Bolivia necesita protegerse contra una mayor intervención de EE.UU.

by Ramona Wadi

Bolivia ha logrado anular la agenda neoliberal que Estados Unidos intentó imponer a la nación en el golpe de Estado de 2019, que derrocó al ex presidente Evo Morales para instalar a la ultraderecha Jeanine Añez como presidenta o dictadora. Mientras Chile lidiaba con su violencia de estado, el golpe boliviano estaba en las calles ejerciendo su venganza sobre la población indígena del país. Durante meses, los bolivianos protestaron contra la violencia estatal y la represión policial. Ahora el nuevo gobierno tiene la obligación de llevar a los autores ante la justicia, y al mismo tiempo de desandar el camino de Bolivia hacia su progreso revolucionario.

La propaganda dominante intentó justificar el golpe difundiendo una falsa narración del pueblo que rechazaba el gobierno de Morales. Sin embargo, al enfrentarse a una elección entre los dos principales candidatos, el ex presidente de la derecha Carlos Mesa y el ex ministro de Economía del MAS Luis Arce, los votantes optaron por un futuro gobierno que ha rechazado sistemáticamente la interferencia estadounidense e internacional. Las elecciones dieron al MAS una victoria rotunda, con un margen más grande que las elecciones de 2019 en las que fue elegido Morales.

Arce tomará oficialmente el poder en diciembre de este año. El candidato al Senado Leonardo Loza describió así el próximo camino hacia la justicia: «No seremos un gobierno de persecución. Pero no habrá olvido ni perdón para los que murieron en Senkata y Sacaba durante el golpe de 2019.»

En Senkata y Sacaba, al menos 19 personas fueron asesinadas por los militares después del golpe. Además, el golpe instigó un clima de represión y violencia extremas, que recuerda las prácticas dictatoriales anteriores en la propia Bolivia y en América Latina.

Según se informa, Añez ha pedido a los Estados Unidos que proporcione 350 visados para los funcionarios implicados en el golpe de 2019, en un intento de evitar su enjuiciamiento. Tan pronto como la victoria del MAS fue evidente, Añez reconoció el resultado electoral y pidió al partido socialista «gobernar teniendo en cuenta a Bolivia y la democracia».

La democracia también requiere justicia. La petición de Añez, sin duda parte de la narrativa estadounidense de «restaurar la democracia en Bolivia» aunque sea a través de un golpe de Estado que lleve a la dictadura, aún no había diferenciado entre la democracia popular y la violencia neoliberal coercitiva, siendo esta última la marca que su gobierno promovía y que el pueblo rechazaba tan claramente.

Arce también ha pedido la dimisión de Luis Almagro, el jefe de la OEA que alegó fraude electoral en las elecciones de 2019, en las que Morales volvió al poder. El llamado a la renuncia es regional: los intereses creados de Almagro en promover la agenda de EE.UU. abren América Latina a la interferencia imperialista. «No debería haber interferencia en los asuntos internos de un país. Si Almagro hizo eso en Bolivia, imagínate, puede hacerlo con cualquier otro país, y no podemos permitir eso», explicó Arce. Morales también declaró que emprendería una acción judicial contra Almagro.

Las elecciones bolivianas han ilustrado la centralidad de los movimientos sociales en el proceso político. Mientras que el golpe intentó empujar a los indígenas a la periferia, las elecciones proporcionaron una oportunidad para revertir los cambios deseados y previstos por los EE.UU., y un fuerte retorno al MAS. Sin embargo, el nuevo gobierno se enfrenta a la tarea de frenar a los grupos reaccionarios de derecha que son apoyados por los EE.UU.

Sin embargo, el triunfo electoral no significa el fin de la intervención de los Estados Unidos en el país. Se sabe que los Estados Unidos han utilizado diversas tácticas para instigar la violencia y los disturbios en América Latina, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. El ejército y la policía aún no han probado completamente su lealtad al nuevo gobierno y en contra de las designaciones de EE.UU. en Bolivia. Añez también sometió al país a un préstamo del FMI de 327 millones de dólares. La solidaridad regional e internacional con Bolivia es imperativa para aislar la interferencia de EE.UU. y permitir que Bolivia se reconstruya a sí misma de las privaciones que marcaron el comienzo de un solo año de gobierno de la dictadura respaldada por EE.UU.


Ramona Wadi es una investigadora independiente, periodista independiente, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan una gama de temas relacionados con Palestina, Chile y América Latina.

Este artículo se publicó originalmente en Strategic Culture Foundation


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