En Chile se criminaliza la resistencia y se absuelve a los autores de crímenes contra la humanidad

by Ramona Wadi

En noviembre pasado, las organizaciones de memoria y derechos humanos de Chile, así como los familiares de las víctimas de la dictadura, sufrieron un nuevo golpe con la decisión de los tribunales chilenos de absolver a 60 ex agentes de la DINA de su papel en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de 16 Militantes de la Izquierda Revolucionaria (MIR), entre 1974 y 1975. La Operación Colombo, o el Caso del 119, como también se conoce, fue una operación clandestina de la dictadura que buscaba localizar y eliminar las fuerzas socialistas que se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet apoyada por los Estados Unidos. El encubrimiento utilizado por la dictadura incluía a los medios de comunicación de derecha, que culparon de su desaparición a las luchas internas entre los propios militantes.

Entre los agentes absueltos se encuentra Miguel Krassnoff Martchenko -un nombre notorio entre los supervivientes de la tortura que, según los testigos, incluso se negó a ocultar su identidad durante la tortura, y una figura heroica entre los partidarios de la derecha de Pinochet que han idolatrado la imagen de Krassnoff y lo han pintado erróneamente como un prisionero «por servir a Chile».

Décadas después de la Operación Colombo, los tribunales de Chile siguen teniendo problemas para sancionar a los autores de crímenes de lesa humanidad. El abogado Nelson Caucoto Pereira describió la sentencia del tribunal chileno como una «violación de los principios de proporcionalidad» en relación con el derecho internacional de los derechos humanos y se preguntó además cómo puede el Estado chileno garantizar que no se repitan los mismos delitos.

Las protestas que se desencadenaron por el aumento de las tarifas de los autobuses en octubre de 2019 y que se extendieron rápidamente por todo Chile, donde la nación pidió que se pusiera fin a la constitución de la dictadura y que el Presidente chileno Sebastián Piñera dimitiera, han ilustrado el concepto de violencia de Estado de Chile y cómo éste emula las tácticas de la dictadura. La imposición de un toque de queda militar, aparentemente para proteger a los civiles, incluso cuando el Estado permitía que sus actores, en particular la policía y los militares, desencadenaran la violencia contra los chilenos, muchos de los cuales han sido permanentemente mutilados con balas de goma disparadas directamente a los ojos.

El lunes, Piñera anunció que no perdonará a los chilenos que fueron detenidos por la policía debido a su participación en las manifestaciones.

A medida que se intensificaba el escrutinio internacional sobre Chile en los primeros días de las protestas, Piñera intentó reescribir la narración de las protestas alegando que el estado de emergencia era necesario para restablecer el orden en el país. Más tarde, cuando los chilenos compararon las medidas del Estado con la época de la dictadura y las imágenes de la violencia estatal desenfrenada se hicieron accesibles en los medios de comunicación social, Piñera trató brevemente de distanciar al gobierno de los militares, declarando su desacuerdo con las tácticas utilizadas pero sin proteger a los civiles ni proporcionar los recursos básicos para los detenidos. Las violaciones de los derechos humanos, incluidos los abusos sexuales, los asesinatos y las desapariciones forzadas, fueron documentadas por las organizaciones de derechos humanos.

La reciente declaración de Piñera se realizó tras las nuevas manifestaciones de chilenos cerca del palacio presidencial La Moneda, reclamando reformas en los fondos de pensiones, a las que el gobierno chileno se opone rotundamente, a pesar de las crecientes desigualdades dentro de la sociedad.

Los legisladores que propusieron el proyecto de ley de indulto a los manifestantes han yuxtapuesto la voluntad de Piñera de indultar a los agentes de la DINA acusados de crímenes contra la humanidad, mientras que se niegan a indultar a los manifestantes que piden una reforma social y política.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Chile ha presentado una denuncia, acompañada de pruebas, sobre la brutalidad de la policía chilena, incluyendo el uso de productos químicos, durante las protestas. A principios de este mes, el ex director de la Policía Militar de Chile testificó ante el tribunal sobre 36 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo el empujón de un adolescente chileno desde un puente al río Mapocho en Santiago, que ocurrió bajo su mando.

A la luz de las continuas violaciones, el voto del pueblo chileno para terminar con la constitución de Pinochet se encontrará con considerables dificultades. Hasta ahora, desde la transición a la democracia, el legado de Pinochet ha servido bien a los gobiernos elegidos democráticamente, en particular las leyes antiterroristas que han sido utilizadas para criminalizar la resistencia, sobre todo entre las comunidades mapuches. Con los tribunales y el gobierno buscando claramente la impunidad de los autores, incluidos los actores estatales, queda por ver cómo la nueva constitución salvaguardará en última instancia los derechos de quienes más necesitan protección, de las mismas entidades a las que se ha confiado una nueva legislación para el país.


Ramona Wadi es una investigadora independiente, periodista independiente, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan una gama de temas relacionados con Palestina, Chile y América Latina.

Este artículo fue publicado originalmente en Strategic Culture Foundation


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