de COVID-19, se estima que en los próximos 4 meses, 800.000 personas estarán en situación de grave inseguridad alimentaria y necesitarán asistencia alimentaria”. En junio de 2020, 1,2 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria de emergencia, lo que supone un aumento de 570.000 personas con respecto a principios de año. A finales de mayo de 2020, se notificaron más de 15.000 casos de malnutrición aguda entre los niños, cifra que supera el número total correspondiente al año 2019. En las zonas urbanas y periurbanas, el número de personas que necesitan asistencia alimentaria se duplicará o triplicará en 2020. En Chiquimula, por ejemplo, hay 221 niños con malnutrición aguda, lo que supone un aumento del 56,6% con respecto al año anterior. En el municipio de Camotán, hay 67 casos de malnutrición, un aumento astronómico con respecto a los 18 casos del año anterior.

Angela Naletilic, Subdirectora de Acción contra el Hambre en Centroamérica, dice que

“Más de la mitad de los hogares guatemaltecos tienen dificultades para acceder a los mercados y cuatro de cada diez familias utilizan estrategias de supervivencia que les dejan en peor situación, como agotar sus ahorros o vender algunos de sus activos”.

Debido a las interrupciones en las cadenas de suministro, se ha producido un repunte en los precios de los alimentos en Guatemala, lo que ha llevado al país a una crisis de precios de los alimentos similar a la de 2008, en la que un aumento del 34% en el precio del maíz amarillo sumió a 450.000 guatemaltecos en la pobreza. Como resultado de la pandemia de hambre que se agrava en Guatemala, se han organizado protestas y según un agitador,

“Estamos muriendo no sólo por el virus sino también por el hambre, la pobreza, el olvido del Estado, la explotación de los empresarios y la corrupción de los políticos y los militares”.

La actual crisis de hambre en Guatemala es el resultado de políticas neoliberales de largo plazo, orientadas a la subordinación económica del país como periferia estable del imperio imperialista mundial. A partir de los decenios de 1980 y 1990 aproximadamente, el país ha sido testigo del afianzamiento económico en gran escala de un sistema alimentario neoliberal caracterizado por el crecimiento de los cultivos de agroexportación (principalmente el aceite de palma y la caña de azúcar), la disminución de las tierras para cultivos alimentarios nacionales y una grotesca concentración de tierras en manos de unos pocos. En Guatemala, dos tercios de las tierras agrícolas están dominadas por el 2,5% de las granjas del país, menos del 1% de los terratenientes poseen el 75% de las mejores tierras agrícolas, el 90% de los habitantes rurales viven en la pobreza, el 27% de los habitantes rurales no poseen tierras y más de 500.000 familias campesinas viven por debajo del nivel de subsistencia. El promedio de la tenencia mínima de tierra necesaria para la subsistencia familiar en el país es de entre 4,5 y 7 hectáreas. En 1979, “el 88% de las unidades agrícolas productivas tenían un tamaño inferior al de la subsistencia familiar, con un 16% de tierra cultivable, mientras que el 2% de las unidades poseía el 65% de la tierra cultivable… Entre 1964 y 1979 se duplicó el número de explotaciones de menos de 3,5 hectáreas; entre 1950 y 1979, el tamaño medio de las explotaciones de menos de 7 hectáreas se redujo de 2,4 a 1,8 hectáreas”. Gracias a esta drástica disminución del tamaño de las tierras, aproximadamente el 96% de las unidades agrícolas (que comprenden el 20% de todas las tierras agrícolas) entraron en las categorías de subsistencia o de menos subsistencia en 1998.

Agroindustrialización orientada a la exportación en Guatemala

El debilitamiento de la subsistencia y la seguridad alimentaria por la concentración de tierras ha ido acompañado de la desestabilización de la autosuficiencia del maíz y la consiguiente sustitución de los cultivos alimentarios por cultivos de agroexportación. El maíz en Guatemala se cultiva en un tercio de las tierras agrícolas y representa el 91% de la superficie total de cereales del país. También se utiliza en la elaboración de la milpa, un antiguo sistema policultural de frijoles, maíz y una variedad de verduras autóctonas. En el período 1961-1990, las importaciones de maíz habían representado menos del 4% del consumo total. Desde entonces, las importaciones han aumentado exponencialmente y representan un tercio de la oferta interna. Si bien el 98% del consumo total de maíz de Guatemala durante el decenio de 1980 se produjo en el país, la proporción ha disminuido a un promedio del 76% desde 1990. Este debilitamiento de la capacidad de producción nacional de maíz se ha producido mediante reducciones de los gastos y créditos agrícolas. Entre 1983 y 1987, el crédito estatal para el maíz, los frijoles y el arroz se redujo en un 40%.

La retirada del apoyo estatal a los cultivadores tradicionales de maíz se combinó con la introducción del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) de 2004 para desbaratar las prácticas agrícolas tradicionales. El acuerdo de libre comercio permitió que “la agroindustria estadounidense inundara los mercados con granos subsidiados, socavando aún más la producción local”. La pobreza extrema se disparó en 10 puntos porcentuales entre 2006 y 2014″. Si bien los agricultores de Guatemala dejaron de recibir apoyo alguno del Estado, los cultivadores de maíz de los Estados Unidos siguieron “recibiendo tanto subsidios directos (un promedio de 28.000 dólares por agricultor, lo que equivale a más de cinco veces el PIB per cápita de Guatemala)… como apoyos indirectos (como agua barata para el riego y petróleo barato convertido en fertilizantes)”. Como resultado de esta grave disparidad, las importaciones de Estados Unidos a Guatemala crecieron en un 90% en menos de una década después del DR-CAFTA, las ventas de productos estadounidenses en maíz, trigo y soja alcanzaron los 1.100 millones de dólares en 2014. De 649 toneladas métricas (TM) en 2004, las importaciones de maíz de Guatemala han aumentado a 1600 TM en 2019. En la actualidad, cuatro de las cinco principales exportaciones de Guatemala son productos agrícolas, lo que indica la amplitud económica del DR-CAFTA.

El desmantelamiento sistemático de la producción nacional de maíz ha allanado el camino para la instalación de un modelo agrícola orientado a la exportación que comprende predominantemente el aceite de palma y la caña de azúcar. En 2008, el Gobierno de Guatemala consideró que 1.101.604 hectáreas, es decir, el 37% del total de las tierras agrícolas del país, eran aptas para el cultivo de la caña de azúcar y la palma de aceite. En 2010, se habían plantado 102.000 hectáreas con palma de aceite y la expansión del área de 2000 a 2010 fue del 590%. Entre 2000 y 2016, la producción de aceite de palma en Guatemala se sextuplicó, convirtiéndose en el segundo productor de palma aceitera de América Latina. La expansión de las plantaciones de caña de azúcar en Guatemala se produjo entre 2001 y 2012, lo que dio lugar a un aumento del 55% de la superficie de producción y a un aumento del 46% del volumen de producción. La producción total en 2012 alcanzó los 2,5 millones de toneladas de azúcar, de las cuales se exportó el 61%, y la superficie total ascendió a 256.000 hectáreas. Anualmente, Guatemala produce más de 2,7 millones de toneladas de azúcar, situándose como el segundo exportador de azúcar de América Latina y el cuarto del mundo.

Con la expansión de la palma aceitera y la caña de azúcar, la inseguridad alimentaria ha aumentado. La plantación “de palma aceitera y caña de azúcar en tierras anteriormente dedicadas a la agricultura campesina y capitalista en pequeña escala está erosionando las oportunidades de mano de obra asalariada local porque es mucho menos intensiva en mano de obra… la palma aceitera y la caña de azúcar requieren 52 y 36 días de trabajo por hectárea/año respectivamente, mientras que, por ejemplo, las dos cosechas anuales de maíz requieren 112 y el cultivo de chile 184 días de trabajo”. La sustitución de los cultivos alimentarios “por plantaciones de propiedad corporativa [de aceite de palma y caña de azúcar] disminuye las oportunidades de empleo e ingresos de los productores de maíz en pequeña escala, los comerciantes regionales y los microempresarios”. Estas pérdidas no se compensan suficientemente con los empleos e ingresos que ofrecen las empresas agroindustriales. La afirmación de que la agroindustria altamente capitalizada es una fuente de ingresos adicionales y de empleo no es cierta en el caso de Guatemala”.

La Encuesta Agrícola Anual de Guatemala de 2013 ha encontrado que un crecimiento continuo de la superficie de tierras agroexportadoras en diez años, de 2003 a 2013, ha coincidido con una disminución del 26% del empleo agrícola total. Cuando los ingresos disminuyen, la gente no puede permitirse comprar alimentos y actualmente la mitad de la población no puede permitirse la cesta básica de alimentos. Además de la pérdida de ingresos, el cultivo de la caña de azúcar y la palma de aceite han “contribuido a la desaparición de ciertos alimentos nutritivos… comprometiendo los recursos ecológicos (por ejemplo, el agua, el bosque y los suelos) y aumentando la exposición de la región a las perturbaciones externas (por ejemplo, las fluctuaciones de los precios de la palma de aceite)”. Además, la inseguridad alimentaria se ve exacerbada por la incongruencia escalonada entre las amenazas, choques y tensiones del sistema alimentario (más allá de la comunidad) y las estrategias de adaptación (principalmente dentro del hogar) en relación con el autoabastecimiento y el aprovisionamiento de alimentos en el mercado”.

Violencia, securitización y desastres ambientales

Las plantaciones de aceite de palma y de caña de azúcar, además de conducir a la despeje del mercado, también causan desplazamientos, desastres ambientales, incertidumbre económica y, en consecuencia, inseguridad alimentaria. En el Valle del Polochic, por ejemplo, las negociaciones entre las comunidades campesinas, los organismos estatales y la compañía de caña de azúcar Chabil Utzaj se desmoronaron en marzo de 2011 “ya que al menos 14 desalojos violentos se llevaron a cabo entre enero y marzo de 2011 en tierras reclamadas por la compañía”. Los campos de maíz de la comunidad fueron destruidos en Canlún durante el bombardeo, y los guardias de seguridad privada volvieron a atacar a los campesinos del grupo el 21 de mayo, matando a Oscar Reyes con 12 disparos e hiriendo al menos a otros tres”.

Mediante el uso de la violencia contra los campesinos que cultivaban maíz y otros cultivos alimentarios, la empresa azucarera pudo desplazar a los campesinos de sus propias tierras, eliminar la producción nacional de alimentos en la región, obligar a los campesinos a depender de los alimentos importados para su consumo y explotar el aumento de los precios de los alimentos en el período 2007-2008. Al no disponer de ningún ingreso disponible como resultado de la destrucción de los cultivos, los campesinos desalojados quedaron en un estado de intensa inseguridad alimentaria en el que el aumento de los precios de los alimentos les impidió alcanzar un nivel de subsistencia básico.

Al igual que la caña de azúcar, los monocultivos de aceite de palma también están asociados a los desastres ambientales, la violencia y la inseguridad alimentaria. Un agricultor establecido en el suroeste de Petén habla de cómo las empresas de aceite de palma, a través de su securitización y regulación militarista de las tierras agrícolas, crean barreras para la producción de alimentos: “Cuando quiero ir a mi tierra, no me dejan; tengo que pedir permiso para cosechar mi maíz o sacar leña o madera de construcción. Tengo que dar cuentas de lo que tomo. Esto es lo que la empresa ha hecho. La han convertido en propiedad privada y han plantado palmeras a ambos lados de la carretera y ya no dejan pasar a nadie. Los guardias de seguridad inspeccionan lo que llevo en mi bolso cuando voy a mi campo por la mañana; escriben mi nombre y mi número de identificación y lo repiten también por la tarde”. Muchas veces, las compañías de aceite de palma no tienen el consentimiento de la comunidad y operan sin ninguna licencia gubernamental. Según una persona que vive en el Valle de Polochic,

“En 1996 comenzó el [cultivo] de la palma [aquí], sin el consentimiento de las comunidades … sólo vinieron, plantaron su palma, y pusieron su fábrica. No preguntaron si está bien o qué piensan las comunidades al respecto …. Al principio, dijeron que va a traer desarrollo y que es un buen proceso. Pero la verdad es que no hay desarrollo, sino que es un desastre”.

Junto con la regulación securitizada y la violación del consentimiento libre, previo e informado, la producción de aceite de palma también está vinculada a los desastres ambientales y la contaminación del Río la Pasión en el municipio de Sayaxché es un ejemplo paradigmático de tales catástrofes. En mayo de 2015, las lagunas de oxidación (que contienen desechos de molinos de aceite y productos químicos para fertilizantes y plaguicidas) de la empresa Reforestadora de Palma S.A. (REPSA), filial del mayor productor de aceite de palma de Guatemala, el grupo Olmeca, se desbordaron debido a las fuertes lluvias y derramaron su contenido (principalmente malatión) en las zonas circundantes. Como resultado de este desbordamiento, se produjeron cuatro efectos graves: “1) un tramo del río [Río la Pasió] de al menos 150 km de longitud dañado; 2) entre 13 y 17 comunidades [del municipio de Sayaxché] directamente afectadas (más de 12.000 personas) junto con, indirectamente, todo el departamento [de Petén]; 3) poblaciones de peces de al menos 23 especies identificadas por una institución gubernamental diezmadas como resultado del derrame tóxico; y 4) la posibilidad de que el ecosistema del río nunca se recuperara”.

De las 23 especies diezmadas por el derrame, seis eran especies en peligro de extinción y seis tenían valor económico para las comunidades. Con la muerte de los peces de valor económico, se ha producido una pérdida concomitante de 8 millones de euros. Además de las pérdidas ecológicas y económicas, el desbordamiento de malatión ha tenido un fuerte impacto en las comunidades que viven en el departamento de Petén, ya que la exposición al producto químico “interfiere con el funcionamiento normal de los nervios y el cerebro; y la exposición a niveles muy altos en el aire, el agua o los alimentos durante un corto período de tiempo puede causar falta de aliento, opresión en el pecho, vómitos, calambres, diarrea, visión borrosa, sudoración excesiva, mareos, inconsciencia y muerte”. Al fundir y sincronizar los efectos omnipresentes del derrame de malatión, Saúl Paau, un líder de la comunidad, lo caracteriza como un crimen contra la humanidad:

“Podemos calificar el caso como un crimen contra la humanidad, porque no sólo se están matando varias especies de nuestros ríos, sino que el río es parte de nuestra cultura histórica, es parte de nuestro territorio, nos alimentamos de él, y con la contaminación y la mortandad de peces hoy se viola la seguridad alimentaria de todos y cada uno de los 116 mil habitantes que viven en los municipios de Sayaxché… El tema de la ruptura del ecosistema y el medio ambiente no es sólo el agua y los peces, es el aire, es la salud humana, la salud ambiental”.

La catástrofe ecológica en el municipio de Sayaxché estuvo en ciernes durante muchos años, ya que el proyecto de aceite de palma de REPSA no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y a pesar de ello el Estado guatemalteco permitió que la empresa llevara a cabo sus operaciones. Américo González López, Alcalde de la Cooperativa Manos Unidas, habla de cómo el proyecto de aceite de palma de REPSA en el municipio de Sayaxché fue defectuoso desde el principio y tenía la protección del Estado para cualquier saqueo que hiciera en la región: “Este caso [la contaminación del Río la Pasió] prueba que el MARN [Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales] ha fracasado y que el municipio ha fracasado. No se consultó a la población de la zona sobre el proyecto a pesar de que era un proyecto de gran impacto ambiental. ¿Cómo es posible que no se haya previsto este tipo de situación? ¿O que ahora el gobierno no sepa qué hacer para mitigar el daño causado? Esto demuestra que las EIS no eran reales. Ellos monopolizan el agua. Desvían el agua del río a sus invernaderos o para regar las palmeras, y los ríos se están secando. En los 48 años que he vivido aquí, nunca he visto niveles de río tan bajos. Los abrevaderos de nuestros pastos se han secado y eso nunca había ocurrido antes. Quitaron demasiados árboles, y ahora están usando demasiada agua.” La perturbación de la dinámica hidrológica por las empresas de aceite de palma no es un hecho aislado y la destrucción de los equilibrios hídricos forma parte de la producción de aceite de palma, que tiene una necesidad de agua extremadamente elevada de 5500 m3 /tonelada de rendimiento de los cultivos, aproximadamente cinco veces la del maíz.

Varias organizaciones han intentado protestar contra el pillaje no comprometido de REPSA y llamar la atención sobre el daño ecológico irreparable que está haciendo la empresa. Por ejemplo, un grupo comunitario local llamado Comisión para la Defensa de la Vida y la Naturaleza emprendió acciones legales y obtuvo un fallo judicial que calificó el derrame como un “ecocidio” y pidió a la empresa que suspendiera las operaciones durante seis meses en la plantación de palma de Sayaxché en Petén. Pero estas decisiones judiciales han sido revocadas por la violencia vinculada a RESPA. Tras el fallo judicial, tres defensores del medio ambiente fueron secuestrados y un cuarto activista, llamado Rigoberto Lima Choc, un maestro de escuela de 28 años de Champerico que había presentado la denuncia, fue asesinado. Después de esta oleada de violencia, REPSA continuó con su negocio de aceite de palma. Junto con la violencia manifiesta, REPSA también está utilizando plataformas de información, tácticas de confrontación y estrategias de securitización para sofocar la resistencia a largo plazo contra sus operaciones ambientalmente desastrosas. Lorenzo Pérez, Coordinador del Consejo Nacional de Personas Desplazadas de Guatemala, dice,

“Otras empresas se sientan en la mesa de diálogo y son más respetuosas, pero REPSA no quiere reunirse con la gente. Tienen personal de seguridad que toma videos y fotos de los periodistas. Actualmente están acosando a los periodistas y tienen una campaña de radio de REPSA para convencer a la gente de su buena imagen. La gente es consciente del impacto que tienen, pero para mantener su trabajo, no dicen nada. Hace algún tiempo, cuando 15 trabajadores intentaron formar un sindicato, fueron despedidos”.

Mientras tanto, el pueblo de Sayaxché sigue sufriendo el ecocidio y la declaración de María Margarita Hernández de Herrera, una mujer maya q’eq’chi de 45 años de edad, que vive con su marido y sus tres hijos en el pueblo de Canaán, en Sayaxché (Petén), expresa las repercusiones a largo plazo de la contaminación del río para los medios de vida de muchos:

“Esta [contaminación del río] es lo más difícil para una comunidad que vive rodeada de plantaciones [de aceite de palma], porque hemos perdido las tierras en las que solíamos cultivar nuestros productos; y con la contaminación del río, ya no podemos pescar y preparar la pesca junto al río para comer con nuestros frijoles. Todo el medio ambiente está contaminado porque ahora tenemos constantes infestaciones de moscas en nuestros alimentos, en nuestros frutos, por lo que tenemos que tener especial cuidado de que los niños no se enfermen. Vemos que el color y el olor del río ha cambiado; nuestras fuentes de agua han disminuido; y cuando lavamos nuestra ropa y bañamos a nuestros niños en el río, tenemos lesiones en la piel, diarrea, náuseas”.

En su informe anual de 1989, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) culpó a las políticas de ajuste estructural del decenio de 1980 de la muerte de cientos de miles de niños en el Sur global. En lugar de utilizar una jerga insípida, entumecida y burocrática, había utilizado términos inequívocos para condenar la crueldad de los programas de ajuste estructural:

“Es esencial despojarse de las sutilezas del lenguaje económico y decir que lo que ha sucedido es simplemente un ultraje contra un gran segmento de la humanidad. La deuda del mundo en desarrollo, tanto en la forma en que se contrajo como en la forma en que se está ‘ajustando’ es una mancha económica en la segunda mitad del siglo XX. Permitir que los problemas económicos mundiales se lleven a cabo en las mentes y cuerpos en crecimiento de los niños pequeños es la antítesis de todo comportamiento civilizado. Nada puede justificarlo. Y nos avergüenza y nos disminuye a todos”.

Las palabras utilizadas por el UNICEF en 1989 resuenan con la situación actual de Guatemala. En este país, la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años es una de las más altas del mundo, con un 46,5% a nivel nacional. La tasa de retraso en el crecimiento se eleva al 70% en algunos departamentos y al 90% en los municipios más afectados. En 2019, la inseguridad alimentaria se ha agravado, ya que se ha perdido más del 78% de la cosecha de maíz y frijoles en el año, lo que afecta a 250.000 personas. La malnutrición infantil también aumentó del 60% en 2016 al 69% en 2019. Silveria Pérez, madre de cuatro hijos que vive en una comunidad rural guatemalteca, dice,

“Se le dice que su hijo está desnutrido. Te asustas y te preguntas si tu hijo va a morir. No puedes dormir porque estás pensando en lo que puedes hacer. Pero como no tienes dinero, no hay forma de que mejore”.

Todo esto se agravará en los próximos meses a medida que el capitalismo neoliberal, incapaz de mirar más allá de los estrechos horizontes de la maximización de los beneficios, no consiga hacer frente a la crisis del hambre y se convierta en “un ultraje contra un gran segmento de la humanidad”.

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The original source of this article is Global Research

Copyright © Yanis Iqbal, Global Research, 2020


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