América del Sur: El Acuerdo de Escazú requiere un cambio en la política regional

by Ramona Wadi

Teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente, el Acuerdo de Escazú, una iniciativa de los países de América Latina y el Caribe, trata de regular las normas regionales en materia de protección del medio ambiente. Igualmente importante es el objetivo del tratado de proteger a los activistas y defensores del medio ambiente, así como garantizar la inclusión de las personas o comunidades marginadas.

La iniciativa fue liderada por Chile y Costa Rica, sentando las bases para un tratado de derechos humanos a nivel regional. En septiembre de 2018, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, Chile se retiró del acuerdo, sólo tres meses después de que un informe de Global Witness señalara que América Latina tenía el mayor porcentaje de activistas medioambientales asesinados, un asombroso 60 por ciento.

La Argentina votó recientemente para ratificar el Acuerdo de Escazú, sumándose a Antigua y Barbuda, el Ecuador, Bolivia, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Guyana y el Uruguay. El tratado necesita que un país más se adhiera a él para poder aplicarse en la región. Si bien se ha cerrado la ventana de oportunidad para la firma a nivel regional, los países todavía pueden ratificar el acuerdo por conducto de las Naciones Unidas.

Chile, que ayudó a redactar el tratado bajo la presidencia de Michelle Bachelet, se ha negado una vez más a firmar el acuerdo, y Piñera lo calificó de “inconveniente” debido a la posibilidad de que el país se enfrente a acciones judiciales internacionales por delitos y conflictos ambientales. Varios activistas medioambientales han sido encontrados muertos en Chile tras la retirada de Piñera del acuerdo, lo que hace sospechar que los individuos fueron blanco de los intereses estatales y multinacionales.

La ratificación de Argentina es importante para la región. La marca de moda italiana Benetton es propietaria de 2,2 millones de acres de tierra que es considerada territorio ancestral por el pueblo indígena mapuche. La compra tuvo lugar en 1991, cuando la adopción del neoliberalismo por parte del gobierno argentino impulsó la privatización de la tierra. Desde finales del siglo XIX, el territorio mapuche fue atacado y el pueblo expulsado, iniciándose así el desequilibrio de poder entre el Estado y la población indígena.

A pesar de que la ley argentina reconoce los derechos ancestrales del pueblo mapuche a la tierra, el Estado y los intereses corporativos tienen primacía sobre esos derechos. Como sucede en otras partes de América Latina, la complicidad entre los Estados y las empresas multinacionales ha dado lugar a la militarización y la titulización de las tierras indígenas, la criminalización de la resistencia indígena, así como a los ataques contra los activistas medioambientales e indígenas; Argentina ha sido objeto de un intenso escrutinio por el asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado. Maldonado había participado en protestas contra Benetton en las que los mapuches reclamaban sus derechos ancestrales a las tierras ocupadas.

Si bien el Acuerdo de Escazú busca una mayor participación civil en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, así como la protección de los activistas, es imperativo un cambio en la política. La protección otorgada a las empresas multinacionales, así como a grupos de presión influyentes, como la agroindustria en el Brasil y los proyectos hidroeléctricos en Chile, por ejemplo, ha dado lugar a una impunidad generalizada. Para que el Acuerdo de Escazú alcance su pleno potencial, es inevitable que se produzca un reconocimiento político de los derechos humanos, no sólo por parte de los países que se han negado a ratificarlo, sino también por parte de los que lo han firmado y siguen operando con una discrepancia entre la protección y la violación en nombre del beneficio.

También es imposible negar el vínculo entre el pasado dictatorial de América Latina y la impunidad actual. Décadas de dictaduras que dieron paso a las políticas neoliberales han dejado a los pueblos explotados por gobiernos cuya principal prioridad ha sido utilizar las tácticas de las dictaduras bajo un régimen democrático. El acceso a la información sobre cuestiones ambientales, que forma parte del Acuerdo de Escazú, es un anatema para los gobiernos que dependen de la explotación de la tierra y la corrupción. La seguridad de los ciudadanos no es lo que busca un gobierno corrupto, de ahí la necesidad de considerar el Acuerdo de Escazú en el contexto de la política local y regional, para evitar que sus objetivos sean anulados por empresas lucrativas a expensas de los civiles.


Ramona Wadi es una investigadora independiente, periodista independiente, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan una gama de temas en relación con Palestina, Chile y América Latina.

Este arículo fue publicado originalmente en Strategic Culture Foundation


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