Obligando a los activistas ambientales y a los líderes mapuches al silencio en Chile

by Ramona Wadi

En un caso que se hace mucho eco de la muerte de la activista medioambiental Macarena Valdés en 2016, dos mujeres mapuches, una madre y su hija, fueron descubiertas muertas en su casa de Ercilla, en el sur de Chile. Iris Rosales Quiñilén y Rosa Quintana Rosales fueron declaradas suicidas por ahorcamiento, en un país en el que se está convirtiendo en una tendencia encontrar activistas medioambientales que supuestamente se suicidan de la misma manera y en circunstancias similares; es decir, resistiendo la explotación del territorio indígena.

En la región de la Araucanía en Chile, objetivo del presidente Sebastián Piñera para la modernización – es decir, la explotación de la tierra y sus recursos naturales – ha aumentado la violencia contra la población mapuche, que es el principal obstáculo, desde el punto de vista del gobierno, que impide la industrialización. El supuesto suicidio de estas dos mujeres mapuches, al igual que el de Valdés, se produjo en un contexto político en el que la resistencia en materia de derechos de tierras es criminalizada por el Estado chileno.

Militarizar una región para aplacar a las empresas multinacionales que buscan explotar los recursos de Chile es una prioridad gubernamental. Es en este contexto que el pueblo mapuche exige una investigación exhaustiva de la muerte de Quiñilén y Rosales, que no se ha producido en el vacío sino como parte de un ataque generalizado contra los mapuches, incluyendo las violaciones de los derechos humanos de los presos políticos mapuches.

En su comunidad, Quiñilén estuvo al frente de la movilización contra la militarización de la Araucanía. En 2016, Valdés participaba en manifestaciones contra el desarrollo de una central hidroeléctrica en el río Tranquilo, un proyecto de la empresa austriaca RP Global. El único testigo de la muerte, o posiblemente del asesinato, de Valdés es su hijo, que sólo tenía dos años en ese momento. La planta de energía se instaló sin más interrupciones, pero muchas preguntas siguen sin respuesta en cuanto a cómo murió Valdés. El experto forense Luis Ravanal ha desacreditado la versión oficial de los hechos – Valdés había sido asesinado antes de ser colgado.

Quiñilén y Rosales han muerto en circunstancias similares – movilizándose contra la usurpación de tierras por parte de gobiernos y multinacionales. El posible asesinato de estas dos mujeres mapuches es un duro recordatorio para la comunidad de que mientras haya resistencia en la Araucanía, habrá impunidad en cuanto a la violencia contra el pueblo mapuche.

Los gobiernos chilenos desde la transición democrática tras la caída de la dictadura de Augusto Pinochet han mantenido las leyes antiterroristas y la criminalización de la resistencia mapuche. A través de esta narración de la resistencia como supuesto terror, los gobiernos han cultivado la impunidad para los perpetradores de la violencia contra los mapuches, como se vio recientemente en la escalada de violencia contra los indígenas por parte de los grupos de derecha y la policía chilena.

Un caso que tuvo resonancia internacional y que impulsó a la ONU a enviar una misión de investigación a la Araucanía fue la huelga de hambre iniciada por el líder espiritual mapuche Celestino Córdova, encarcelado durante 18 años por el presunto asesinato de una pareja de terratenientes en 2014 durante un ataque incendiario. Es muy poco probable que las Naciones Unidas intervengan en Chile para proteger los derechos del pueblo mapuche; después de todo, la institución está construida sobre los restos del colonialismo.

Sin embargo, la discrepancia en la escasa atención de la ONU hacia el pueblo mapuche es evidente. Un caso que ha atraído la atención internacional y que también implica aperturas diplomáticas debido al aspecto humanitario tendrá una precedencia momentánea. No puede decirse lo mismo de Quiñilén y Rosales, y de otros activistas mapuches y ambientalistas que fueron encontrados muertos en la horca inmediatamente después de su participación en la resistencia a la industrialización de su territorio.

El gobierno chileno tiene mucho que responder, y no sólo en lo que respecta a la aplicación de las leyes antiterroristas de Pinochet exclusivamente a los mapuches. Los patrones de estos posibles asesinatos se han vuelto demasiado predecibles. Emitiendo declaraciones que contradicen la secuencia de eventos, el gobierno chileno está protegiendo a los perpetradores y proporcionando un ambiente donde la violencia y el asesinato pueden prosperar sin cesar.


Ramona Wadi es una investigadora independiente, periodista independiente, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan una gama de temas en relación con Palestina, Chile y América Latina.

Este artículo se publicó originalmente en Strategic Culture Foundation

Foto principal: © Photo: REUTERS/Jose Saavedra


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