¿En quiénes recae la crisis?

by Mario Hernandez
El viernes 6 de agosto el ministerio de Trabajo publicó su último informe basado en datos del Sistema Previsional Argentino (SIPA) que administra la AFIP, al mes de mayo. Allí se ve que el empleo registrado recuperó los niveles de marzo 2020, con poco más de 12.000.000 de ocupados.

Sin embargo, se verifica una transformación sensible de la calidad del empleo. De los 290.000 que se habían destruido y se recompusieron, 135.000 ahora son monotributistas cuando las bajas en ese segmento fueron de poco más de 60.000. 

Entre los asalariados del sector privado falta recuperar más de la mitad de las 207.000 bajas registradas entre marzo y mayo 2020.  

Al interior del sector privado los sectores industriales exhiben 15.000 empleos más que en marzo de 2020, hotelería y restaurantes acumulan 62.000 empleos menos, transporte suma 21.000 empleos perdidos y comercio se mantiene con 20.000 menos que en marzo 2020. La construcción, a pesar que acumula seis meses consecutivos de crecimiento, registra 10.000 puestos menos que al comienzo de la pandemia. 

El empleo público creció en 85.000 trabajadores más de los que existían en marzo de 2020. 

Empleo joven 

La desocupación de las jóvenes mujeres alcanza el 26 % en promedio en las principales ciudades del país a lo que se suma un 24 % de subocupación. 

Los datos oficiales muestran cómo se comportaron estos indicadores en la población comprendida entre los 14 y 29 años entre el 3° trimestre de 2019 y el 4° trimestre de 2020. Teniendo en cuenta que durante el período de pandemia muchos trabajadores se vieron imposibilitados de continuar con sus tareas laborales, la tasa de actividad laboral bajó levemente en varones y significativamente en las mujeres jóvenes (1 punto porcentual en varones y 5 puntos porcentuales en mujeres). La tasa de actividad expresa la relación entre la población económicamente activa (ocupada y desocupada) y la población total de ese rango de edad. 

La desocupación al 2020 aumentó, los varones jóvenes subieron a 19% de desocupados y las mujeres jóvenes tuvieron un marcado aumento pasando de 23% en 2019 a 26% de desocupadas en 2020. 

Son alarmantes las altas tasas de desocupación de las mujeres jóvenes particularmente en Resistencia (Chaco), Mar del Plata (Buenos Aires), San Nicolás/Villa Constitución (Santa Fe), Rawson/Trelew (Chubut), Gran Córdoba; partidos del Gran Buenos Aires, Salta y Santa Rosa-Toay (La Pampa), donde la desocupación de las mujeres jóvenes supera el 20 % y se sitúan por encima del promedio de mujeres jóvenes que es de 19 % de desocupación. 

Entre los varones destaca Rawson-Trelew (31 % de desocupación), Ushuaia-Río Grande (Tierra del Fuego) con 25 %, San Nicolás/Villa Constitución con 24 %, Partidos del Gran Buenos Aires con 22 %, Gran Tucumán, Gran Rosario y Mar del Plata donde los jóvenes superan el 18 % de desocupación. 

Otro indicador utilizado para analizar los problemas ocupacionales de la población es la tasa de subocupación, que se suele utilizar (sumar) como complemento de la tasa de desocupación dando cuenta de los jóvenes que estando “ocupados” desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo. Y en este punto es importante señalar que la encuesta considera como una persona joven subocupada a la que al menos trabajó a partir de 1 hora, es decir, prácticamente nada, y hasta menos de 35 horas, en la semana anterior a contestarse la encuesta. Cerca de la mitad de las ciudades para las que se presentan datos de los 33 aglomerados que difunde la EPH evidencian la explosiva y crítica situación ocupacional de las mujeres jóvenes: allí la subocupación supera el 20%, siendo las más altas las tasas de Corrientes 49 %, Santa Rosa-Toay (38 %) y Gran Mendoza (37 %). 

Entre los varones las tasas superan el 23 % de subocupación en Corrientes (31 %), Gran San Juan (27 %), Mar del Plata (27 %), Gran Paraná (26 %) y Gran Tucumán y Tafí Viejo (24 %). El promedio del país para varones subocupados es 18 % y también es superado por Salta (23 %), Gran Resistencia (19 %), Gran Mendoza (19 %), Bahía Blanca y Gran La Plata (20 %). 

En un dossier sobre juventud, desempleo y precarización laboral de La Izquierda Diario, tomando como base de análisis los datos del Indec que corresponden al 4° trimestre de 2020 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH); se realiza una estimación propia sobre el concepto de precariedad extrema, para dar cuenta de la calidad de la inserción laboral de esos jóvenes, es decir, sobre el tipo de contratación y beneficios laborales que trae aparejado ese trabajo. 

Para aquellos que mantienen una fuente laboral, en las principales ciudades del país arrasa la precariedad extrema superando el 70 % de los jóvenes que trabajan, la cifra asciende por arriba del 74 % en las mujeres jóvenes trabajadoras. En el Gran Buenos Aires el 79 % de las jóvenes padecen precariedad extrema. 

Concordando con informes anteriores se observa que más del 70 % de los jóvenes de las principales ciudades del país trabajan en condiciones de elevada precarización. Esto es: sin aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, expuestos a riesgos del trabajo, sin estabilidad laboral, con contratos a término, como monotributistas o con bajos ingresos inferiores al salario mínimo. 

Las mujeres jóvenes siguen llevándose la peor parte, en la inmensa mayoría de las ciudades son las principales afectadas por la precarización extrema, con situaciones sumamente críticas en las provincias del norte del país, donde destacan Posadas, Jujuy-Palpalá, Santiago del Estero, Corrientes y Salta superando el 90 % de precariedad extrema. Con un nivel inferior, pero superando el 80 % destacan Gran Mendoza, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran Catamarca, Santa Rosa-Toay, Concordia, Río Cuarto y San Luis-El Chorrillo. 

Entre los varones en ninguna ciudad la precariedad extrema supera el 90 % y están por arriba del 80 % Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Gran San Juan, Gran Catamarca, Concordia, Jujuy-Palpalá, Gran Tucumán y Gran Resistencia. 

Claramente el norte del país es la región más precarizada, pero el panorama en las ciudades es alarmante para los jóvenes de conjunto, y en promedio para el total del país en el total de aglomerados superan el 70 % de precariedad extrema siendo más alto en mujeres con 74% mientras en varones la cifra no deja de impresionar con un promedio de 68 %. 

El jueves pasado, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo del Frente de Todos, validó la excusa que dio el presidente de Toyota Argentina, para no contratar operarios jóvenes. “Lo que pasó en Toyota muestra los problemas que tenemos que ir superando. Tenemos un desafío enorme con el ministro de Educación. Bienvenido que esto esté en la agenda, cómo logramos que los chicos se inserten en el mercado laboral”, aseguró. 

Pero la afirmación del presidente de esta automotriz japonesa, de que tienen 200 empleos vacantes para jóvenes que no pueden cubrir porque no encuentran personas con título secundario, es una noticia falsa

Miles y miles de egresados buscan trabajo sin éxito y la desocupación en jóvenes de hasta 29 años, alcanza al 17 % de los varones y al 25 % en las mujeres. Los trabajadores de la planta revelaron que las verdaderas razones para no calificar son los exámenes físicos pre-ocupacionales porque, entrando sano, los ritmos de producción «te rompen el cuerpo a los dos años». 

El mercado laboral, por un lado, ofrece precarización y súper explotación y, por el otro, expulsa a miles y miles de jóvenes, negándoles la posibilidad de acceder a un empleo formal. Si antes de la pandemia, solo la mitad de los adolescentes lograba terminar el nivel medio, el avance en la pobreza, que alcanza al 75% de niños y adolescentes en el Conurbano y la falta de acceso a la conectividad, recrudeció considerablemente esta situación. 

En materia educativa, el Plan Egresar solo alcanza 400.000 estudiantes. Mientras, a miles de jóvenes se les rechazó este año la beca Progresar

El verdadero negocio para las patronales aparece con el plan oficial Te Sumo, que subsidiará hasta el 75% del salario, para que las empresas tomen a 50.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, con ingresos desde 15.000 a 30.000 pesos. Un proyecto que da todo tipo de beneficios a los empresarios y legitima la precarización de la juventud. 

Aumento de la jornada de trabajo en Volkswagen Pacheco 

El acuerdo que cerraron entre el SMATA y la empresa automotriz, pasaría a aumentar una hora de trabajo: de 8 horas 45 minutos que los trabajadores hacen por turno, pasarían a hacer 9 horas 45 minutos, y asistir los sábados sería “optativo” aunque en los usos y costumbres de la patronal, es obligatorio. Este acuerdo de aumento de la jornada laboral, ayuda además a que la empresa no tome nuevos trabajadores. 

Esta nueva modalidad de trabajo, hace que entre los dos turnos dé un total de 19,5 horas, prácticamente todo el día. Anteriormente VW trabajaba con tres turnos, y casi 5.000 empleados. En la actualidad no llegan a 3.000 los trabajadores de la planta. Un claro avance de reforma laboral, de reducción de puestos de trabajo y aumento en la jornada de trabajo. Una multinacional que factura más de 1.000 millones de pesos por día. 

Por esta razón frente a la desocupación que azota a grandes sectores de trabajadores en el país, y para que haya trabajo para todos, es fundamental el reparto de las horas de trabajo. La implementación de nuevas tecnologías en el trabajo debe estar puesta al servicio de disminuir la excesiva carga laboral que existe, y no para que las empresas sigan exprimiendo y sacando jugosas ganancias multimillonarias a costa de los trabajadores. 

El desempleo juvenil en América Latina 

La población joven “está entre los que padecen con más intensidad las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en la región, corriendo el riesgo de pasar a constituir una generación del confinamiento”, afirmó Vinícius Pinheiro, director regional de la OIT, en su sede de Lima. 

Los confinamientos impuestos para encarar la pandemia, junto con el retroceso de la economía en la región (-7,7 por ciento en 2020) se tradujo en cierre de empresas y merma de los ingresos y de puestos de trabajo, pues se perdieron cerca de 26 millones de empleos, con mujeres y jóvenes entre los más afectados. 

En América Latina y el Caribe la tasa promedio de desocupación de los jóvenes entre 15 y 24 años llegó a 23,8 % el primer trimestre de 2021, el nivel más alto registrado desde que este promedio comenzó a ser elaborado en 2006. 

Esa cifra representa un aumento de más de tres puntos porcentuales en comparación con el nivel de antes de la pandemia y, en paralelo, la tasa de participación laboral juvenil experimentó una contracción al caer también cerca de tres puntos, a un nivel de 45,6 por ciento, según la OIT. 

Eso implica que a comienzos de este año entre dos y tres millones de jóvenes se mantenían fuera de la fuerza de trabajo ante la inexistencia de oportunidades laborales. 

“Esta generación ha experimentado los impactos de la covid-19 a través de una multiplicidad de canales, tales como la interrupción de sus programas educativos o de formación y de puente hacia el mercado de trabajo (aprendizaje y pasantías), y la pérdida de empleo y de ingresos”, expuso Pinheiro. 

Otra consecuencia es “la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro”, indicó el responsable. 

También planteó que “aunque la demanda de empleo comience a evidenciar un comportamiento más favorable, de la mano de un mayor dinamismo económico, las oportunidades de empleo para los jóvenes continuarán muy restringidas”. 

Al mismo tiempo “la ya elevada incidencia de la informalidad entre estos trabajadores, que afectaba a seis de cada 10 jóvenes antes de la pandemia, corre el riesgo de incrementarse aún más”, indicó Pinheiro. 

Según su análisis, la falta de oportunidades de empleo juvenil puede afectar la trayectoria laboral de las personas, y limitar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente en el futuro. 

Además “son fuente de desaliento y frustración, lo cual puede desembocar en situaciones conflictivas e incluso afectar la gobernabilidad a diversos niveles”. 

“Las protestas que habían surgido en diversos países de esta región antes de la pandemia eran encabezadas por jóvenes. Después de una crisis feroz que ha dejado a muchas personas sin esperanzas, ya hemos visto como en algunos países esos jóvenes vuelven a salir a reclamar un porvenir”, destacó.

Datos oficiales señalan que la pobreza multidimensional alcanzó el 50%

Desde el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que mide la pobreza multidimensional para determinar quiénes sufren carencias no monetarias como vivienda, salud o empleo, surgió un índice de la pobreza multidimensional, y que alcanzó el 49,6% de los habitantes, lo que equivale a unas 22,7 millones de personas. 

El indicador estudia las “dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)”, sobre el empleo y la salud. También el nivel de “inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente”, respecto a la educación. 

El estudio es realizado por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Nación y que hasta hace pocos días fue conducido por Victoria Tolosa Paz, hoy candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. 

Desde el organismo difundieron los motivos de la medición: “arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”. Según la metodología oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores. 

En ese sentido, los criterios de consideración para establecer esa medición alternativa de la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”, respecto al primer ítem incluido. 

El Consejo de Políticas Sociales aclaró que no se trata de una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado diseñe respuestas de política pública diferentes a las que solo tienen en cuenta la situación económica. 

Tras el primer impacto de la pandemia en la economía argentina, el indicador de la pobreza multidimensional había pegado un salto de casi 20%: subió desde el 28,8% que había registrado en el primer semestre de 2019 hasta el 47%. El golpe que significó a los ingresos y los empleos de las familias la cuarentena estricta de los primeros meses de crisis sanitaria se tradujo en un fuerte deterioro de las condiciones sociales. 

Ya en los últimos meses del año, con una reapertura progresiva de las actividades y la flexibilización de restricciones de movimiento, la actividad comenzó un camino de recuperación muy paulatina, por lo que ese impacto en la pobreza y el desempleo fue menor. 

En ese sentido, el indicador de pobreza multidimensional varió desde el 46,9% de la primera mitad del año hasta el 49,6% con el que cerró el año de la pandemia lo que representa al 39,8% de los hogares. De esa manera, en un año y medio poco menos de 10 millones de personas pasaron a estar bajo la condición de pobreza multidimensional. 

Por otro lado, el mismo organismo realizó una suerte de metodología “integrada” entre las dos mediciones de pobreza. Así, estableció que un 32,6% de la población es, al mismo tiempo, pobre medido de forma monetaria y multidimensional y solo un 41,5% de los habitantes no son pobres de ninguna de las dos maneras. 

UCA y Defensoría confirman que la epidemia profundizó la desigualdad social en CABA 

El Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un informe sobre los “Efectos sociales del Escenario Covid-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, basado en datos de la Encuesta de la Deuda Social del ODS. El estudio muestra que tanto la pobreza como la indigencia se duplicaron en 2020 en el territorio porteño, el más rico del país, en una dinámica que supera las cifras del resto de Argentina, que también empeoraron, y que las desigualdades sociales se profundizaron fuertemente en el territorio porteño. 

El estudio analiza el impacto del escenario COVID-19 sobre la calidad de vida de los hogares, los déficits en el ámbito de la salud, el endeudamiento, la valoración de la democracia, la conectividad de los hogares y la inclusión financiera de los mismos. Todas las dimensiones fueron segmentadas por distribución socio residencial, estratos socio ocupacionales y nivel educativo de los jefes de hogar. 

En cuanto a “Hogares y población por debajo de las líneas de indigencia y de pobreza”, se realiza un análisis entre 2017 y 2020, en el que se ve el grave impacto de la epidemia de coronavirus en el año pasado. La indigencia medida por hogares pasó de 6,2 a 7,3% a nivel nacional en el último año, mientras que en CABA se más que duplicó, pasando de 1,9 a 4%; midiendo por población pasó de 8,4 a 9,8 para el país y de 2,4 a 4,1% para Ciudad. La pobreza en hogares pasó de 31,3% a 35,2% a nivel nacional y en Ciudad de 5,9 a 11,6%; midiendo por población en el país se fue de 39,8% a 44,7% mientras que en CABA se pasó de 9,8 a 13,6%. Estas cifras dan cuenta de un agravamiento de la situación mucho más acelerado en la Ciudad de Buenos Aires, pese a ser por lejos el territorio con mayores recursos por cantidad de habitantes. 

Para analizar el impacto de la epidemia sobre la calidad de vida autopercibida de los hogares en la Ciudad, se analizaron tres indicadores: tener efectos negativos en la situación laboral personal, la disminución de los ingresos del hogar y el uso de los ahorros para cubrir gastos habituales.
Una primera conclusión muestra que, desglosando por espacios socio-residenciales, se vieron más afectados quienes residen en las villas y en las Zonas Sur y Centro de la Ciudad y mucho menos quienes residen en la Zona Norte. 

Preguntados sobre los efectos negativos en la situación laboral personal, el índice total indica respuestas positivas de un 34,1% a nivel CABA, pero la cifra se eleva al 48,3 en las villas y al 36 en las comunas del sur y centro, mientras que se reduce al 27,7% para las del norte. En cuanto a la disminución de los ingresos del hogar, el promedio Ciudad es de 50,8, una cifra que se dispara al 96,4 para las villas y trepa al 57 para las comunas del sur. En relación con el uso de ahorro, el promedio es de 14,4, en las villas se alcanza un 28,9 y la cifra desciende a un 7,6% para las comunas del norte. 

El estudio también analizó el acceso digital de los hogares de la Ciudad en el escenario Covid-19, considerando las posibilidades de conectividad, información y comunicación digital para el desarrollo de las actividades productivas, económicas, laborales, sociales y educativas de los integrantes del hogar; el nivel de bancarización y endeudamiento, evaluando dimensiones referidas a la bancarización y crecimiento de las deudas en los hogares. 

Una de las conclusiones principales del estudio señala que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “si bien es uno de los centros urbanos que registra los niveles más altos de desarrollo humano, también expresa importantes desigualdades y se encuentra aún lejos de garantizar condiciones de vida óptimas para todos sus habitantes”.

La clase media porteña se achica 

Según los datos de la Dirección de Estadística y Censos de la CABA del primer trimestre del 2021, en los últimos seis años, la clase media bajó de 53,2% al 44,8%. 

El grueso pasó a engrosar las otras clases en las que el organismo divide a la población porteña: pobres, no pobres en “situación vulnerable” y clase media frágil. 

Los pobres aumentaron en 291.000 personas (de 526.000 a 817.000), los “vulnerables” de 281.000 a 341.000 y el sector medio frágil pasó de 260.000 a 278.000. 

El 24,7% de la población asalariada de CABA se encuentra en condición de precariedad laboral ya que sus empleadores no les efectúan descuentos jubilatorios, según la Dirección de Estadística porteña. 

Casi la mitad de los porteños es indigente, pobre, vulnerable o un sector medio frágil. Lo que vino pasando antes de la pandemia y las restricciones por el Covid agravaron. 

En una presentación hecha por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Darío Hernández, gerente de cuentas de Scanntech mostró las últimas estadísticas relevadas sobre el consumo en el área metropolitana. 

En lo que va del año respecto del mismo período del 2020, la caída de las ventas totales promedió el 14%. Sin embargo, al analizar el dato, puede verse una diferencia de más de 7 puntos entre el área metropolitana y el interior. En la primera, el nivel socioeconómico más alto cayó 7,1%, el medio, 24,5% y el más bajo el 34,7%. 

Ocupación en CABA 

Sin políticas de empleo propias en la pandemia, crecieron las desigualdades en el mercado laboral porteño y la desocupación impacta con fuerza en el sur y entre las mujeres. 

El primer trimestre del año mostró una profundización de las brechas laborales en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien en términos generales la desocupación bajó del 11,1% al 10% respecto del mismo período de 2020, no lo hizo de manera uniforme. Subió en la zona sur y entre las mujeres trabajadoras que fueron las más perjudicadas. 

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el desempleo masculino registró una mejora interanual de 2,8 puntos porcentuales y pasó del 10,7% en el primer trimestre de 2020 al 7,9% entre enero y marzo del presente año, pero entre las mujeres hubo un retroceso de 0,6 punto y subió de 11,6% a 12,2%. 

Las disparidades laborales en cuestión de género también se reprodujeron en el histórico contraste regional del distrito, en el que la zona norte muestra las mejores condiciones de vida en contraposición con las carencias de la zona sur. 

Al respecto, el 10% global se compuso de tres realidades contrastantes: 6,3% de desempleo en la zona norte, 9,3% en la zona centro y 15% en la zona sur. 

Las brechas en este caso también se ampliaron en relación con el primer trimestre de 2020: 9,1% en el norte, 10% en el centro y 15,9% en el sur. Es decir, en los doce meses transcurridos la desocupación bajó 9 décimas en el área más postergada, 7 décimas en el centro y 2,8 puntos porcentuales en el norte. 

En consecuencia, si en el primer trimestre del año pasado la desocupación del sur era un 74,7% mayor a la del norte, esa diferencia se amplió al 138,1% en el mismo período de 2021. 

Vale recordar que la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros distritos, no destinó recursos a promover políticas que sostuvieran los empleos ni programas que apuntalen la producción. 

El organismo reconoció que «esto impacta en el alcance de los principales indicadores laborales, ya que aparecen nuevos grupos poblacionales que anteriormente eran reducidos en tamaño y a partir de esta situación, se vuelven significativos para el análisis». 

De todos modos, señaló -en referencia al primer trimestre, en el que el regreso de las restricciones aún no se había producido- que «la revocación gradual de las medidas implementadas reduce lentamente este impacto, generando una reincorporación parcial de trabajadores informales a la actividad económica, mientras se sostiene la transformación del empleo, tal es el caso del teletrabajo». 

“Hay 18.000 trabajadoras y trabajadores en la Ciudad contratados en modalidades fraudulentas” 

Lo dijo Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con el programa radial Otras voces, otras propuestas, Polanco denunció despidos y brindó detalles sobre las precarias condiciones de trabajo del sector y las acciones de lucha para hacer más visible el conflicto. 

“El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat encabezado por María Migliore, que es una de las figuras que viene resaltando el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente arremete con políticas vinculadas a ajuste, desfinanciamiento, a recrudecer las condiciones de empleo, y que también se ligan intrínsecamente con las posibilidades de alcance de políticas públicas en las cuales nosotres trabajamos. Que son aquellas vinculadas a las problemáticas de mayor sensibilidad en la Ciudad. Durante todo el año pasado, en distintas oportunidades en varios meses hemos tenido que sufrir un recorte del 5% del Ministerio, que ya es bastante. El ministerio de Hacienda, de quien dependemos, considera que es excesivo el gasto, por ende el recorte”, comenzó explicando Nadia Polanco. 

“Recordemos que este es un Ministerio (el de Desarrollo Humano) que fue declarado esencial por el propio Gobierno. Porque acompañamos situaciones de vulnerabilidad extrema y justamente en el contexto de pandemia es donde más ha quedado a las claras los fundamentales que son nuestras tareas de cuidado. Es decir, lo que realizamos día a día, por ejemplo, en hogares donde viven niños y niñas que están privados de sus cuidados parentales, todas las situaciones de ambivalencia machista que acompañamos. Además, niños y niñas son víctimas de situaciones de abuso o de explotación sexual”, remarcó Polanco. 

También dio a conocer una preocupante cifra de trabajadores y trabajadoras precarizadas: “Hay alrededor de 18.000 compañeros y compañeras en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratados bajo lo que denominamos modalidades fraudulentas. Porque no tienen ningún tipo de acceso a derechos fundamentales establecidos por ley: obra social, aguinaldo o ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Cobran sueldos que hoy se encuentran por la mitad de lo que establece la canasta básica. Por sus características de fragilidad, es hacia el sector donde se apunta cada vez que hay que realizar los despidos. Entonces, esto no solo deja sin empleo a los compañeros y compañeras reduciendo las posibilidades de atender de una mejor manera desde las políticas públicas, sino que además generan mecanismos de disciplinamiento y de control muchos mayores”, explicó. 

“De esta forma se está trabajando en una relación desigual de poder, la que se tiene con quienes ocupan cargos jerárquicos diferenciados. Tenemos contratos tercerizados con convenios por ejemplo con la UBA (Universidad de Buenos Aires), por lo tanto, el Gobierno se desliga de toda responsabilidad. A otros y otras se les paga por horas a través de una ONG, sin derechos y garantías. Tienen que hacer turnos de 12 horas consecutivas 4 veces a la semana para lograr un sueldo”, continuó describiendo. 

“Nosotres trabajamos en lugares que tienen denuncias de posibles derrumbes. Donde hubo que salir a inventar espacios de transición, de aislamiento y condiciones mínimas acordes para hacer frente a la pandemia. Esto se expuso contundentemente desde el año pasado. A pesar de haberse tratado una ley de emergencia en la Legislatura supuestamente para fortalecer este tipo de ministerios, lo cierto es que nosotres no solo no vimos ningún tipo de inyección presupuestaria o mayores contrataciones, sino todo lo contrario. Vemos despidos, ajustes y desfinanciamiento. Cada vez más pedidos de hacer más con menos”, aseguró Polanco. 

La delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social contó también con qué herramientas trabajan frente a esta situación. “Venimos elaborando desde la Junta Interna un conjunto de acciones que tienen que ver con una variedad de instrumentos a los que podemos acudir, no solo digamos a nuestra capacidad de fuerza, de lucha y acciones en las calles, sino también lo que tiene que ver con los distintos organismos de control que deberían monitorear el desarrollo de las políticas públicas entre ellas la Legislatura. También articulando con todos los bloques que no son del PRO. Pudimos sacar pedidos de informes, pero en estos términos el alcance de la Legislatura es limitado”, dijo. 

“Si bien desde lo judicial se pueden acompañar algunas acciones, creo que el mayor peso está en la lucha política, en función de cómo se puede generar una interpelación social del drama que estamos viviendo. Hay también un blindaje mediático tremendo como para poder hacer oír algo de estas voces. Hay que dar una discusión importante de ‘para quién es esta Ciudad’. Porque en definitiva termina siendo accesible para unas pocas personas que tienen determinadas condiciones y las poblaciones vulnerables siguen siendo sepultadas bajo alfombras”, destacó. 

Salarios 

Alberto Fernández prometió recomponer los salarios, pero en los primeros seis meses del año hubo una caída del poder de compra con un mayor deterioro para los trabajadores informales. Mientras pierden los salarios, las grandes empresas, los agroexportadores y los bancos siguieron ganando. 

Según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el mes de mayo los salarios aumentaron un 2,8% contra una evolución de 3,3% de la inflación en el mismo período, acumulando así dos retrocesos consecutivos que confirman una pérdida de poder adquisitivo de los salarios respecto de la evolución de los precios. 

El registro mensual de aumento de los salarios se compone por un incremento de 3,5% en los haberes del sector privado registrado combinado con un 2,9 % de alza en los de la administración pública y de un 0,9% en los trabajadores no registrados. 

El índice de salarios total registró en junio un incremento de 2,3% respecto al mes previo, producto de un alza del 1,8% en los haberes del sector privado registrado, del 4 % en la administración pública y del 1,2% en los trabajadores no registrados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

De esta forma, en el primer semestre del año, el índice de salarios total acumuló un aumento del 22,8 %, debido a que entre los meses de enero y junio los ingresos del sector privado registrado lideraron la suba con un avance del 25,4 %, seguido por el sector público, 24,3 % y el privado no registrado, con el 13,8%. 

En lo que respecta al poder de compra del salario, la suba del 22,8% registrada en el primer semestre quedó 1,5 puntos porcentuales por debajo del 25,3% de la evolución que registró el índice de precios al consumidor en similar período. 

Según el informe del Indec, en los doce últimos meses el índice de salarios total creció 43%, con un alza del 45,6 % en los privados registrados, del 40,5 % en los empleados públicos, y del 39,9 % del sector privado no registrado. 

Sin embargo, la inflación de junio fue de 3,2%, mientras que en los primeros seis meses del año acumuló una suba de 25,3% y en los doce últimos meses un incremento del 50,2 %. 

Según un informe de Cifra de la CTA Autónoma, la pérdida de poder de compra fue extremadamente desigual. Mientras que para el estrato más bajo de trabajadores (el 40 % que menos gana) llega al 27,0 %, para el estrato más alto (el 20 % que más gana) fue del 19,0 % entre los primeros trimestres de 2018 y 2021. El documento agrega que en el último año también se observa una evolución desigual, así el estrato bajo tuvo una reducción real de 4,6 % y el estrato más alto un leve incremento en sus ingresos. 

Desde el Gobierno esperan que los salarios le ganen a la inflación en los próximos meses de cara a la campaña electoral por las renegociaciones de paritarias en varios sectores. Sin embargo, sería una mejora que no revierte la caída del poder de compra de los años anteriores. 

Mientras la clase trabajadora hace malabares para llegar a fin de mes, los bancos, las alimenticias, las farmacéuticas y las agroexportadoras ganaron millones. Por ejemplo, en el primer semestre del año solo las exportaciones cerealeras alcanzaron los U$S 6.093 millones, un 12,1 % más que en 2020, o en mayo los bancos privados ganaron $ 129.016 millones en los últimos doce meses. 

El 60% de los trabajadores gana menos de $ 40.000 

El Indec comunicó el martes 29 de junio que el 60 % de los asalariados percibieron ingresos hasta $ 40.000 en el primer trimestre de este año. El informe señala que el ingreso promedio de los trabajadores fue $ 42.294. Son unos $ 18.580 menos que la Canasta Básica Total (es lo que necesita un hogar para no ser pobre, según el Indec) de marzo. 

Para los trabajadores informales la situación es más grave. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio (trabajadores formales) fue de $ 51.328, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio (informales), el ingreso promedio equivale a $22.385. 

El organismo, en base a los resultados del informe sobre la «Distribución del Ingreso», indicó que el 10 % más pobre de la población total explicaba el 1,1 % del total de ingresos, mientras que el 10 % más rico concentró el 31,8 % al cierre del primer trimestre del año. 

En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, medidos a través del Coeficiente de Gini, una medida de desigualdad, que tiene al «0» como el nivel de mayor igualdad y al «1» con el de mayor desigualdad, al cierre del primer trimestre fue de 0,445 puntos, frente al 0,444 de igual período de 2020. 

En lo que respecta al ingreso familiar por hogares, el informe del Indec señaló que el 60 % de estas unidades percibieron salarios de hasta $ 70.000 al cierre de primer trimestre del año. 

El informe también dejó en evidencia la amplia brecha de género: los varones tuvieron un ingreso promedio de $ 48.570, mientras que el de las mujeres fue de $ 36.123. 

El poder adquisitivo de los salarios se desplomó durante el macrismo y volvió a perder en el primer año del Gobierno de Fernández. Un informe de Iaraf detalla que si se toma como referencia a los salarios de marzo de 2018, se observa que tres años después su valor real se redujo un 15,6 % para el sector privado registrado, 20,7 % para el sector público y 25,9 % para el sector privado no registrado. A pesar de las promesas electorales, los salarios aumentan por debajo de la inflación de este año. Otro golpe al bolsillo.

Cayó casi 4 puntos la participación de los asalariados en el ingreso 

Los trabajadores tuvieron un retroceso en la distribución del ingreso de 49,8 % a 46,1 %, según el Indec. Mientras que la proporción de ingresos apropiados por los empresarios subió de 35,2 % a 40,2 %, según el Informe “Cuenta Generación de Ingresos e insumo de Mano de Obra” del INDEC. 

Esto ocurrió a costa de a una caída de 3,7 puntos la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, pasando de 49,8 % al 46,1 %.  

No es cierto que la crisis y la pandemia afectan a todos por igual, los trabajadores han sido quienes más debieron soportar los costos, con pérdida de empleos, salarios e ingresos, en tanto que las ganancias crecieron en muchos sectores de la economía. 

Del avance de 5 puntos de los empresarios en el ingreso total (porción del valor que se apropian que en las cuentas nacionales se denomina «excedente bruto de explotación»), la industria manufacturera acaparó 2,17 puntos más, comercio 2,21 puntos y agricultura y ganadería 1,98. 

Del informe del Indec se desprende que la masa salarial retrocedió el 6,8 % en el último año, mientras el excedente empresario aumentó un 15,3 % en términos reales, teniendo en cuenta una inflación de 42,6 %. 

Este resultado no sorprende, puesto que en el marco de la crisis la política estuvo orientada a sostener las ganancias empresarias mientras se minimizó lo más posible la ayuda social, expresado directamente a partir de mediados de 2020 con la quita del Ingreso Familiar de Emergencia y del ajuste presupuestario de Guzmán en 2021 para negociar la deuda con el FMI. 

En Latinoamérica los últimos datos muestran un incremento en cantidad y volumen de la riqueza de los multimillonarios, con mayor concentración de la riqueza a pesar de la pandemia. El número de los más ricos aumentó en un 41% y su fortuna creció un 69%, de U$S 284.000 millones a U$S 480.000 millones, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Adelantan a septiembre el aumento de 35 % en el salario mínimo 

De este modo, el piso salarial trepará a 29.160 pesos en septiembre. Además, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente. 

Debido a la aceleración que registró la inflación durante el primer semestre, el gobierno acordó con empresarios y sindicatos que el salario mínimo aumentará 35% en septiembre, cinco meses antes de lo que se había acordado a fines de abril.  

El acuerdo inicial alcanzado por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil contemplaba un incremento de 9 % en abril, 4 % en mayo, 4 % en junio, 3 % en julio, 5 % en septiembre, 5 % en noviembre y un 5 % final en febrero de 2022. Además, se había incluido una cláusula de revisión en septiembre.  

Ahora se acordó el adelanto de los cuatro tramos que restaban a partir de concentrar los aumentos en tres etapas: 9 % en julio, 4 % en agosto y el 5 % restante en septiembre. Con estos aumentos el salario mínimo será en septiembre de 2021 de 29.160 pesos. Además, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente. 

El salario mínimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes, y su actualización está ligada también a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales que brinda el Estado.

Jubilaciones de miseria

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el martes 10 de agosto que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales y familiares aumentarán un 12,39 % a partir de septiembre, de acuerdo con el ajuste dispuesto por la Ley de Movilidad 27.609. El haber jubilatorio mínimo pasará a ser de $ 25.922. 

Una suma que sigue por debajo de la Canasta del Jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad en $ 64.039. Es decir, que sólo les alcanzaría para costear los gastos de 12 días. 

En tanto, el haber máximo pasará de $ 155.204 a $ 174.433. La PUAM de $ 18.452 a 20.738. Las pensiones no contributivas de $ 16.145 a $ 18.145. La AUH y el primer tramo de la Asignación por hijo de $ 4.504 a $ 5.063. 

En total, el incremento del 12,39 % alcanzará a 7,1 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben Asignaciones Universales por Hijo (4,4 millones) o Asignaciones Familiares (4,6 millones) y a más de 800.000 cónyuges. 

El aumento impactará también en las asignaciones por Embarazo, Prenatal, Nacimiento, Adopción y Matrimonio. 

Si bien el incremento de 12,39 % es superior al 11 % de inflación del segundo trimestre, en los meses anteriores las jubilaciones perdieron. En marzo, la fórmula comenzó con una suba trimestral del 8,07 %, y la inflación fue de 11,34 %. Y en junio, con un 12,12 %, frente a una inflación en el primer trimestre de 2021 del 13 %. 

El Gobierno buscó compensar parte de la caída con bonos, hubo dos de $ 1.500 en abril y mayo y otros de $ 5.000 en agosto para los haberes más bajos, que no se integraron a los haberes. El aumento del 12,39 % se aplica sobre los haberes sin considerar el bono que se pagó en agosto. 

Entre enero y junio el poder de compra de las jubilaciones cayó un 3,6 %. La jubilación mínima perdió un equivalente a $ 9.000 en el mismo período. Los bonos que sumaron $ 8.000 en total para la mínima en lo que va del año, no compensan la pérdida. 

Las jubilaciones y las pensiones son insuficientes para llegar a fin de mes. El recorte a los haberes se aplica sobre el ya ajustado 2020, en el cual el Gobierno dio subas por decreto muy por debajo de lo que arrojaba la fórmula macrista, y sobre el ajuste de 20 puntos de poder adquisitivo que venía del gobierno de Macri. 

A comienzos del 2021, se promulgó la nueva Ley de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo. El anuncio del bono fue un reconocimiento de que con la nueva fórmula los jubilados fueron a pérdida. 

La nueva fórmula no tiene un piso que garantice que no se pierda con la inflación. Las fórmulas de ajuste de las jubilaciones se fueron interrumpiendo y se propusieron modificaciones justo en los momentos en que a los haberes les tocaba recuperar, como pasó en el 2018 y en 2020 con la suspensión de la movilidad. Además, entre empalme y empalme se van pasando por alto trimestres. Lo que queda en evidencia es que el objetivo de los gobiernos es achicar el gasto previsional. Una receta que repite siempre el FMI y con el que se busca alcanzar un nuevo acuerdo para renegociar la deuda fraudulenta. 

En este primer semestre del año el Gobierno por el cambio de la fórmula de movilidad previsional logró un “ahorro” fiscal de $ 50.000 millones. 

Alberto Fernández prometió en la campaña electoral y lo repitió en la presentación de candidatos oficiales que “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”. Pero los que siguen ganando a pesar de la pandemia son los bancos mientras pierden los jubilados. Según un informe del Banco Central en mayo los bancos privados ganaron $ 129.016 millones en los últimos doce meses. 

Jubilaciones docentes 

Desde la Conadu Histórica advirtieron sobre los porcentajes de incrementos para jubilaciones docentes universitarias (25,40%) y preuniversitarias (19,06%), anunciadas ambas con entrada en vigencia en septiembre 2021, siendo el siguiente incremento recién en marzo del 2022. “Claramente nuestros regímenes especiales siguen perdiendo contra la inflación, y donde más se percibe ese impacto es en las jubilaciones docentes del nivel preuniversitario”, aseguraron. 

Compartimos comunicado:
Recordemos que en la última reunión que CONADU HISTÓRICA mantuvo con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, se anunció la reapertura de la paritaria y los funcionarios manifestaron que era necesario “dar cumplimiento al objetivo planteado por el Gobierno Nacional de que los incrementos salariales estén por arriba de los índices inflacionarios”. Meta que además resulta imprescindible para la reactivación del mercado interno frente a la crisis económica que atraviesa el país, y que es válida tanto para la docencia en actividad como para quienes perciben jubilaciones. 

En el caso de las jubilaciones de docencia universitaria (Ley 26508 – 82%) los aumentos entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 serán de 60,47% (sin nuevos aumentos hasta marzo de 2022); en tanto que la inflación consolidada y estimada por REM BCRA hasta septiembre será del 55,91%, pero con una proyección a febrero de 2022 que el BCRA estima en 79,54%. Esto indica que la docencia universitaria jubilada por este régimen sólo le va a ganar a la inflación en los meses de septiembre y octubre de este año. 

Por otra parte, para las jubilaciones de docentes del nivel preuniversitario, el aumento entre septiembre 2020 y septiembre 2021 será de 50,09% (sin nuevos aumentos hasta marzo 2022). La inflación consolidada y estimada por el Banco Central para ese mismo período será de 55,91%; pero con una proyección a febrero 2022 que llegaría según el BCRA hasta el 79,54%. 

Esto indica que la docencia de establecimientos preuniversitarios que se jubiló por este régimen, tendrá una pérdida sostenida frente a la inflación hasta febrero 2022, momento en que se anunciará el nuevo incremento de marzo de ese año. 

Considerando solamente el año en curso, los aumentos de las Jubilaciones Docentes Universitarias de la Ley 26.508 (82% móvil) serán del 34,18% y las de las Jubilaciones Docentes Preuniversitarias serán del 31,41%, cuando la inflación estimada para 2021 rondará entre 45 y 48%. Tomando en cuenta que las actualizaciones en estos regímenes son cada seis meses, está claro que si no existen cláusulas de revisión intermedia -como con los salarios de docentes en actividad- las y los jubilados sufrirán un agravamiento de las pérdidas frente a la inflación. 

Tal como reclamamos para la docencia de las Universidades Nacionales en actividad, desde CONADU Histórica exigimos que las jubilaciones le ganen a la inflación. Este será uno de los temas principales que nuestra representación llevó el jueves 12 de agosto a la reunión Paritaria que anunció el Ministerio de Educación. 

Agosto arranca con subas 

Aumentos en la prepagas del 9%. El precio del metro cúbico de GNC aumentará entre $ 2 y $ 3 para venderse a un promedio de $ 40 en el AMBA. Por la Ley de Alquileres, los contratos nuevos firmados en agosto del año pasado deberán actualizarse según el Indice para Contratos de Locación (ICL) entre 44 y 46%. Y las expensas de julio que se pagan en agosto vendrán con aumentos por la paritaria del Suterh, que acordó una suba del 44,8%

Las alimenticias registraron ganancias millonarias en plena crisis social 

Arcor, Molinos y Ledesma presentaron sus resultados contables, mostrando que siguen acumulando fortunas a costa de las familias trabajadoras. Con más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza a causa de los bajos salarios y la suba de los precios, las grandes empresas se siguen enriqueciendo. 

El Grupo Arcor declaró que entre enero y junio de este año registró ventas por $ 119.796,6 millones, con un resultado final de ganancias por $ 8.806,6 millones. Así, la compañía de Luis Pagani sigue obteniendo grandes beneficios en medio de la crisis social, cerró el primer semestre del año con un alza de 10,3% en sus ventas en pesos, gracias a la «recuperación de los volúmenes de ventas de los negocios en el exterior», informó la empresa. 

La misma corporación afirma que las políticas en relación al dólar del Frente de Todos jugaron a su favor: “En relación con el resultado final alcanzado, cabe mencionar que el mismo se ha visto favorecido por una reducción del cargo en los resultados financieros, generada principalmente por la apreciación en términos reales de la moneda en Argentina”, comunicaron. 

También Molinos Río de la Plata obtuvo una alta rentabilidad. La alimenticia del grupo Pérez Companc, ganó $ 998 millones en el primer semestre de este año. Así superó los $ 912,7 millones que había registrado en el mismo período de 2020. 

Ledesma, el monopolio agroindustrial de la familia Blaquier, difundió los resultados de su año fiscal, que cerró el 31 de mayo. Registró un beneficio neto de $ 5,2 millones. Había presentado pérdidas por tres años consecutivos en 2017, 2018 y 2019. La firma que hizo grandes negocios durante la última dictadura militar, aprovechó la pandemia para volver a obtener ganancias

El dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo y de las alimenticias Molto y Marolio, Víctor Fera, ya había realizado declaraciones optimistas sobre la posibilidad de hacer ganancias en el sector. «Invertir en Argentina es muy barato hoy», manifestó Fera, quien luego indicó que el país posee «mejores precios que cualquier parte del mundo» para la exportación. 

A diferencia de los empresarios, la gran mayoría de la población está sufriendo una de las peores crisis de las últimas décadas. Según los datos del Indec para el primer trimestre del año la pobreza subió del 34,6 % en el primer trimestre del 2020 al 39,5 % en el mismo período de este año. Hubo un salto de la indigencia, aquellos que para el organismo oficial no pueden garantizarse una alimentación mínima, del 8,6 % al 11,2 % en el primer trimestre. Hay en todo el país 5,1 millones de indigentes mientras que hace un año eran 3,9 millones. 

Una de las causas centrales de esta crisis social es el aumento de los precios de los alimentos, la inflación interanual de junio fue del 50,2 % y de los alimentos y bebidas de 53,2 %. La inflación de los sectores más pobres fue del 57,6 %, debido al aumento de la canasta básica alimentaria del Indec; son 7,4 puntos por encima de la inflación promedio. 

Según puede leerse de las estadísticas que lleva adelante la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del ministerio de Agricultura, las principales ganadoras durante el primer semestre del año fueron las multinacionales extranjeras. Gracias a la suba internacional de los precios de los commodities del agro y a las bajas retenciones, el sector acumuló un récord de u$s16.600 millones en el ingreso de divisas a partir de la exportación de granos, aceites y harinas. 

El rubro granos, con una exportación de 27,8 millones de toneladas, es liderado por la empresa estatal china Cofco, con el 15,7% de las exportaciones. Le siguen en el ranking tres empresas de capitales norteamericanos que concentran casi el 40% de los envíos de granos: Cargill con el 15,5%, ADM con el 12,5% y Bunge con el 11,92%. En el quinto puesto aparece la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una empresa de capitales nacionales con el 10%. 

En el rubro de subproductos (harina y expeller de soja) lidera la multinacional de capitales suizos Viterra (ex Glencore) con el 19,3% de las exportaciones. Operando en la Argentina bajo el nombre de Oleaginosa Moreno, se quedó con casi la totalidad de la cuota de mercado de la empresa Vicentín, empresa nacional que entró en default a fines de 2019. Junto con las nacionales Molinos Agro y ACA actualmente negocian para quedarse con la totalidad de Vicentín

En segundo lugar, aparece la Aceitera General Deheza, con el 13,9% del total. En el tercero, se encuentra Molinos Agro, el brazo agroindustrial de la familia Pérez Companc, con el 13,4%. En el cuarto y quinto lugar, otra vez aparecen dos multinacionales norteamericanas: Cargill y Bunge. 

En el rubro aceites, lidera nuevamente Viterra, con el 23,1% de las exportaciones, lejos le sigue Molinos Agro. El cuarto y quinto lugar es ocupado por las empresas norteamericanas AGD y Cargill. 

El viento en popa en los negocios de las agroexportadoras deja claro dos cuestiones: que el hambre de millones no se explica por la escasez de recursos alimenticios en el país, y que la emergencia alimentaria que reconocía el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tiene solución. La nacionalización del comercio exterior mediante la expropiación de las grandes agroexportadoras permitiría que ni un pibe más pase hambre en la Argentina. 

Ganancias millonarias para grandes alimenticias y empresas de comercialización 

Se suele decir que la economía se desplomó en pandemia. Esto es en parte cierto: aumentó la desocupación, cayeron los salarios y cerraron más de 22.000 empresas. Pero para otros fue inexistente el desplome. La ganancia bruta interanual (1º trimestre 2020/2021) de algunas grandes empresas creció de manera sideral. Así lo demuestran Mercado Libre, 389,1%; Los Grobo, 136,6%; Morixe, 110,1% y Molinos Río de la Plata, 96,1%.  

Los datos se desprenden de un informe elaborado por Claudio Lozano, coordinador general del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien destaca que la capacidad del poder económico para incidir sobre los precios y capturar los subsidios a la producción puestos en marcha en el marco de la emergencia profundizaron la desigualdad en el reparto de los ingresos de la economía. 

En este sentido, durante el 2020, los salarios perdieron 0,8 puntos porcentuales; mientras que los impuestos por subsidios que aportó el Estado significaron una pérdida de 2 puntos porcentuales. A la par, cerraron 22.860 empresas. Quienes se beneficiaron de la captura del excedente fueron (son) el agronegocio, los grandes supermercados y empresas de comercialización como Mercado Libre, la actividad inmobiliaria y la renta financiera. 

En este sentido, Lozano remarca que dentro de estos actores «se encuentran los responsables del hambre en la Argentina que, a partir de su capacidad para fijar precios, lograron traducir el excedente en ganancias millonarias». Se puede citar a Arcor, Mastellone, Molinos Río de La Plata, Ledesma, Morixe, Los Grobo y Cresud, empresas que vieron aumentar sus ganancias brutas interanuales entre un 24,6% y un 145,3%. 

Respecto a los principales actores de comercialización, Lozano afirma que «las ventas y ganancias de estos grupos empresarios duplican prácticamente en promedio la tasa de inflación. En particular, repasando las firmas presentadas muestran casos de expansión brutal. Mercado Libre, por ejemplo, presenta una evolución en las ventas del 222 % y del 386 % de sus ganancias brutas». 

El informe advierte que esta tendencia hacia la concentración, ampliación y captura del excedente se profundiza en el primer trimestre de 2021. 

¿A qué costo se produce?  

En junio, en la fábrica Arcor de Colonia Caroya, había 130 trabajadores, casi el 20% de la planta, con licencias entre contagiados y contactos estrechos. Y ni eso hizo que la empresa incremente las medidas de bioseguridad, todo el contrario, las fue relajando. 

Por ejemplo, en el mes de marzo tuvieron más contagios que todo el año anterior, incluso con un trabajador que lamentablemente no lo resistió y otros que llegaron a una situación de gravedad. 

El comedor carece de ventilación, la planilla en la que se anotan los trabajadores al entrar a comer en vez de utilizarla para hacer un seguimiento de los contactos estrechos, la empresa jamás la tuvo en cuenta cuando aparecía un contagiado. En el ingreso de la fábrica había una alfombra de desinfección que se rompió pero la patronal dice que no hay presupuesto para reponerla. 

Aún peor, los protocolos se activan solamente cuando está la jefatura, dejando al turno de la noche sin protocolo. Los delegados tuvieron que presionar en enfermería para que se aísle a una trabajadora que estaba con síntomas. Al otro día se confirmó el diagnóstico positivo por covid-19. 

Esta decisión de la empresa de no mantener los protocolos eleva los casos de contagios entre el personal. A fines de mayo los delegados tuvieron que parar dos líneas porque se fueron más de 6 trabajadores con síntomas y algunos ya con diagnóstico positivo y esto hablando de un solo turno. 

Ante la falta de respuesta de la empresa los delegados fueron hasta la Municipalidad para pedir que realicen inspecciones, y la respuesta que obtuvieron fue un montón de excusas para justificar que no lo harían. 

Las patronales sean de empresas chicas o como este caso multinacionales tratan a las y los trabajadores como material descartable, reemplazándolos con personal eventual con el aval de los gobiernos de turno. Mientras el gobernador Schiaretti acusa a la sociedad de no cuidarse, permite que los trabajadores viajen en colectivos llenos o cumplan la jornada laboral con protocolos inexistentes o insuficientes. 

Con hospitales al borde de colapso y otros ya colapsados, trabajadores de la salud literalmente agotados con jornadas interminables y alrededor de 5.000 contagios diarios en Córdoba, el gobierno provincial al igual que la oposición macrista no dicen nada sobre los contagios en los lugares de trabajo. 

Queda claro que para ellos la vida de los trabajadores no importa. No podemos dejar nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestras familias en manos de los que nos tratan como material descartable. Se necesita en cada lugar de trabajo comisiones de seguridad e higiene integradas por trabajadoras y trabajadores elegidos en asamblea que tengan el poder de parar líneas si no se cumplen con los protocolos y pelear por la vacunación total de los trabajadores. 

El Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC) emitió un comunicado denunciando los atropellos de los empresarios que no respetan la emergencia sanitaria. «Como consecuencia de los incumplimientos hay un incremento de casos positivos e incluso el lamentable fallecimiento de un trabajador», aseguran en un comunicado emitido a principios de junio. 

«La salud antes que las ganancias», asegura el comunicado que los trabajadores de talabarterías. «El sindicato argentino de la manufactura del cuero denuncia a las talabarterías Ruiz Díaz, Equicer, Cueros Santa Cruz, Profine, Ciase y Suam por exponer a sus trabajadores ante la pandemia de Covid -19 declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020», denunciaron. 


Fuentes: www.estadodealerta.com.ar, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, Anred, Red Eco Alternativo, La Retaguardia, APU, Canal Abierto, ipsnoticias.net 


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