por Carlos Echazú Cortéz

Evo Morales ha denunciado que el general Sergio Orellana, que fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nombrado por la autoproclamada Añez, hasta el último momento, trató de impedir la posesión de Luís Arce como presidente de Bolivia, tras su arrollador triunfo electoral del 18 de octubre.

La denuncia es altamente creíble por varios motivos. Por un lado, es sabido que el ex presidente indígena mantiene contactos con sectores adeptos al proceso de cambio dentro de las fuerzas armadas y obviamente es informado por ellos sobre las tendencias que se presentan al interior de esa institución. Difícil saber la dimensión de estos sectores, pero de su existencia no debería caber duda, toda vez que desde el anonimato lo han hecho saber al público.

Por otro lado, una vez que se conoció la victoria electoral del MAS y los sectores conservadores y golpistas se recuperaron de su desazón, realizaron vigilias en las puertas de algunos recintos militares pidiendo a éstos que desconozcan el resultado electoral y conformen una junta militar de gobierno. Aunque en apariencia, esas manifestaciones no eran más que el exabrupto de pequeños grupos religiosos fanatizados, habían dos detalles en esas «movilizaciones» a los que había que prestar atención. Primero, allí estaba presente la esposa del entonces ministro de defensa Luis Fernando López, lo que quiere decir que los sectores mas fascistas del gobierno estaban impulsando esas movidas. Segundo, entre los movilizados habían varios ex militares del sector pasivo. Al respecto es preciso comprender que los militares se expresan en el debate público a través de los militares jubilados, dado que no pueden hacerlo abiertamente debido a que la constitución les prohíbe deliberar. Por esta razón, resulta obvio concluir que los sectores más reaccionarios de la jerarquía castrense estaban detrás de esas movilizaciones. Los militares hacían entonces esas movilizaciones pidiéndose a sí mismos que intervinieran desconociendo la victoria del MAS en las elecciones. Se trataba pues de un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la población ante semejante demanda.

Todas estas consideraciones llevan a pensar que es muy cierto que los militares evaluaron, hasta el último momento, dar un segundo golpe de estado, y evitar así que se iniciaran procesos de investigación sobre las masacres perpetradas en Sacaba y Senkata durante la gestión del régimen de la autoproclamada Añez.
La pregunta es ¿qué fue lo que evitó ese golpe? O mejor dicho ¿por qué no se atrevieron a intervenir nuevamente ?

Esto nos lleva a realizar un análisis de las circunstancias en ese momento, con finalidad de extraer enseñanzas que puedan servir posteriormente ante eventualidades similares en un futuro cercano, que sería un grave error descartarlas. 

En primer lugar, los golpistas tuvieron que haber considerado el panorama internacional para evaluar cual podría ser la receptividad de un golpe, al que sería mucho más difícil darle una careta democrática. Entonces comprendieron que sus padrinos en Estados Unidos ya no estarían dispuestos en acompañarles, menos financiarles, una nueva aventura golpista. La administración Trump está ya de salida, pretendiendo luchar por su propia supervivencia al no poder sustentar esas mismas acusaciones de fraude, imitando a sus pupilos bolivianos. Por su parte, la emergente administración Biden, tampoco podría estrenarse apoyando la denuncia de fraude en Bolivia, mientras está ridiculizando esas mismas denuncias de su adversario Trump.

Así pues, el plano internacional se les presentaba completamente adverso. Todos los regímenes conservadores de la región están atrapados en sus propios problemas, como para apoyar una nueva aventura en Bolivia, en la que tendría que desconocerse un triunfo electoral abrumador, sin que existiese el mínimo indicio y además habiendo los mismos golpistas designado al tribunal electoral. En esta oportunidad, ni siquiera la OEA los acompañaría en ese despropósito. Por todas estas razones, el régimen militar y doblemente golpista estaría completamente aislado en el ámbito internacional.

En el plano interno, la situación no sería distinta. El bloque golpista del año pasado está ahora fracturado. Mesa y su Comunidad Ciudadana, los principales contendores electorales, ya habían reconocido el triunfo del MAS. La aventura golpista tendría que desarrollarse sin ellos, lo que la presentaba como una opción política ajena a las dos fuerzas electorales más significativas del país que sumadas alcanzan al 83 % del electorado. La idea, en la que tendrían que sustentarse, así como la que esbozaban los grupos manifestantes en las puertas de los recintos militares, era que el fraude la hizo el MAS en confabulación con el Tribunal Electoral, el Gobierno y el mayor frente opositor al MAS, Comunidad Ciudadana. La idea sonaba ya delirante de locura.

La única fuerza política que pudo haber acompañado a los militares es el frente CREEMOS, de Camacho y el fascista comité cívico de Santa Cruz, pero incluso para ellos resultaba complicado, puesto que sus diputados electos ya habían comenzado a recibir sus credenciales aceptando de hecho el triunfo del MAS.

Por su lado, DEMÓCRATAS, la otra fuerza de derecha radical del oriente del país, difícilmente se aventuraría a comprometerse en otro golpe, pues es la fuerza que más debilitada salió del gobierno de Añez, gravemente desprestigiada por la corrupción pandémica que caracterizó a ese régimen. Teniendo esperanzas de mantenerse vigente en la arena política, especialmente para las elecciones subnacionales del próximo año, hubiera significado un suicidio apoyar un nuevo golpe. Así pues los golpistas quedaron completamente aislados.

Sin embargo, el análisis del porqué los golpistas desistieron de su segunda aventura está incompleto si no se considera la reacción que el golpe hubiera tenido en los sectores populares de la sociedad, aquellos que mayoritariamente votaron por el MAS.

El hecho es que, el movimiento popular venía de una importante movilización en el mes de agosto para evitar que el gobierno golpista de Añez continuara postergando la fecha de elecciones. En esas luchas, las organizaciones sociales campesinas paralizaron el país con multitudinarios bloqueos de caminos obteniendo un triunfo resonante ante las pretensiones prorroguistas del régimen. Lo más importante de esas movilizaciones es la recuperación de la capacidad movilizadora del movimiento popular después de la derrota con el Golpe de Estado de noviembre del año pasado. Tan grande fue la conciencia de esa recuperación que el movimiento fue levantado como un cuarto intermedio, con la advertencia de volver a la lucha si se pretendía nuevamente postergar las elecciones.

Esta predisposición del movimiento popular a retornar a la lucha tuvo que estar presente en la evaluación de los golpistas al momento de decidir si iban o no a su segunda aventura. No necesitaban ser adivinos para prever que el bloqueo de caminos se reiniciaría con mayor fuerza aún. Sobreponerse a este movimiento hubiera significado cometer nuevas y mayores masacres. Es decir, hubieran promovido un nuevo golpe para evitar ser procesados por las masacres que cometieron y hubieran concluido su aventura cometiendo nuevas matanzas.
No es pues difícil advertir que su empresa hubiera tenido patas cortas  con resultados agravantes para ellos.

Por todas estas razones importa concluir en que si el nuevo golpe no tuvo consenso dentro de las fuerzas armadas no es porque en su jerarquía predominen elementos democráticos. Más bien el golpe no tuvo consenso porque desde un principio estaba destinado al fracaso.

La principal enseñanza de todo esto radica en la convicción del pueblo boliviano de hacer justicia con los masacradores. Eso llena de pavor a los golpistas y más allá que en determinados momentos los tiente a emprender nuevas aventuras, al final actúa como un factor atemorizante para ellos. La justicia puede tardar, pero llega.

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