Las víctimas de Bolivia son víctimas de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, y la violencia política financiada por Estados Unidos debería compartir igualmente el foco de atención que ahora pone de relieve el efímero legado de violaciones de derechos humanos de Añez en Bolivia.
by Ramona Wadi
Un informe de 471 páginas elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) presentado recientemente al presidente boliviano, Luis Arce, en La Paz el martes de esta semana, confirma la persecución de los opositores por parte del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, incluyendo «torturas sistemáticas y ejecuciones sumarias» en 2019. El informe se basa en entrevistas con 400 víctimas del régimen de Añez y otros testigos, así como en 120.000 expedientes relacionados con abusos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Los hallazgos llevaron a los fiscales bolivianos a acusar a la autodenominada «líder interina» Jeanine Añez de genocidio. Añez enfrenta cargos por las masacres de Sacaba y Senkata, donde 20 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
Cuando se anunció su detención en marzo de este año, Añez tuiteó: «Me envían a prisión durante cuatro meses para esperar un juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió».
Sin embargo, Estados Unidos se apresuró a reconocer a Añez como presidenta interina, así como a respaldar el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019, que alegaba fraude electoral en Bolivia con la intención de mantener a Evo Morales en el poder.
El discurso del exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en la oficina de la OEA en Washington ofrece un resumen bastante sucinto de la injerencia de Estados Unidos en América Latina: una narrativa retorcida de supuesta intención democrática que se filtra desde Estados Unidos, cuando los hechos hablan de lo contrario. Pompeo habló del papel de EE.UU. en el reconocimiento de Juan Guaido como presidente interino de Venezuela y de cómo los miembros de la OEA siguieron su ejemplo, así como de una visión histórica que intentó desfigurar los movimientos de izquierda en América Latina en los años 70 y 80 por «producir represión para los suyos en casa».
Pompeo también describió a Cuba, Nicaragua y Venezuela como los países a través de los cuales «enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad en nuestro hemisferio», antes de pasar a elogiar a la OEA por su papel en el derrocamiento de Morales. Y como es típico de Estados Unidos, con su largo historial de apoyo a los golpes militares en la región, no se pronunció ni una palabra sobre la persecución de los indígenas en Bolivia por parte de Añez.
Sin embargo, el informe de la OEA fue denunciado por el New York Times por haberse «basado en datos incorrectos y técnicas estadísticas inadecuadas». El codirector del Center for Economic and Policy Research, Mark Weisbrot, declaró: «Si se permite que la OEA y el secretario general Luis Almagro vuelvan a salirse con la suya con semejante falsificación de los resultados de sus observaciones electorales por motivos políticos, esto amenaza no sólo la democracia boliviana, sino la democracia de cualquier país en el que la OEA pueda participar en elecciones en el futuro.»
El informe del GIEI ha establecido que el régimen de Añez cometió ejecuciones sumarias, torturas y violencia sexual contra los indígenas. A través del informe, se revisaron las masacres de Sacaba y Senkata, que volverán a formar parte del recuerdo más reciente de la violencia respaldada por Estados Unidos en Bolivia. Apenas un día antes de las masacres de Sacaba, el 14 de noviembre de 2019, Añez firmó un decreto que establecía la impunidad de las fuerzas armadas de Bolivia.
A diferencia de la forma apresurada en que la Administración Trump había reconocido a Añez como líder legítimo de Bolivia, Estados Unidos se resiste a comentar las conclusiones del informe del GIEI, que establece que el régimen respaldado por Estados Unidos ha cometido violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en marzo de este año, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, emitió una declaración tras la detención de Añez, en la que afirmaba estar «profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y politización» en relación con la búsqueda de justicia en Bolivia.
No se puede esperar que Estados Unidos apoye la búsqueda de justicia en Bolivia. Sin embargo, el informe contribuye en gran medida a desbaratar la narrativa de la intervención estadounidense. Las víctimas de Bolivia son víctimas de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, y la violencia política financiada por Estados Unidos debería compartir igualmente el foco de atención que ahora pone de relieve el efímero legado de violaciones de derechos humanos de Añez en Bolivia.
Ramona Wadi es investigadora independiente, periodista freelance, crítica de libros y bloguera. Sus escritos abarcan diversos temas relacionados con Palestina, Chile y América Latina.
Éste artículo se publicó originalmente en Strategic Culture Foundation
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